Por Margarita Girón
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La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) dio a conocer el informe, “Promoviendo la protección, defensa y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas”, en el que destacaron la importancia de la implementación de programas a nivel social, comunitario y familiar, orientados a la disminución de las causas estructurales de la migración forzada.
Sobre la situación de las personas migrantes en Guatemala, la PDH destacó que el Estado no ha logrado generar las condiciones para cumplir con las garantías de respeto, protección y cumplimiento de los derechos de las personas migrantes.
También indicaron que en los últimos seis años, un promedio aproximado anual de 110 mil 676 guatemaltecos salieron del país, es decir 303 personas por día, y un 63 por ciento alcanzaron un país de destino, el 97.1 por ciento de las personas guatemaltecas en el exterior se encuentra en Estados Unidos.
“Los migrantes procedentes del Norte de Centroamérica muestran un patrón de violencia similar en sus países de origen y durante la migración, el cual también se desarrolla en un contexto de respuesta insuficiente de los gobiernos de la región”, destaca el informe.
Asimismo, indicaron que de enero a octubre de 2019 se realizaron 396 acciones de acompañamiento, orientación, atención a víctimas, intervención y operativos por parte de la PDH.
Dentro de las recomendaciones realizadas al Instituto Guatemalteco de migración, destacan implementar procesos formativos sobre la nueva normativa en materia migratoria -Decreto 44-2016 y los reglamentos emitidos por la Autoridad Migratoria Nacional-, así como sobre derechos humanos, con especial énfasis en derechos de la población migrante, personas víctimas de trata, solicitantes del Estatuto de Refugiado, personas LGBTI, etc. dirigidos a todo el personal del Instituto Guatemalteco de Migración ubicado a nivel nacional.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores recomiendan iniciar las acciones necesarias para la implementación de un protocolo específico para el acompañamiento, seguimiento y derivación al Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre casos de trabajadores migrantes guatemaltecos en el exterior, lo cual permita la atención de solicitudes y apoyo en caso de violación a los términos establecidos en los contratos laborales por parte de empresas en el país de destino, así como la atención de necesidades relacionas al ámbito laboral por parte de guatemaltecos en extranjero.
Además de coordinar con el Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, realice acciones de incidencia ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América para evitar que los guatemaltecos que son deportados vía aérea desde ese país sean trasladados con grilletes, especialmente cuando la falta cometida ha sido de índole administrativa, y sobre todo cuando vienen acompañados de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, piden coordinar con el Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo de Atención al Migrante de Guatemala realice el acercamiento y efectúen las acciones necesarias con el Sistema Bancario Nacional para que se reanude el servicio que anteriormente se venía prestando a los guatemaltecos deportados.
Los datos fueron presentados por Eduardo Woltke, defensor de la población desarraigada y migrante, así como Maia Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
