La comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior discute las enmiendas a la Ley del Sistema Portuario Nacional. Durante la reunión de este 24 de junio, se conoció que aumentó a 33 el número de propuestas de cambios. Anteriormente la mesa de trabajo conoció 28 enmiendas, pero por recomendaciones de forma se proponen otros ajustes.
Dicha comisión avanza en las iniciativas de ley 6527 y 6541, enviada por el Organismo Legislativo, y que según la junta directiva legislativa se espera que se apruebe en las plenarias extraordinarias de julio próximo.
El presidente de esa comisión, Jorge Ayala, explicó que la presentación de las cinco nuevas enmiendas ocurre luego de que la Dirección Legislativa analizó el dictamen y sugirió que algunas enmiendas son básicamente de técnica legislativa, por ejemplo, si se hace la modificación sustitución de tres artículos en uno solo, por lo que se propone que sean tres enmiendas para hacer ese cambio.
«Aumenta el número de enmiendas, pero no necesariamente la naturaleza de las enmiendas, se conserva la naturaleza, pero aumenta de las 28 que originalmente habían sido planteadas a un total de 33», agregó Ayala.
#AhoraLH | En otro tema, el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, se refiere a las enmiendas a la ley del Sistema Portuario, que tiene que ver con fondos para los puertos y cobros a cruceros.
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— Diario La Hora (@lahoragt) June 24, 2026
REVISIÓN DE COBROS
Entre las enmiendas propuestas figura la creación de una nueva modalidad de contrato para la administración portuaria. Esta disposición aplicaría tanto a los puertos públicos existentes como a los nuevos puertos privados que puedan desarrollarse. El objetivo es que, cuando estas instalaciones utilicen bienes nacionales de uso común y de dominio público, como el espejo de agua o el lecho marino, se establezca un pago al Estado en su calidad de propietario de esas áreas. De esta manera, la explotación comercial de los puertos, ya sean públicos o privados bajo esta modalidad, generaría un beneficio económico para el Estado
Ayala indicó que en esa propuesta se establece un mínimo de 2 por ciento de los ingresos brutos de esos contratos de administración portuaria que se destinarán al Estado y una forma de distribución de los mismos.
El presidente de la comisión explicó que, originalmente, se había establecido que el 60 % del canon que se cobraría cuando el contrato se celebrara en alguno de los puertos públicos existentes se destinara al patrimonio de la terminal correspondiente, ya fuera Puerto Quetzal o Santo Tomás de Castilla.
Asimismo, se había propuesto que el 15 % de ese canon integrara el patrimonio de la Autoridad Portuaria Nacional. Sin embargo, a solicitud de los puertos públicos y de los sindicatos, se planteó que ese porcentaje también se destinara al patrimonio de las dos terminales marítimas estatales, argumentando que continúan siendo objeto de explotación comercial. La comisión consideró viable la modificación y decidió incorporarla.
«Únicamente ese porcentaje aplica cuando el contrato de administración portuaria sea de un nuevo puerto, que no esté dentro del área de influencia de ninguno de los puertos existentes, ahí es donde se hace una enmienda para trasladar los recursos adicionales», resaltó Alaya.
No obstante, entre las modificaciones conocidas por la comisión figura un cobro por el uso de los puertos. Ayala explicó que se había establecido que parte del patrimonio de la Autoridad Portuaria Nacional proviniera de un cargo de US$1 por cada pasajero de crucero que utilice las instalaciones portuarias para embarcar o desembarcar.
El diputado agregó que, a partir de esa propuesta, los puertos públicos plantearon que también deberían recibir una parte de ese cobro, al considerar que son los propietarios y administradores del espacio físico donde se presta el servicio a los pasajeros. Por ello, solicitaron participar en la distribución de los recursos generados por dicho cargo.
«Hay alguna opción que planteaba que fuera US$0.50 centavos hacia el puerto público y los otros cincuenta centavos de dólar hacia la autoridad, y otra que adicionaba un dólar extra para el puerto y un dólar para la autoridad portuaria, esa es la discusión de esas enmiendas, pero es un cargo adicional de un dólar por pasajero que venga en crucero», respondió Ayala.
Ante esa propuesta, se consultó al diputado si la propuesta para cruceristas se consultaría al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) para conocer cuántos cruceros llegan a los puertos, por lo que indicó que el impacto se estableció bajo un modelo como la Autoridad Portuaria de República Dominicana tiene entre sus fuentes de financiamiento, pero es un caso diferente ese país, ya que tienen un volumen de pasajeros en cruceros que representa un valor significativo.
Pero en el caso de Guatemala el número de pasajeros que vienen al país es menor, por lo que se considera que tendría un impacto significativo ni el costo del crucero hacia el pasajero, ni sería un impacto significativo en el patrimonio de la autoridad portuaria en su presupuesto, por lo que se haría las consultas con el Inguat para determinar que la misma representa un impacto que pueda ser un elemento que alejaría la visita al país de más cruceros asumiendo ese costo.
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