La estrategia y los acuerdos de VAMOS para alcanzar la reelección contemplan la exclusión de candidatos para las elecciones de 2023, han advertido varias fuentes a La Hora en los últimos meses. Analistas consultados explican que es viable que se excluyan aspirantes por medio de distintos mecanismos.
Este viernes 28 de octubre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por medio del Registro de Ciudadanos, notificó que no inscribirá al alcalde de Mixco, Neto Bran y al excandidato presidencial, Roberto Arzú para el proceso electoral del próximo año.
La Hora en el reportaje “Oficialismo cuenta con los votos para su presupuesto 2023 y su JD”, advirtió que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) daría sus votos en el Congreso al oficialismo para la elección de la Junta Directiva 2023-2024, presidida por Shirley Rivera, y la aprobación del Presupuesto de momento situado en Q113,931.7 millones a cambio de la inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial.
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Para el reportaje las fuentes consultadas también explicaron que el presidente, Alejandro Giammattei y el extitular del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, han expresado abiertamente que no permitirán la participación de Zury Ríos como candidata a la Presidencia por el partido Valor, tampoco la de Edmond Mulet de Cabal.
Ríos no fue inscrita en las elecciones 2019 por una prohibición constitucional, sin embargo, la bancada Valor apoyo al oficialismo durante gran parte de la legislatura hasta hace poco y Mulet logró el tercer lugar con el partido Humanista; para la segunda vuelta respaldó al entonces candidato presidencial, Alejandro Giammattei.
LA ESTRATEGIA DE LOS 200 ALCALDES
Asimismo, en el reportaje: “Estrategia de VAMOS: copar 200 alcaldes para llegar a 1 millón de votos”, publicado el 13 de agosto, La Hora expuso cómo el oficialismo desarrolla una estrategia que le permita captar a 200 jefes ediles que aporten un millón de votos al candidato a la Presidencia para que avance a segunda vuelta y obtener la mayor cantidad posible de diputados en el Congreso con Miguel Martínez encabezando el listado nacional.
El plan contempla asegurar el apoyo de los alcaldes por medio de financiamiento para obras, pero también con amenazas, una de ellas obstruir la entrega de finiquitos de la Contraloría General de Cuentas a los alcaldes que busquen la reelección.
CONTROL INSTITUCIONAL
Mientras que en el reportaje: “El control total de las instituciones: la diferencia entre VAMOS y otros oficialistas”, destaca el papel importante que tendrá la Contraloría e incluso el Ministerio Público.
Rosal argumentó que los personajes sancionados ni siquiera han pasado por la primera etapa de proclamación como candidatos. Más aquí 👇 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/0anATFSW3G
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“La segunda vía de adherir a los jefes ediles al partido es a través de la amenaza de no entregarles la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida popularmente como “finiquito”, por parte de la CGC si no participan con el oficialismo”.
“Una fuente conocedora del tema amplió a La Hora que sin el aval de la CGC los alcaldes serán excluidos del reparto de recursos. Además, de buscar la reelección con otro partido, la amenaza trasciende a presentar denuncias penales por supuestos actos de corrupción ante el MP”, se consignó en el reportaje.
El MP actualmente es dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras y el Congreso elegirá al Contralor General de Cuentas de un listado que incluye al nuevo favorito del oficialismo, Frank Helmuth Bode Fuentes, sin descartar a Erik Mazariegos quien planteó un amparo contra su exclusión del proceso.
R. ARZÚ Y BRAN, LOS PRIMEROS “EXCLUIDOS”
“La no inscripción” de Roberto Arzú y Neto Bran en las elecciones 2023 por supuesta violación del artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), “propaganda ilegal de personas individuales”, serían las primeras exclusiones de candidatos del próximo proceso electoral.
Roberto Arzú ha criticado a Martínez y a Giammattei en reiteradas ocasiones, Neto Bran ha intercambiado en distintos momentos críticas con el mandatario e incluso lo señaló de perseguirlo.
AMPARO CONTRA ARTÍCULO DE LA LEPP
El exfiscal general y exdiplomático, Acisclo Valladares, planteó a inicios de octubre una inconstitucionalidad de carácter general parcial en contra del artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que considera podría convertirse en un impedimento para que candidatos, opositores al gobierno, participen en el proceso electoral a pesar de no estar establecido en la Constitución.
Valladares señala en específico el artículo 26 del Decreto 26-2016 del Congreso en el que se aborda el tema de la propaganda ilegal de personas individuales, tal como se cita en la nota: “Valladares presenta recurso contra la norma que hace ‘mudos’ a los candidatos”.
CELADA: HAY TENTACIONES DE EXCLUIR A CANDIDATOS
Edgar Celada, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), advirtió que la democracia está amenazada por las “tentaciones de querer excluir a algunos para favorecer a otros”.
También que es importante el panorama político, ya que “el país seguirá yéndose por la pendiente o hacia un hoyo mientras no haya certeza jurídica y política de parte de las instituciones”.
Y destacó que parte del papel que le corresponde a la ciudadanía es “exigir que haya transparencia y haya un juego limpio en el proceso electoral” para que el proceso electoral no se vea afectado.
WONG: VA A SER UN PROCESO JUDICIALIZADO
El analista independiente Jorge Wong advirtió que el próximo evento electoral 2023 será “un proceso eminentemente judicializado” donde el TSE dictamina, pero será un juez de primera instancia quien determinará qué candidato participa o no.
Detalló que esto contamina el sistema dándole protagonismo a instituciones que controlan el poder “tras bambalinas”.
Señala que se debe “poner más cuidado” y darle seguimiento a los hallazgos en cuanto al panorama electoral y fiscalizar al TSE, así como al poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Corte de Constitucionalidad.
ACEÑA: ES UN HECHO QUE HAY CAMPAÑA ANTICIPADA
María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) aportó que el TSE debe sancionar a todos de la misma manera y no subjetivamente. “Es un hecho de que hay campaña anticipada, el tema es que se les trate a todos con la misma vara y no se tome a dedo a quien sí y a quien no”.
Agregó que para el análisis del CIEN la LEPP es “un poco ridícula” porque se prohíbe la promoción de personas individuales, pero no de los partidos políticos como agrupación, “todo lo de los partidos diciendo ‘afíliate’, pero lo prohibido es que aparezca el candidato”, declaró.
Exhortó al TSE a ejercer su labor objetivamente y a los candidatos que se moderen en cuanto a la campaña anticipada.
