Los diputados continúan discutiendo las nuevas enmiendas a la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, que preocupa a abogados y legisladores por la modificación del artículo 73 de esa propuesta de ley respecto al delito del lavado de dinero u otros activos.
Varios integrantes de las bancadas UNE, Valor, Vamos y Cabal proponen una enmienda total a ese artículo, lo cual complicaría que los jueces y fiscales puedan acusar por ese delito.
La comisión de Economía y Comercio Exterior estableció en el dictamen a esa iniciativa de ley que comete delito de lavado de dinero u otros activos quien, por sí o interpósita persona, de manera intencional:
a) invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito previamente determinado, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o dinero;
b) adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero, sabiendo que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito previamente determinado;
c) oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo que los mismos son productos, proceden o se originan de la comisión de un delito previamente determinado.
La propuesta que dictaminó la mesa de trabajo también indica que comete delito quien, por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, permita o facilite intencionalmente, mediante una acción u omisión idónea, la realización de cualquier tipo de transacción u operación, sabiendo que los bienes o dinero objeto de la misma son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito, pero en la enmienda se agrega previamente determinado.
«Para efectos de este artículo, la persecución del delito de lavado de dinero u otros activos requerirá la acreditación suficiente de la existencia del delito precedente, aun cuando no exista sentencia o condena respecto de este. En ningún caso podrá presumirse el origen ilícito de los bienes o dinero únicamente por falta de justificación de su procedencia, sin otros elementos objetivos que vinculen dichos bienes o dinero con una actividad delictiva específica», es la parte que agregan algunos diputados, pero que ha generado debate.
Es decir, no se le podría acusar a alguien de lavado de dinero si no se ha logrado antes acreditar la existencia un delito previo.
Este lunes se llevó a cabo una reunión de la instancia de Jefes de Bloques, dirigida por el Presidente Luis Contreras @_ContrerasLuis, con integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, congresistas y representantes de la @sib_guatemala y la -IVE-, donde se conocen y… pic.twitter.com/xx3oKuktnd
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) 18 de mayo de 2026
AFECTARÍA POR SU INTERPRETACIÓN
El 18 de mayo, el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, convocó a los jefes de bloque, a la comisión de Economía y a la Superintendencia de Bancos (SIB) a una reunión para discutir por lo menos siete enmiendas que se presentaron en la plenaria del 12 de mayo, cuando se aprobaría en redacción final esa ley.
Aunque Contreras se limitó a indicar cuáles fueron los cambios y sugerencias de expertos de la SIB, indicó que algunos son de redacción, es decir, de forma, por lo que se esperaba alcanzar los consensos.
No obstante, abogados consultados indicaron que la inclusión del penúltimo párrafo al artículo 73 generaría lagunas legales que se pueden interpretar como numerus apertus, que en materia jurídica es peligroso porque dependerá de la interpretación que le dé el juez o el fiscal en el momento del juicio.
Luego de la reunión del último lunes, algunos legisladores coincidieron en que tampoco están de acuerdo con la enmienda al artículo 8 respecto al proceso de administración del riesgo, donde se incluyen varios incisos.
Contreras programó una segunda reunión para el 27 de mayo, donde se discutirán otras enmiendas como al artículo 74, que es respecto a la autonomía del delito, que es delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo, pero para su enjuiciamiento requerirá la acreditación suficiente de la existencia del delito precedente, aun cuando no exista sentencia ni condena respecto de este.
Asimismo, se modifica el segundo párrafo de ese artículo y quedaría redactado que la prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros activos, requerido en el delito de lavado de dinero u otros activos, se deberá hacer por cualquier medio probatorio, de conformidad con el Código Procesal Penal, incluyendo las inferencias que desprendan de las circunstancias objetivas del caso.
También se busca limitar lo establecido en el artículo 111 del Código de Notariado, para exceptuar de lo establecido en la ley contra lavado de dinero y su reglamento, pues en el dictamen se incluyeron las disposiciones establecidas por la SIB a través de la Intendencia de Verificación Especial en las referidas materias.
Las otras enmiendas que han discutido los diputados son a los artículos 2, 25, 52 y 83. En caso de que los diputados no aprueben la modernización de la ley contra lavado de dinero u otros activos, el país puede ser incluido en un listado denominado gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por no colaborar para combatir esos delitos y tendría repercusiones en temas económicos, desde remesas hasta créditos extranjeros.
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