El secretario de la junta directiva del Congreso de la República, Orlando Blanco, anunció una denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, el director del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), Rubén Sánchez, y el exjefe de ese Fondo Carlos Ochoa, por supuestas anomalías en el pago de dos adquisiciones.
Blanco explicó que la denuncia surge por hallazgos en la compra de pupitres y módulos educativos en 2025, como se incluyó en el informe anual de la Contraloría General de Cuentas.
La primera denuncia del legislador es por una compra de Q9.1 millones, ya que según él en diciembre se nombró una junta receptora del evento por la construcción de 43 módulos que debieron ser instalados en varias escuelas.
«Se hace al acta de recepción, donde la junta certifica que se recibieron dichos módulos y a partir de ese documento se procede con el pago de la compra. Resulta que la Contraloría General de Cuentas el 9 de febrero último hizo una visita de campo, donde se comprobó en que la fábrica están en proceso de construcción de tres módulos de los 40 módulos, en el contrato se establece, no solo la construcción sino la instalación ¿Por qué se pagaron artículos que no se habían recepcionado», enfatizó el legislador.
Blanco señaló que por eso hay responsabilidad directa de los integrantes y que pudieron haber falsificado el acta receptora y de quien fungía del director del Fodes, como de otras autoridades del Ministerio.
Según el congresista entre los que participaron en la junta receptora, era el jefe de bodega, el jefe de seguridad y el jefe de transporte.
POSIBLES DELITOS
Además, la segunda denuncia es por una adquisición de Q6.8 millones por tres contratos, operación similar a la anterior, con empresas de Chimaltenango que fabrican pupitres y mesas y que tendrían relación con algunos diputados, aseveró.
Blanco indicó que también se certificó la recepción total del mobiliario educativo, pero la Contraloría visitó a la empresa donde constató lo mismo, por lo que faltaban de fabricar siete mil escritorios, como tampoco se había iniciado con la fabricación de mesas bipersonales ni las mesas triangulares, pero todas se pagaron.
De acuerdo con el parlamentario los delitos que se pudieron haber cometido son asociación ilícita, abuso de autoridad, colusión, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, ya que no puede funcionar una estructura con varias personas, ya que había «una urgencia por pagar, cuando la realidad no había sucedido».
VICEMINISTRA SEÑALA QUE SE REVISAN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
La viceministra Zapeta enfatizó que son respetuosos de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, por lo que revisan procesos administrativos, donde tienen participación los comités que adjudicaron las compras, por lo que cada integrante tiene derecho de defensa y como institución trabajan en el fortalecimiento de los procesos de transparencia, aunque indicó que por algunos hallazgos se pueden presentar denuncias penales.
«Cada funcionario tuvo su momento para desvanecer estos hallazgos, estamos en ese espacio de indagar y fortalecer cada área que corresponda», agregó Zapeta.
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