La alianza legislativa liderada por el partido VAMOS juega con los plazos y dejó para las últimas dos plenarias la discusión del presupuesto para el primer año del gobierno de Semilla, como también la votación para retirarle o no la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Aunque el oficialismo decidió conocer el proyecto de presupuesto en tres lecturas, será hasta el jueves que se apruebe finalmente, con algunas modificaciones. El presidente de la comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, Cándido Leal, se opone a incrementar el techo presupuestario, pero reconoció que habrá algunos ajustes de forma en varios artículos.
No obstante, algunos de sus colegas mencionaron que “hay una sorpresa” que es una enmienda para dirigir hasta Q3 mil millones para pagar deuda de arrastre, quitando la obligación de pagar las deficiencias netas al Banco de Guatemala (Banguat).
A la vez, economistas han criticado el dictamen de la mesa de trabajo de Finanzas del Legislativo, por la rigidez y aumento en asignaciones sin sustento técnico como para el Ministerio Público, Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad y Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Pero afectando los techos presupuestarios para Agricultura, Salud y Gobernación.
En tendencia:
MUESTRAN VENGANZA
El futuro legal de las autoridades electorales también es otro tema que une a varios políticos, entre ellos los que no pudieron participar en el proceso electoral. Razón por la que algunos congresistas esperan que la recomendación de la pesquisidora sea a favor de retirarle la inmunidad.
La prisa del oficialismo por presionar a la pesquisidora se ha evidenciado en varias ocasiones, como no escuchar a la Contraloría General de Cuentas en la presente semana, pero sí decidieron reprogramar a los denunciantes Karen Fischer y Giovanni Fratti. Ambos mostraron interés por agilizar dicho informe, en el cual se recomiende dejar sin beneficio a los funcionarios electorales.
Otro dato que llamó la atención fue la denuncia que presentó la madrugada de este sábado contra los magistrados del TSE, Irma Palencia, Mynor Franco, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera, y el encargado de Informática, Jorge Santos, por supuestas anomalías en la compra del sistema informático que transmitió los datos preliminares de las elecciones.
La decisión de retirarle o no la inmunidad a los magistrados del TSE debe realizarse en una sesión ordinaria, cuyo periodo vence el 30 de noviembre, día que también finalizará el plazo para aprobar, improbar o modificar el presupuesto. La Junta Directiva del Congreso de la República convocó a jefes de bloque para este martes, y las últimas plenarias serán el miércoles y jueves, en caso de que los diputados se declaren en sesión permanente y aprovechando la asistencia de los congresistas que conozcan de urgencia el presupuesto general.
