Ministro de Gobernación prefiere ley para bloquear de señal en vez de compra de equipo por costo elevado

Joel Maldonado

El Ministerio de Gobernación busca alternativas para bloquear la señal de teléfono e Internet en los centros de detención, pero debido a los costos de los bloqueadores, prefiere que sean las empresas las que impidan la señal, informó el titular, Marco Antonio Villeda.

Villeda explicó al salir de una reunión con la comisión legislativa de Gobernación este jueves, que han finalizado las pruebas de concepto, ya que se debe analizar qué bloqueadores se adecuan a las cárceles, ya que no solo se debe impedir señal telefónica, sino también de internet y satelital.

«Dado que el servicio de bloqueadores es muy caro, tenemos que subir eventos de licitación para establecer a qué empresa se le adjudica la prestación de ese servicio. Este servicio, nos hemos dado cuenta, es bastante caro. Creo que sería más aconsejable que el Congreso de la República aprobara esta iniciativa de ley donde se obliga a las empresas telefónicas a cortar el servicio en los centros penitenciarios», agregó el ministro de Gobernación.

Asimismo, indicó que con esa ley «ahorraría mucho dinero» y también sería más recomendable, más viable y más efectivo, aunque no brindó un estimado del precio de los bloqueadores.

En el Organismo Legislativo hay al menos dos iniciativas de ley para que las compañías telefónicas sean las que bloqueen la señal en los centros preventivos.

Ministro de Gobernación retoma iniciativa de ley que obligaría a empresas a bloquear señal en cárceles

EXPLICA REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL

El ministro acudió al Congreso de la República para dar seguimiento a la iniciativa de ley para modificar el artículo 264 del Código Procesal Penal, en los aspectos de restringir la medida sustitutiva por portación ilegal de armas, como el uso del brazalete electrónico para personas que ya cumplieron su condena, pero debido a la falta del pago de multas no pueden salir de prisión.

Villeda comentó que la reunión fue para conocer dudas y que los diputados hicieran sus observaciones, ya que consideran que no es una conducta defensiva portar un arma de fuego sin la licencia correspondientey se presume que es para cometer un acto ilícito, ya que la experiencia ha demostrado casos de sicarios con armas de fuego ilegales que salen de prisión con medida sustitutiva y luego los vuelven a capturar con otra arma de fuego.

«Si queremos cambiar esa dinámica homicida, definitivamente tenemos que limitar el otorgamiento de medida sustitutiva a aquellas personas que andan con armas de fuego de manera ilegal», enfatizó el funcionario.