La administración de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sigue siendo cuestionada no solo por su forma de llegar a la rectoría, sino también por incumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública.
En el informe anual de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre la divulgación de información pública en el portal electrónico, la gestión de Mazariegos en 2025 obtuvo un cumplimiento bajo, al obtener un puntaje de 78.57, del cual se notificó a las autoridades universitarias.
Ana Lucía Oliva, del área de Acceso a Información Pública de la PDH, comentó que la verificación de cumplir con el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que las instituciones públicas deben cumplir con 29 numerales.
«Ponderamos en una modalidad de semáforo, donde de 90 a 100 puntos es un cumplimiento aceptable, es lo mínimo que deben tener publicado; de 70 a 89 es un cumplimiento bajo, es un parámetro amarillo, y de 0 a 69 es un cumplimiento deficiente. Ellos se encuentran en el bajo», resaltó Oliva.
Entre los incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública por la Usac bajo el control de Mazariegos que mencionó Oliva está el directorio de empleados, que lo publican cada semestre, por lo que se recomienda que sea mensual debido a los cambios en las planillas.
También en el tema de remuneraciones, aunque tengan publicado el personal contratado en renglones 011, 022 y 029, se corroboró con la ejecución presupuestaria donde hay renglones del grupo 0, 12 y 079, que también son remuneraciones, pero no se ven reflejadas en el numeral cuarto, donde se detalló cumplimiento parcial.
Oliva indicó que en otro de los numerales donde hay incumplimiento es en la publicación del Plan Operativo Anual (POA) y sus resultados, pero no se comprobaron dichos resultados.
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DUDAS EN TRANSFERENCIAS
La delegada de la PDH explicó que en el numeral 15 relacionado con las transferencias hay un incumplimiento parcial, ya que se publicaron las becas y subsidios, pero hay transferencias del grupo 400 que no se han divulgado.
En cuanto al numeral 18, que son obras en ejecución o ejecutadas, no se encontró información publicada, lo que podría ser un error, pero no hay obras en ejecución o ejecutadas.
También no hay información en la publicación de contratos de arrendamientos, por lo que se hizo la observación.
«También en el numeral 20 pudimos verificar que se establece que no hubo contratos de cotización o licitación; sin embargo, al hacer la corroboración en el sistema de Guatecompras sí encontramos cotizaciones, por lo que se hizo la observación. Además, en las compras directas se encontraron compras de baja cuantía, pero deben ser incluidas las compras directas que realizó la institución», agregó Oliva.
El diputado José Chic cuestionó que la PDH no presione para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública y criticó que la oficina que debe proporcionar esa información se encuentre en un sótano.
