Nery Ramos defiende nueva Ley de PNC ante críticas

Joel Maldonado
Joel Maldonado

Desde la discusión de la iniciativa 6015, Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), que se convirtió en el proyecto de ley 6483, que provocó críticas de sectores, el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, defendió la nueva normativa de las fuerzas de seguridad.

Entre los artículos que ha generado polémica es el 60, de la recién ley aprobada, que establece la presunción legal, y menciona que siempre que los integrantes de la PNC en el ejercicio de sus funciones dentro del servicio y en el pleno cumplimiento del deber deban utilizar sus armas de fuego como consecuencia el agresor resultare herido o fallecido, se presumirá que ejecutaron un acto ordenado o permitido por la ley, en el ejercicio del cargo público que desempeñe.

Además, indica que los miembros que resulten involucrados serán resguardados de inmediato en el distrito más cercano, debiendo la autoridad jerárquica superior inmediata dar aviso a juez de la judicatura que corresponda para tomar primera declaración del agente, y en ningún caso podrán enviarlo a prisión preventiva, ni serán suspendidos de sus labores, hasta concluida la investigación.

Otro aspecto que incluye ese artículo, es que cuando el uso del arma de fuego sea inevitable, los agentes ejercerán moderación y actuarán en proporción a la amenaza, la gravedad del delito y a la naturaleza del bien jurídico tutelado, priorizando siempre la protección de la vida, la integridad de las personas y sus bienes.

RAMOS RESALTA ARMONIZACIÓN EN LA NUEVA LEGISLACIÓN

El titular del organismo Legislativo enfatizó que dicho artículo está armonizado con el artículo 24 del Código Penal, porque se le da una salida procesal para que los agentes de la PNC, no vayan a prisión preventiva durante siete años, que dura un proceso penal y que después de ese tiempo se les declara inocentes.

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«Para ese tiempo los hemos privado de libertad, les hemos quitado el trabajo, le hemos quitado su salario, se les ha tenido que pagar de su bolsillo los abogados y los hemos dejado en absoluto estado de indefensión. Lo que queremos es que opere el principio de presunción de inocencia y que sea hasta que existan medios suficientes para dictarle un auto de procesamiento producto de una investigación que los jueces puedan tomar una decisión», resaltó Ramos.

Asimismo, comentó que los diputados tienen el derecho de objetar la ley, pero quiza no han entendido que ese artículo está fundamentado en el Código Penal, lo único que después de eso cada policía que muera en cumplimiento del deber tendrá un nombre y un apellido, ya que fueron «suficientemente» responsables de integrar una ley armonizada con la Constitución, con los códigos Penal y Procesal Penal.

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«Pero quién crea que tiene el derecho de quitarle esa oportunidad de defender la vida de un hombre o mujer que valientemente sale a defender los derechos de los guatemaltecos, seguramente su nombre estará escrito en la historia de cada hombre y mujer que mueren en cumplimiento del deber, irresponsablemente estamos contribuyendo a debilitar el combate a la criminalidad y privilegiar la vida de aquellos secuestradores, asesinos y extorsionistas que no tienen respeto alguno a la vida y la libertad de los guatemaltecos», agregó el presidente del Congreso.

Que a la vez, calificó de hipocresía porque se pide seguridad plena, pero no somos capaces de dar los instrumentos jurídicos a la institución llamada a combatir esos fenómenos de criminales, por lo que pidió mesura y análisis del nuevo artículo, ya que se le da el derecho a los policías a defenderse y la obligación de defender a los guatemaltecos.