El pasado miércoles se realizó una vigilia en honor a las mujeres fallecidas por actos de violencia. Foto: La Hora/José Orozco

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, a través de un comunicado manifestó su preocupación debido a que en este año se ha agravado la violencia sexual, los femicidios y desapariciones forzadas de niñas, adolescentes y mujeres.

De acuerdo con el pronunciamiento, desde 1999, cada 25 de noviembre se llevan a cabo significativos esfuerzos desde los movimientos de mujeres y feministas para denunciar y visibilizar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en todo el mundo que, históricamente, se ha empleado como mecanismo de sometimiento y subordinación, promovido por el régimen patriarcal, constituyéndose en un serio obstáculo para el disfrute de sus derechos humanos, bienestar y desarrollo integral.

Por ello, Rodas manifiesta su profunda preocupación porque de enero a septiembre de 2021, se han registrado 1,453 nacimientos en niñas entre 10 a 14 años, y 52,590 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, lo que constituye uno de los graves indicadores de la violencia sexual de la cual son víctimas las niñas y adolescentes en el país.

También refieren que se ha registrado un aumento superior al 30% de femicidios, en relación con el mismo periodo del año anterior. Cada día se reportan seis mujeres desaparecidas, cinco de ellas comprendidas entre las edades de 18 a 40 años.

La PDH enfatiza que, el Estado de Guatemala ha sido “incapaz” de cumplir sus obligaciones de garantizar la vida, integridad y salud a las mujeres, en particular a las niñas y adolescentes, que son más vulnerables.

“No implementa políticas de desarrollo integral de la mujer y sigue debilitando los mecanismos institucionales de prevención y atención integral de la violencia contra las mujeres”, agregó Rodas.

 

RECOMIENDA PRIORIZAR ACCIONES PARA ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN

La PDH recomienda a las autoridades responsables de la gestión del Estado que en concordancia con los compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará y a lo establecido en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, priorice la implementación de políticas públicas, mecanismos y estrategias institucionales enfocadas a la prevención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia que se ejerce en contra de las niñas, adolescentes y mujeres.

Además, insta a empeñar esfuerzos para promover una cultura que garantice que todas las niñas y las mujeres sean respetadas en su dignidad humana, valoradas y educadas libres de estereotipos y prácticas sociales que las exponen a diferentes tipos de violencia y vulneraciones a sus derechos.

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