A tres años de aprobarse la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, autoridades de la Unidad de Control Telemático, del Ministerio de Gobernación, indicaron el funcionamiento e implementación de los brazaletes ante la comisión legislativa de la Mujer.
La coordinadora de enlace de esa Unidad, Alejandra Aliñado, resaltó que dicha dependencia funciona en todo el país, y se han colocado 431 brazaletes a personas con procesos penales.
Sin embargo, la coordinadora indicó que al 19 de julio, del total de brazaletes instalados, hay 249 personas que portan aún el control, y otras 182 personas ya cumplieron con el proceso por lo que se les retiró esa medida.
Asimismo, Aliñado comentó que del financiamiento que realizan las personas que portan el brazalete son 227, cuya tarifa es de Q1 mil 500 al mes, pero por medidas de seguridad en tema de mujeres y víctimas existe una exoneración de ese pago, el cual lo asume la cartera de Seguridad.
Por lo que se ha dispensado del pago a 204 personas, entre ellas quienes han portado el brazalete, o medida de seguridad o han sido víctimas en un proceso penal.
«Las exoneraciones en medida de seguridad no aplica el pago, el mismo la realiza el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial, por medio de Trabajo Social», resaltó Aliñado.
MÁS HOMBRES QUE ACCEDEN A ESE CONTROL
La coordinadora del control telemático también expuso que la instalación de ese dispositivo se ha realizado a más hombres, pues según registros son 395 a ese género y 66 mujeres.
A la vez, indicó que de las instalaciones han sido a 410 sindicados como medida sustitutiva, o condenados que han cumplido un porcentaje de la pena, mientras que a presuntos agresores se les han instalado seis brazaletes, de los cuales cinco fueron en Escuintla y uno en Chimaltenango, instalado este 20 de julio.
Aliñado enfatizó que el Ministerio de Gobernación tiene la capacidad operativa de respuesta que emiten los juzgados.
Por último, la coordinadora dijo que se han recibido 17 nuevas solicitudes por órganos judiciales para presentar estudios de factibilidad, donde se debe detallar el lugar de residencia de la víctima y donde vive el presunto agresor.
Además, la Unidad de Control Telemático hizo una propuesta de instalar botón de alerta para presuntas víctimas donde su supuesto agresor se encuentre cerca, mientras que el Despacho de Gobernación trabaja propuestas de reforma para facilitar el acceso al control telemático y reducir la sobrepoblación en las cárceles.
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