POR MARGARITA GIRÓN
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Dentro de la reapertura anunciada el 26 de julio por parte del Gobierno, se incluyó la reactivación parcial del transporte público, incluso para los municipios que permanecen en alerta roja, la misma establece que, el transporte urbano tiene permitido circular autorizado por alcaldía y por el Ministerio de Salud con ocupación del 50 por ciento.
Tras esto, algunas municipalidades han anunciado las medidas y negociaciones con los transportistas, quienes han manifestado que tras los gastos que implica la operatividad de las unidades se dará un aumento en el costo del pasaje de manera temporal, según la alerta que registre el municipio.
Esta mañana las autoridades de la Municipalidad de Mixco anunciaron que se llegó a un acuerdo con los propietarios de buses urbanos de ese municipio. Según indicaron, el pasaje costará Q4 en el caso de los buses rojos y Q5 en el caso de los express. Otras municipalidades como Fraijanes, Villa Nueva y rutas de la ciudad capital también han anunciado posibles incrementos derivados de los costos de operación y disminución en la capacidad de pasajeros que están autorizados en la alerta roja.
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Dicha situación ha causado reacciones en diversos sectores, quienes señalan que, además de significar un golpe más a la economía de los guatemaltecos, también implicaría riesgo de más contagios si las medidas sanitarias dentro de las unidades no se respetan.
PDH: DEBEN REALIZARSE ACCIONES PARA QUE INCREMENTO NO DERIVE EN CONFLICTIVIDAD SOCIAL
El defensor de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, comentó que la economía de los guatemaltecos era complicada y la situación que provocó la pandemia ha acrecentado esto, así como el tema del transporte público no ha sido la excepción.
El Defensor señaló que en el tema del transporte urbano y su reactivación parcial está a cargo de las autoridades municipales y de la Dirección General de Transporte en el caso de los extraurbanos y en ese sentido enfatizó que tienen la responsabilidad de realizar las gestiones para que el incremento no derive en conflictividad social, sino se maneja adecuadamente.
“Hay que generar un equilibrio para poder encontrar una solución que sea accesible para todos, tanto para los prestadores de servicios, como para la parte más vulnerable que es la población”, dijo Guerra.
El Defensor señaló que en el caso de los buses rojos si van a funcionar con el 50 por ciento de ocupación al estar en alerta roja, sería de Q1 el incremento que equivale al 100 por ciento de la tarifa autorizada. Agregó que lo que debe verificarse es que los buses circulen con la ocupación señalada y las medidas sanitarias establecidas.
“Hay que tener cuidado en que algunos pilotos manejen adecuadamente las unidades y se garantice la calidad en la prestación del servicio y es una parte delicada porque en la normalidad anterior no se respetaba la cantidad establecida de pasajeros ya sobre todo en horas pico las unidades llevaban el 150 por ciento”, dijo.
Añadió que debe garantizarse que el aumento a la tarifa sea temporal y las personas tendrá que evaluar si les conviene pagar la tarifa que establezcan los transportistas o continuar utilizando transportes alternativos en donde la tarifa es mayor a la que plantean los transportistas.
ASIES: DEBEN BUSCARSE SOLUCIONES QUE NO PERJUDIQUEN A AMBOS SECTORES
Luis Linares, analista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), manifestó es necesario reconocer que el transporte urbano y extraurbano lleva más de 4 meses de paralización y el limitar a un 50 por ciento el número de pasajeros vuelve inviable la situación y complica su funcionamiento. Sin embargo, detalló que deben buscarse soluciones que no perjudiquen ni a la población ni a los transportistas.
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“Hay una solución intermedia entre que aumenten el pasaje en una medida racional o que el Estado provea un subsidio para que puedan funcionar”, dijo Linares.
Señaló que debe establecerse un máximo de pasajeros por unidad y puntualizó en que la situación también es consecuencia de las falencias que ha tenido este servicio durante años, en el tema de control y funcionamiento de los servicios. No obstante, de momento no hay otra opción y debe trabajarse con lo que se tiene, añadió.
Linares enfatizó que el aumento también significa un golpe muy fuerte para los trabajadores que durante los meses que ha durado la crisis, han tenido que trasladarse en taxis colectivos, mototaxis y otros medios de transporte alternativos ya que muchas empresas no proporcionaron transporte a sus trabajadores.
En el tema de los transportistas, señaló que si van a cobrar más debe verificarse que las unidades y pilotos cumplan con las medidas establecidas. “Sin va a cobrar más o van a recibir un subsidio y de todas formas van a hacinar a la gente, el problema seguirá existiendo, porque sabemos que este es un servicio que funciona fuera de control y a discreción de los operadores”, añadió.
AEU: ADEMÁS DEL COSTO, PODRÍA GENERAR MAYOR RIESGO DE CONTAGIOS
Laura Aguiar, secretaria de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), detalló que, la situación del transporte público es preocupante ya que no solo implica un mayor costo para los usuarios, sino mayor riesgo de contagio, pues según los antecedentes en el manejo de las unidades por parte de los pilotos, podría generar más contagios sino se guardan las medidas necesarias.
“Preocupa que el Estado dentro de la negligencia que ha manifestado, deja a la población de lado y en lugar de ser el encargado de proveer seguridad e insumos para el transporte público, no se manifieste ante el aumento al precio del pasaje que afectará a las familias guatemaltecas y a la gente trabajadora”, dijo Aguiar.
Reiteró que es necesario hacer un llamado a las autoridades para que se cree un mecanismo en donde se pueda tener un control real en donde haya medidas de prevención y sanción para los transportistas para evitar la aglomeración de personas y que además del costo ponga en riesgo a la población.
La Hora intentó conocer la postura del sector empresarial con relación al tema; sin embargo, ni representantes de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ni el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), consultados por este vespertino, respondieron a las llamadas o mensajes enviados.
