El Subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, enfatizó esta mañana desde su cuenta de Twitter en un comunicado publicado ayer por esa dependencia el cual señala que la cruzada del Ministerio Público que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras, en contra de jueces y fiscales independientes debe cesar.
Nichols destaca que hay seis exfiscales y actuales funcionarios anticorrupción arrestados, mientras otros han sido forzados a dejar el país.
El funcionario estadounidense, también recordó la existencia de esfuerzos para remover la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción y que “la cruzada de la Fiscalía General de Guatemala en contra de jueces y fiscales independientes debe cesar”.
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU., HABLA DE UNA PROFUNDA PREOCUPACIÓN
Sus declaraciones surgen en seguimiento a un comunicado divulgado por el Departamento de Estado de EE. UU., publicado ayer, en el que mencionaban que están profundamente preocupados por los continuos y descarados ataques de la Fiscal General Consuelo Porras, en contra de jueces y fiscales, que luchan contra la corrupción.
El Subsecretario de Estado Brian Nichols mencionó que la persecución de la Fiscal General contra jueces y fiscales independientes debe detenerse. https://t.co/Wz4osSum3D
— Diario La Hora (@lahoragt) March 9, 2022
“Los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos sellados a entidades en línea plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos”, menciona.
En el comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU., remarcó que además del arresto de al menos seis fiscales anticorrupción anteriores y actuales, otros se han visto obligados a huir del país y continúan los esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción.
“También nos alarma que las demoras procesales a menudo colocan a los servidores públicos en las mismas instalaciones que aquellos a quienes han ayudado a investigar o condenar, lo que genera graves riesgos para su seguridad”, puntualizó.
