
La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ha iniciado el 2026 en un contexto marcado por retrasos judiciales, exigencias para la renovación del Consejo Superior Universitario (CSU) y lo que algunos sectores a lo interno de esa casa de estudios consideran un «retraso adrede» en la convocatoria para integrar el cuerpo de electores que deberá designar al nuevo rector.
Ese último proceso tendrá que realizarse durante los próximos dos meses en cada una de las unidades académicas y colegios profesionales, para culminar el 1 de julio, con la toma de posesión del nuevo rector, en caso de que Walter Mazariegos no logre la reelección.
Sin embargo, sectores universitarios advierten que la combinación de los citados factores, además de los cambios aplicados el año pasado a reglamentos internos, representan un riesgo para la legalidad del gobierno en la única universidad pública del país, pues «podría abrir la puerta a la continuidad irregular de Mazariegos» al frente de esa institución.
A ello se suman rumores sobre una posible toma de instalaciones, aunque los grupos de oposición a la actual administración de la Usac se han desmarcado de algún plan en esa materia.
UNA CONVOCATORIA QUE GENERA DUDAS
De acuerdo con la normativa universitaria, antes de que venza el período para el cual Walter Mazariegos fue electo, la Usac deberá desarrollar un proceso para la integración del grupo de electores a quienes corresponde la designación del nuevo rector para el período 2026-2030.
La convocatoria que daría paso a las elecciones en cada facultad y colegios profesionales se oficializó este lunes 12 de enero, aunque se esperaba que se hiciera desde noviembre pasado.
El llamado a la integración del cuerpo de electores está en el tiempo contemplado en ley, pero integrantes del grupo de oposición a Mazariegos aseguran que la manera en que se realizó genera dudas, principalmente por las fechas asignadas para las votaciones, pues «hay un retraso en la convocatoria, pero las elecciones se quieren hacer a la carrera».
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Según lo aprobado por el CSU, en su acta 01-2026, las facultades deberán celebrar elecciones en distintas fechas, entre el 18 y 23 de febrero, con un proceso que podría extenderse al 27 de ese mes, si se requirieran votaciones adicionales. Entretanto, los colegios profesionales tendrán una semana, del 2 al 6 de marzo, para elegir a sus representantes.
«Todo apunta a que hay un plan orquestado para que el usurpador (en referencia a Walter Mazariegos) siga en el cargo», dijo un miembro del CSU, quien pidió no ser citado, por temor a represalias.

«ELECCIONES A LA CARRERA»
Marco Vinicio de la Rosa, representante de catedráticos en el CSU, a quien se ha excluido de las reuniones que celebra ese ente, opinó que uno de los aspectos que «hace dudar de la transparencia en esta convocatoria» es que se aprobó durante una reunión virtual, y recordó que el Consejo «lleva más de seis años sin celebrar sesiones presenciales y sin convocar a todos sus integrantes».
Además, se refirió a «situaciones inéditas» en ese llamado, «y una de ellas es que normalmente las elecciones eran en a finales de marzo o abril. Eso le daba suficiente tiempo a cada unidad académica, a cada Junta Directiva, a hacer las convocatorias correspondientes, igual que a los colegios».
A decir del entrevistado, debido a la premura con la que se prevén desarrollar los procesos «se acortará al tiempo para la promoción o publicidad de los candidatos, a excepción del que sea oficialista». Asimismo, alertó sobre un riesgo en la disminución de votantes en los colegios profesionales, debido al «corto lapso» para los preparativos.
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Para De La Rosa, otro aspecto que genera suspicacias es la decisión de que la votación final para rector se desarrolle fuera la ciudad, en alusión a que la sede programada para esa elección es el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
«Siempre estos eventos habían sido abiertos a la prensa, pero, retrotrayéndonos a lo que pasó en el Parque de la Industria hace cuatro años, lo más seguro es que ni siquiera los dejen entrar (a los periodistas). Eso da más opacidad al proceso y provoca más desconfianza», expresó el docente, y resaltó temas como el costo que tendría la actividad y el origen de los fondos para financiarla.
El tema también generó dudas entre los miembros del CSU que estuvieron en la sesión de este 12 de enero, en la cual se aprobó la convocatoria, según contaron algunos de los participantes.
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PROCESOS A LA MEDIDA
Las fuentes, integrantes miembros del Consejo, aportaron otro detalle que podría definir el rumbo de la elección del rector de la Usac, y es que la convocatoria se hizo con una salvedad relacionada con el padrón electoral. Esta, según los entrevistados, «podría usarse para invalidar las votaciones en las facultades, si ganara la oposición».
«En un punto de la agenda de la sesión venía un supuesto análisis de la Jefatura de Registro de Estadística de Recursos Humanos y decía que no había certeza de que tuviesen algún respaldo los procesos electorales de la Universidad, porque estaban en recuperación algunos padrones electorales, lo mismo que han dicho desde la pasada toma de las instalaciones», narraron.
De acuerdo con las declaraciones, «eso va a ser como una ruleta, como ya ha pasado antes. Si en los cuerpos electorales ganan los candidatos afines a Mazariegos, seguramente sí se van a validar las elecciones, pero sí gana la oposición, podrían botarlo todo. Siendo así, no habría electores para el rector».
Sectores que se oponen a la gestión de Walter Mazariegos, consideran que ese escenario lo beneficiaría, pues, si bien no podría optar a la reelección, «le daría posibilidades de extender su mandato mediante argucias legales o por medio de personas que responden a sus intereses».
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EL POSIBLE PLAN B DE MAZARIEGOS
La excatedrática Astrid Lemus habló al respecto, e hizo ver que aunque existe la posibilidad de que Mazariegos busque la reelección y «ha promovido cambios en reglamentos» de la Usac para lograr ese fin, podría tener otros planes para continuar en el poder, sin ser designado, si se encuentra con un escenario desfavorable.
Inicialmente, se mencionó el riesgo de que no hubiera convocatoria a elecciones, pero ahora se ha planteado el peligro de que se invalide la elección de cuerpos electorales, argumentando la presunta desaparición del padrón electoral.
Si algo de eso se concretara y para el 1 de julio no hubiera un rector electo, «la Ley (de la Universidad) establece que el cargo debe ser asumido temporalmente por el decano más antiguo, que actualmente es el de la Facultad de Humanidades», detalló Lemus.
Santos de Jesús Dávila Aguilar es quien ocupa ese cargo, y fuentes a lo interno de esa casa de estudios superiores lo ubican como «uno de los aliados de Walter Mazariegos». Él quedó al frente de la Facultad de Humanidades de forma interina, desde julio de 2022, cuando Mazariegos asumió la Rectoría, y el año pasado, también en julio, fue oficializado en el puesto por el período 2025-2029.

Al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Henry Arriaga, también se le menciona como el más antiguo en el CSU, por lo que la oposición no descarta que Dávila se haga a un lado y le deje el puesto en la Rectoría.
«Lo que pasa es que los dos tomaron posesión en el Consejo el mismo día, después de haber sido electos como decanos, entonces cualquiera de los dos podría ser tomado en cuenta para el relevo», dijeron las fuentes.
Debido a su cercanía con Walter Mazariegos y a otros actores a quienes se califica como «el círculo que lo protege», varios sectores consideran que sería Arriaga en quien podría recaer el relevo del rector, si no hubiera elecciones.
En todo caso, según Astrid Lemus y otros miembros de la oposición, sin importar quién de los dos quedara con la responsabilidad, «sería Mazariegos quien seguiría mandando y así podría extender su período al frente de la Usac, aunque no fuera la cara visible».

PREVÉN MÁS ACCIONES LEGALES
«En caso de que eso ocurriera, nosotros vamos a estar en contra, porque hemos estado señalando todas las faltas que se hacen a la Ley, y esto sería una gran falta», expresaron los entrevistados. Asimismo, adelantaron nuevos amparos y denuncias penales, entre otras acciones jurídicas, de concretarse tal escenario.
Al ser consultada acerca de las medidas penales que se contemplan, Lemus mencionó que estas se dirigirían contra Walter Mazariegos y el resto de integrantes del CSU «que lo arropan».
De los 41 miembros de ese ente colegiado, solo 8 son de oposición, mientras que el resto respalda las decisiones del rector, dijo.
SIN RELEVOS EN EL CSU
Lemus, excatedrática y jubilada de la Usac, integra un grupo en el cual figuran estudiantes, docentes y egresados de esa casa de estudios, quienes desde 2022 han señalado una serie de irregularidades en el nombramiento de Walter Mazariegos como rector y también han accionado por el «incumplimiento en la renovación del Consejo Superior Universitario».
Actualmente, 32 de los miembros de ese ente colegiado estarían en funciones a pesar de haber vencido el período que les correspondía, según las denuncias, y aunque hay varias resoluciones que ordenan los relevos respectivos, el proceso no se ha llevado a cabo.
Maniobras jurídicas, incluido un recurso de ampliación y aclaración promovido por el CSU, que aún «está en proceso» en la Corte de Constitucionalidad (CC), han impedido que se concrete la renovación, favoreciendo la continuidad en los puestos de los allegados a Mazariegos. Ellos concentran el poder en la Usac, pues legalmente constituyen el máximo órgano de gobierno y autoridad.
El principal argumento con el cual el rector y su grupo han conseguido que no haya cambios en el Consejo es que, derivado de la toma de las instalaciones universitarias en 2022, se perdió información de los padrones electorales. Según su planteamiento, no habría una base de datos confiable para definir la cantidad de estudiantes, docentes y egresados podrían votar en las distintas elecciones para proceder a la renovación.

UNA RESOLUCIÓN QUE NO DA ESPERANZA
El pasado 15 de diciembre la CC volvió a pronunciarse en el tema, al resolver favorablemente, pero de manera parcial, un ocurso en queja planteado por Astrid Lemus y otros miembros de la oposición, como decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Rodolfo Chang Shum.
La Corte ordenó a la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitar informes a la Usac sobre el cumplimiento en los relevos del Consejo y fijar un plazo perentorio para que eso ejecute, en caso de determinar que hubo omisión.
Anteriormente, esa instancia dio valor a los argumentos del CSU sobre su renovación y el pasado 22 de diciembre, según información confirmada por La Hora, le otorgó un lapso de 30 días a las autoridades de la Universidad para remitir los documentos solicitados.
Pese a ello, los sectores que se oponen a la gestión de Mazariegos consideran que no habrá un resultado favorable y se «buscará dilatar la decisión final, que es certificar a un juez del orden penal todas estas desobediencias del Consejo Superior Universitario, tal como ordenó la Corte de Constitucionalidad».
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CC DEJA DECISIÓN EN MANOS DE SALA
Consultadas sobre la situación, fuentes a lo interno de la CC explicaron que la resolución del mencionado ocurso fue parcial y no se aceptó la petición para el cumplimiento de una debida ejecutoria.
Esta obligaría a la elección de los puestos cuyo mandato expiró en el CSU y a la juramentación de otros consejeros que ya fueron designados pero a quienes todavía no se les ha permitido tomar posesión.
No obstante, «la ejecución de estas medidas y la eventual certificación de responsabilidades ya no le corresponde directamente a la Corte, sino a la Sala que conoce el expediente», afirmó la fuente.
Además, refirió que esto tiene relación con el recurso de aclaración y ampliación que planteó en su momento el CSU, ya que aún «está en proceso y a la espera de que el magistrado que tiene a su cargo este expediente convoque o solicite conocerlo y demás, para ya seguir con el trámite». El caso está asignado al magistrado Roberto Molina Barreto.

PREOCUPA INCIDENCIA EN ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
Uno de los puntos sensibles en el conflicto que se desarrolla en la Usac es el impacto que esta situación podría tener en las elecciones que se efectuarán este año en diferentes entidades, como la misma CC.
Los denunciantes sostienen que el retraso en la renovación del CSU haría que la designación de los magistrados titular y suplente que le corresponden a la Universidad quede en manos de los actuales consejeros, «quienes responden a los intereses de Walter Mazariegos».
Por su parte, el diputado José Chic, quien ha dado seguimiento a la conformación del CSU, ha cuestionado directamente la idoneidad del rector en los procesos de postulación en los que participará, señalándolo, junto con sus aliados en el Consejo, de «violentar la democracia y la legalidad».
El legislador recordó que Walter Mazariegos presidirá la Comisión de Postulación que seleccionará a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Hasta ahora, el rector de la Usac no se ha pronunciado sobre los señalamientos en su contra. La Hora intentó conversar con él al respecto, pero no respondió a los mensajes y llamadas.







