La próxima graduación de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a mediados de año hace que el Ministerio de Gobernación se prepara para la adquisición de armas y otros equipos. El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, explicó los procesos que trabajan para dotar de equipo a las fuerzas de seguridad.
En 2025, las anteriores autoridades de la cartera del Interior intentaron adquirir armas por una licitación, lo cual generó denuncias por la Contraloría General de Cuentas.
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«En el tema de armamento estamos llevando dos temas paralelos, uno es el evento que ya se montó, el cual llevará sus procesos para hacerlo transparentemente, pero también llevamos un evento bajo la Ley Antipandillas que permite comprar directamente equipo táctico para las fuerzas de seguridad que ven tel tema de terrorismo o pandillas», respondió Solórzano luego de una citación en el Congreso de la República.
El funcionario comentó que para esos eventos cuentan con la colaboración de la Contraloría General de Cuentas con auditorías para «hacerlo todo correctamente», ya que es una nueva experiencia de comprar de gobierno a gobierno, siendo una forma directa y cumpliendo con los requisitos legales, pero principalmente sea un armamento de calidad con marcas que sean funcionales para la PNC.
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SE INCORPORARÁN MÁS DE TRES MIL AGENTES
De acuerdo con la programación de Gobernación y la PNC a finales de julio próximo se espera que se gradúen más de tres mil agentes, por lo que la adquisición de armamento y equipo, entre ellos radios, debe ser «pronto», según el viceministro de Gobernación y así equipar a las fuerzas de seguridad.
El Decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas, donde se declaran terroristas a los integrantes de las maras o pandillas, autoriza al Ministerio de Gobernación la readecuación del presupuesto hasta por Q200 millones para la adquisición de equipo para las distintas direcciones de la PNC para el combate de esos grupos criminales.
Además, en dicha ley se permite que por única vez para esas compras quedan exentas de los requisitos que pide la Ley de Contrataciones del Estado.
