Los exmilitares han tomado medidas de hecho, por ejemplo, incendiar vehículos en un parqueo del Congreso. Foto La Hora / Archivo

Ha transcurrido un año desde que exmilitares ingresaron a la fuerza al edificio del Congreso, causando destrozos y un incendio en el parqueo al prender fuego a varios vehículos estacionados. Hasta ahora la responsabilidad de lo sucedido no ha sido esclarecida por el Ministerio Público y la principal exigencia de los inconformes se mantiene.

El 19 de octubre de 2021, veteranos militares se posicionaron en los alrededores del Congreso de la República para exigir la aprobación de una ley que viabilice el pago de un resarcimiento de Q120 mil para quienes prestaron servicios en el Conflicto Armado Interno.

El grupo ingresó por el área del parqueo ubicado en la 10ª calle y 8ª avenida de la zona 1, ahí quemaron uno de los vehículos que se encontraba estacionado y luego otros ardieron en llamas; también destrozaron algunas oficinas y se enfrentaron con agentes antimotines.

CUATRO DETENIDOS ¿SE ESCLARECIÓ LA RESPONSABILIDAD?

Un año después, los exmilitares mantienen sus exigencias y la pesquisa no ha trascendido con mayor celeridad. El MP a cargo de María Consuelo Porras no reporta detalles de los avances de la pesquisa o quiénes son los posibles autores intelectuales del asalto al Congreso.

Tras los disturbios la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a cuatro de los cientos de manifestantes que provocaron el incidente ese martes; al día siguiente fueron puestos a disposición del Juzgado de Turno que los ligó a proceso.

Por el delito de terrorismo y depredación contra el patrimonio fue ligado a proceso Juan Parachico; en tanto, Mynor de Jesús Barrientos por terrorismo y atentado; Telésforo Ramírez y Ernesto Martínez fueron procesados por la supuesta comisión del delito de terrorismo.

Comunicación Social del MP señaló que los cuatro exmilitares detenidos fueron beneficiados con arresto domiciliario, según un trabajo publicado por La Hora.

LA INICIATIVA APROBADA POR 99 DIPUTADOS

Este miércoles 19 de octubre se cumple un año y hasta ahora lo que ha cambiado es que los exmilitares a pesar de las amenazas lograron que 99 diputados aprobarán la iniciativa 6073, “Ley Temporal de Desarrollo Integral”.

La normativa dispone beneficiar a un aproximado de 90 mil veteranos militares con un pago de Q36 mil cada uno, pese a que momentos antes un grupo de estos amenazó con “problemas serios” si se avalaba esa propuesta y no la que habían exigido.

Lo aprobado y que aún no cuenta con el aval del Ejecutivo, contempla que para hacer efectivo el pago mensual de Q1,000 por tres años a cada exmilitar, deben formar parte de un “Programa de Desarrollo Integral”, que consiste en trabajos de reforestación, protección y/o conservación de bosques para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en tierras estatales; limpieza para la conservación, protección y mantenimiento ambiental, clasificación de desechos y reciclaje, entre otras actividades.

La votación mayoritaria de los 99 diputados a favor se logró por las alianzas del oficialismo. Entre las bancadas destacan los votos del partido de la Unidad Nacional de Esperanza (UNE), Vamos, UCN, Todos y otras.

QUIEREN OTRA LEY

Horas antes que el Congreso validara la iniciativa 6073, integrantes de la Asociación Integral de Desarrollo Local de Veteranos Militares de Tropa del Ejército de Guatemala (Adivemtregua), advirtieron de “problemas serios” si esta se aprobaba. Ellos insisten en la normativa que les daría Q120 mil.

El grupo señaló como culpables o corresponsabilizaban de lo que suceda al presidente, Alejandro Giammattei, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera y diputados que votaran a favor de ese proyecto.

“El veterano se va a levantar violentamente y no somos responsables nosotros los líderes no vamos a poder hacer nada”, aseguró uno de sus representantes en declaraciones a La Hora.

Uno de los integrantes aseguró que los legisladores están para servir al pueblo, “miren dónde tienen a nuestros veteranos allá afuera no nos quieren dejar entrar aquí que es dónde hemos venido siempre pacíficamente”.

Insistió en que el veterano militar se levantaría porque está “molesto” y que, “lo que va a pasar se va a romper los Acuerdos de Paz, no somos responsables los líderes, porque las cámaras ya nos han visto y saben dónde vivimos y nosotros no somos los que estamos incitando a la violencia, somos los que ya no aguantamos esa carga acá estarlos deteniendo y frenando”.

VUELVEN A CONCENTRARSE EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Un día antes de cumplirse un año de los incidentes del Congreso, los veteranos militares volvieron a salir a la Plaza de la Constitución para manifestarse en contra del Decreto 51-2022. Afirmaron que se concentrarían en Casa Presidencial donde esperaban a ser atendidos.

“Esa gente no tiene perdón de Dios señores, jugó con la inocencia del veterano militar, ellos sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo desde su nacimiento la 5464 no traía fuente financiera señores”, expresó un veterano militar.

 

“El motivo es para mostrar al señor presidente que han violado nuestros derechos, los señores congresistas, nosotros teníamos una ley que era directamente para el soldado y no hubo ningún resultado”, detalló otro de los representantes que ahora buscaría reunirse con el mandatario Alejandro Giammattei.

“Hicimos una carta de citación al presidente, él no nos va a atender pero que mande su delegado, no creo que nos sentemos en una mesa técnica y tenga que dialogar como lo hizo con los representantes de veteranos, donde se paró y dijo, –yo como comandante general del Ejército, voy a ir frente a ustedes–. No queremos tanto problema”, detalló.

Durante campaña electoral Giammattei prometió aprobar la ley de dignificación a los exmilitares si lo apoyaban. Ahora más de mil días después de haber tomado posesión las movilizaciones para presionar su aprobación continúan.

LAS OTRAS INICIATIVAS

Además de la 6073 aprobada por el Congreso, se tenían otras iniciativas que buscaban beneficiar a exmilitares.

La 5664 que tiene por objeto conceder compensación económica a favor de las personas que prestaron servicio militar durante el enfrentamiento armado en Guatemala, en el período comprendido entre 1960 y 1996; otorgaría Q120 mil a cada uno que se dividirá en Q30 mil durante cuatro años.

Mientras que la iniciativa 6020 crearía el programa del “Servicio Cívico Ambiental” en los que pueden participar el personal de tropa que durante el Enfrentamiento Armado Interno prestó servicio militar obligatorio o voluntario. Cada beneficiario recibiría en concepto de pago por la prestación del servicio Q20 mil por año, durante un plazo de tres años.

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