El asesinato de una pareja dentro de un residencial en San José Pinula, volvió a exponer una modalidad que se repite cada vez con más frecuencia: delincuentes que se hacen pasar por fiscales y policías para ingresar a viviendas, ejecutar ataques armados o cometer robos.
Minutos antes de las 7:00 de la mañana del 1 de mayo, varios hombres —y aparentemente una mujer— que portaban chalecos e insignias similares a las utilizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP) entraron al residencial Hacienda Las Mercedes I, bajo el argumento de realizar un allanamiento.
Poco después, dentro de una de las casas fueron asesinados los esposos Mayra Nineth Lucas y José Aníbal Pérez.
Bomberos Voluntarios localizaron a las víctimas con múltiples heridas de bala, y las primeras investigaciones apuntan a que la pareja habría sido sometida antes de ser ejecutada, ya que ambos tenían las manos atadas.
Las pesquisas están en marcha, en busca de esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Para ello, las autoridades analizan desde las grabaciones de cámaras de seguridad hasta diversos objetos encontrados en la escena.
Aunque el caso se ha convertido en el más mediático, según lo confirmado por el MP, no es el único.
LA DENUNCIA EN MIXCO QUE REFUERZA EL PATRÓN
El caso de San José Pinula tiene coincidencias con otro hecho denunciado esta semana por vecinos de un residencial en la zona 7 de Mixco. Ahí, un grupo de por lo menos diez hombres armados ingresó a una vivienda simulando ser personal del Ministerio Público.
Según el relato compartido por la propietaria del inmueble, los sujetos llegaron alrededor de las 6:06 de la mañana en dos vehículos. Vestían como fiscales y agentes de la PNC, y aseguraron que realizarían un allanamiento.
Esto permitió que el personal de seguridad privada les abriera el paso sin exigir identificación.
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La denuncia detalla que los supuestos agentes ingresaron de forma violenta, golpearon puertas con armas y robaron dinero, teléfonos y otros objetos de valor en cuestión de minutos.
La víctima advirtió, además, que los atacantes parecían conocer información previa sobre la casa y los horarios de sus ocupantes, pues la mayoría de ellos estaba fuera cuando ocurrió el incidente. Esto, ha puesto en alerta a los habitantes del residencial.
Capturan a nicaragüense con uniformes de la PNC y placas oficiales en Santa Lucía Cotzumalguapa
“ES EL PRIMER CASO DOCUMENTADO ESTE AÑO”
Consultado sobre la incidencia de casos como los descritos, el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, explicó que, aunque existen antecedentes de grupos criminales utilizando prendas similares a las de la institución, el asesinato en San José Pinula es el primer caso formalmente registrado en el que cámaras de videovigilancia documentan a personas vestidas como agentes de policía o fiscales para cometer delitos.
No obstante, el portavoz reconoció que en distintos allanamientos efectuados este año se han localizado prendas con insignias de la PNC y del MP, lo que ha derivado en investigaciones adicionales.
Uno de estos casos ocurrió a finales de enero en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde se detuvo a dos hombres, uno de ellos de origen nicaragüense, a quienes se les incautaron uniformes de la institución policial, posibles copias de placas oficiales, así como un fuerte armamento y teléfonos celulares.
Además, el pasado 22 de abril, se localizó un arsenal y diversas prendas que simulaban ser de distintas unidades de la PNC y fiscalías, en una vivienda de la zona 5.
LAS CIFRAS DEL MP Y LOS CASOS QUE NO SE TIPIFICAN
Por su parte, el Ministerio Público reconoció que sí ha recibido denuncias relacionadas con el uso ilegal de uniformes e insignias de autoridades; sin embargo, aclaró que en muchos casos estos hechos terminan siendo investigados bajo delitos más graves como robo, asesinato o secuestro.
De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año se han presentado tres expedientes ante la Fiscalía por el delito de uso ilegal de uniformes o insignias, regulado en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
La institución remarcó que las cifras no reflejan necesariamente todos los hechos donde delincuentes utilizan prendas policiales o fiscales, pues muchos expedientes se clasifican bajo otros delitos principales. Asimismo, recordó que en varios operativos se han localizado chalecos, gorras y otros distintivos presuntamente utilizados para delinquir.
Incidentes de esta naturaleza en distintos puntos del país han sido difundidos en las redes sociales. Un ejemplo fue lo ocurrido a principios de febrero en Los Amates, Izabal, cuando un grupo armado, que llevaba uniformes tipo comando, abrió fuego contra una vivienda.
UNIFORMES SIN RESTRICCIONES DE VENTA
Los casos descritos también han vuelto a poner bajo la lupa la facilidad con la que pueden conseguirse uniformes, insignias y equipo táctico similares a los utilizados por instituciones de seguridad y justicia.
Desde redes sociales hasta «tiendas especializadas» cercanas a estaciones policiales ofrecen chalecos, gorras, placas, botas, distintivos y otras prendas vinculadas a la PNC, Ministerio Público, Organismo Judicial y Sistema Penitenciario.
El tema se ha abordado incluso en el Congreso de la República, y las autoridades han reconocido en distintas ocasiones que no existe una sanción específica para la venta de esos artículos.
Agente de la PNC podría ser sancionada con falta «muy grave» por uso inapropiado del uniforme
La Ley de la PNC, aprobada mediante el Decreto 35-2024, solo refiere que «la Dirección General de la Policía Nacional Civil deberá normar y estandarizar el uso de uniformes, insignias y distintivos para el personal activo (…), también será la responsable de la compra de estos».
«Se prohíbe a personas individuales que no pertenezcan a la institución, el uso del uniforme reglamentario u otros similares que pueda llamar a confusión. Cualquier persona sin calidad, que vista el uniforme reglamentario, total o parcialmente será sancionada de acuerdo con lo establecido en las leyes», dice otro de sus apartados.
Actualmente, la única sanción penal específica relacionada con estos casos se encuentra en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que castiga con penas de tres a cinco años de prisión el uso ilegal de uniformes o insignias de las fuerzas de seguridad del Estado.
