Por Joel Maldonado
jmaldonado@lahora.gt
El hermetismo por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República para dictaminar favorablemente el proyecto de Presupuesto 2024, que entregó el gobierno saliente, contendría «ilegalidades», según economistas de distintos centros de análisis que fueron consultados por La Hora, quienes a la vez recomendaron no aprobar ese plan de gastos para el primer año de la administración de Bernardo Arévalo, que iniciará el 14 de enero del próximo año, a menos de que se hagan enmiendas.
PROPUESTA TIENE ERRORES
La propuesta de presupuesto para el siguiente periodo fiscal es de Q124 mil 880 millones, y estará financiado con préstamos y bonos del Tesoro. Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que uno de los errores de la propuesta que pretende dejar el partido VAMOS es un candado en la negociación de la colocación de esos fondos.
Normalmente, cuando se aprueba el presupuesto, de forma automática se permite que el Ministerio de Finanzas negocie esos fondos en el plazo que considere oportuno, pero con lo que se pretende es que el nuevo Congreso autorice a dicha cartera la colocación de los Q10 mil 587 millones.
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“Escandaloso mega candado en el Presupuesto de 2024 con fines de extorsión o de provocar default al poner en riesgo el pago de la deuda pública”, recordó Barrientos.
Otras de las dudas que enfatizó el Icefi son los proyectos que se mencionan en el artículo 117 de la propuesta de ley, que es el conocido listado geográfico de obras. De acuerdo con ese centro de análisis, verificó los números de registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública, y en varios proyectos no existe o no está disponible, por lo que aumenta la preocupación por la carencia de sustento técnico, que puede generar corrupción o sea pago de favores políticos. Dijo que ese hecho representa «anomalías».
También el Instituto cuestiona, que, ahora sí, el Ejecutivo tendría prohibido disminuir asignaciones presupuestarias en los ministerios de Educación, Salud, Agricultura y Desarrollo Social. Además, de Gobernación y Defensa. Pero los diputados pretenden aprobar una reducción millonaria a Salud, Gobernación y Agricultura.
Tampoco el Ministerio de Comunicaciones podría reprogramar asignaciones de obras que inicien en 2024, lo cual carece de justificación, ya que hay proyectos que requieren de más de un año fiscal. “La principal falencia del proyecto es que no constituye un instrumento de política fiscal efectivo para procurar el desarrollo integral, y no procura el bienestar social. El dictamen no solo corrige esa falencia, sino la empeora”, agregó el Icefi.
RESTRUCTURACIÓN INADECUADA
Otra de las observaciones que hay en proyecto de Presupuesto, es la meta de recaudación fiscal, que es de Q98 mil 533 millones, pues la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recomendó aumentarla.
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Pedro Prado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) dijo que la comisión legislativa hizo una restructuración del proyecto porque reduce recursos en Salud, donde la pandemia evidenció las necesidades por atender, como también en Gobernación.
“No debería aprobarse de esa forma, y deben existir los controles existentes, pero con las modificaciones en el proyecto retrasarían la gestión de recursos, porque sería como una bola de nieve que afectaría a la ciudadanía en la atención de servicios”, agregó Prado.
Además, hay programas como el del Adulto Mayor, que es necesaria la atención, deberían financiarse con recursos fiscales y no con deuda pública.
CIEN: DICTAMEN EMPEORA FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO
El economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Jorge Lavarreda, explicó que el dictamen de la comisión haría que el presupuesto sea más rígido y menos transparente, por lo cual sugirió que se apruebe la versión que envió el Ejecutivo, y no como lo recomendaron los diputados.
Aseguró que con la revisión de la Comisión de Finanzas se esperaba que se corrigieran las diferencias técnicas señaladas, pero que el dictamen empeora el funcionamiento del Presupuesto.
“El tema que llama la atención es la autorización para la renegociación de la deuda, cuyos fondos servirían para aportes extras, porque tendrían que volver a pedir permiso al Congreso. Además, está la reducción de Q274 millones a la SAT, generando dudas si se cumple con el porcentaje establecido en la ley que se le debe entregar”, resaltó Lavarreda.
