Ampliación presupuestaria puede volver al pleno este 27 de agosto, según algunos congresistas

Este martes 27 de agosto, los diputados pueden volver a discutir la ampliación presupuestaria que busca el partido de Gobierno.

El 26 de agosto la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a diversas personalidades que se opusieron a la forma en que se conoció incrementar los fondos al Ejecutivo en medio de la interpelación del jefe de la cartera del Interior, Francisco Jiménez.

El presidente del organismo Legislativo, Nery Ramos, explicó que el Pleno es soberano y «durante cualquier plenaria los diputados tienen la potestad de presentar una moción para conocer cualquier iniciativa de ley que consideren que es importante».

«Si algo ha demostrado la Décima Legislatura es la coherencia en las decisiones de los diputados cuando deciden apoyar cada uno de los temas, o cada iniciativa. Han sido coherentes y consecuentes, y esperaríamos que en ese sentido la decisión se mantenga», respondió Ramos.

La ampliación presupuestaria se entregó a conocer por medio de una moción que presentó el diputado Luis Contreras, la cual fue avalada por 109 diputados, y la redacción final de esa iniciativa de ley se respaldó con 111 votos a favor.

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CASTELLANOS: NO CAÍMOS EN INCONSTITUCIONALIDADES

El diputado oficialista, Román Castellanos, se mostró sorprendido por el otorgamiento del amparo, ya que, según él, estuvieron en el marco de los precedentes legislativos que se han utilizado en otras legislaturas para interrumpir la interpelación al ministro de Gobernación, ya que fue un tema de carácter económico.

«No caímos en alguna inconstitucionalidad, respetamos los procedimientos legislativos. Se está conversando con varios diputados, de qué medidas se tomarán con la ampliación presupuestaria», agregó Castellanos, que a la vez, no negó que se plantee en la plenaria de este martes.

Los diputados de Valor, Sandra Jovel, y de Vamos, Héctor Aldana y Víctor Valenzuela, la Fundación contra el Terrorismo, el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, y Giovanni Fratti, presentaron las acciones para frenar la ampliación al presupuesto de 2024.

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El cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, Juan Carlos Rivera, sostuvo que la ampliación presupuestaria «no constituye una violación de la Constitución, y que el Legislativo ha actuado con responsabilidad y bajo el marco de la ley».

Estas declaraciones las publicó en sus redes sociales luego que la CC suspendió provisionalmente la aprobación de la ampliación presupuestaria.

RIVERA: CONGRESO NO HA VIOLADO CONSTITUCIÓN

El cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, Juan Carlos Rivera, afirmó que el recurso carece de fundamento jurídico sólido, en referencia a la resolución de la CC.

Rivera cree que el Congreso no violó la Constitución, sino que ha actuado dentro del marco legal establecido al respetar los derechos de los diputados interpelantes, así como los de la población.

Según el congresista, la interpelación fue aceptada y acatada por el Legislativo, ya que se desarrolló conforme al artículo 166 constitucional, el cual asegura los derechos para formular preguntas y plantear un voto de falta de confianza, por lo que recalcó que ningún congresista ha sido restringido, sino que se realizó una interrupción momentánea, la cual es legítima y permitida.

A su vez, resaltó que la interrupción se dio cumpliendo los artículos 1, 2 y 44 constitucionales, en los que se establece como deber supremo del Estado la protección de la persona y la familia, así como la garantía de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la justicia, seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

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“En este contexto, el Congreso actuó con el fin de proteger el bien común, un principio rector de nuestro ordenamiento constitucional, que prevalece sobre cualquier interés particular”, recalcó el congresista que el artículo 44 establece que el interés social debe prevalecer sobre el interés particular.

Por ello, resaltó que la decisión del Legislativo responde a la necesidad urgente de garantizar el bienestar de la población conforme al mandato constitucional de asegurar los derechos y libertades fundamentales de todos los guatemaltecos.

De esta cuenta, recalcó que la ampliación presupuestaria no es violatoria a la Constitución, sino que el Congreso actuó con responsabilidad y dentro del marco legal, por lo que el amparo no es procedente puesto a que no se vulneró ningún derecho constitucional.