La comisión de postulación para director del Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP) recibió 45 expedientes para ocupar el cargo para cinco años. Durante tres semanas la mesa de trabajo recibió expedientes de los profesionales, entre los que sobresalen el del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rony Eulalio López, y el del magistrado de Sala Apelaciones Axel Maas Jácome.
Otros expedientes que sobresalen son los de Gloria Margarita López Rodas de Corado, y el de Carlos Alberto Solórzano Rivera, ambos exrelatores contra la Tortura, y empleados del IDPP.
Nancy López, integrante de la postuladora, informó que este viernes 17 de mayo, que fue el último día de entrega, fue cuando más expedientes se recibieron, y a partir del lunes 20 de mayo serán revisados para saber si cumplen con los requisitos, proceso que durará por dos semanas y media.
López no descartó que el trabajo de la comisión se extienda por la «cantidad de expedientes recibidos», porque ha sido mayor en comparación a periodos anteriores.
«La Defensa Pública Penal, siempre ha sido una institución que ha tenido poca convocatoria, es un puesto muy noble, el de ser director de la Defensa Pública Penal, pero no ha sido tan perseguido como algunos otros puestos, no obstante, por el hecho de que estamos haciendo todo de una manera transparente, estamos abriendo la posibilidad de que cualquiera persona que reúna el perfil pueda presentar su expediente ha tenido bastante repercusión», resaltó López.
PREPARARÁN TERNA PARA EL CONGRESO
El trabajo de la comisión de postulación es elaborar una terna de candidatos que deberán remitir al organismo Legislativo para que se elija al director, quien deberá asumir el 6 de agosto para el periodo 2024 – 2029. La importancia de dirigir la Defensa Pública, es que tiene participación en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y en la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sistema de Justicia.
Los requisitos para director de la Defensa Pública Penal son; ser abogado colegiado activo con mínimo de cinco años. Además, contar con experiencia en materia penal y haber sido como defensor público de oficio.
La comisión postuladora está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Cruz; el titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Mario Siekavizza; el representante de los decanos de las facultades de Derecho, Luis Roberto Aragón Solé, y la representante de los defensores públicos de planta del IDPP, Nancy López.
