La selectividad del Ministerio Público (MP) para investigar a opositores del gobierno de turno preocupa a distintos organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronunció por la “grave” crisis política e institucional iniciada por el ente investigador.
Esta entidad, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó las acciones del MP de arbitrarias e injerencias indebidas para afectar los resultados electorales y el proceso de transición presidencial.
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“Advierte que la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal, desde el inicio del proceso electoral, han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público. Así como la erosión del sistema de controles y contrapesos del Estado democrático de derecho debido a la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad, y la complacencia del poder Ejecutivo, colocando en entredicho el orden constitucional, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos”, agregó la Comisión.
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EMITEN RECOMENDACIONES
La insistencia del ente investigador por presentar antejuicios contra integrantes del partido ganador y acciones del Congreso contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido un tema de discusión tanto en el ámbito local como extranjero.
Ante eso, la CIDH se sumó a recomendar a todos los poderes públicos en garantizar el respeto al orden constitucional y preserva el Estado de derecho. Además, insta a que la fiscal general rinda cuentas bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y con el principio de autonomía e independencia de cada entidad gubernamental.
A la vez, luego del nombramiento de magistrados de Salas de Apelaciones, se garantice los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se hagan conforme a los estándares interamericanos, tomando en cuenta el mérito y las capacidades profesionales, libre de injerencias políticas e indebidas, como también proteger la vida, la integridad de las autoridades políticas electas, defensores, periodistas y trabajadores de medios de comunicación y autoridades ancestrales.
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