Por Margarita Girón
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Con la llegada del primer solicitante de asilo originario de Honduras al país, el Gobierno de Guatemala inicia la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), firmado el 26 de julio por el ministro de Gobernación Enrique Degenhart y el exsecretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan. Aunque el mismo no ha sido ratificado por el Congreso de la República y los anexos siguen sin ser compartidos.
Según expertos y una migrante consultada, tal acción, incurre en un tipo de ilegalidad, pues nunca se conocieron los anexos del mismo y no se siguió el procedimiento que la CC indicó debía realizarse, luego que otorgara la revocatoria al amparo provisional que limitaba al presidente, Jimmy Morales, a realizar negociaciones para convertir a Guatemala en un Tercer País Seguro.
En la resolución, la CC remarcó que debían cumplirse los procedimientos jurídicos nacionales para que el Acuerdo entrara en vigencia, agotando el procedimiento legal establecido, sin que hasta el momento se tenga más información sobre el rumbo del Acuerdo y los requisitos para ser implementado.
ACCIÓN ES ILEGAL
La directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la URL, Úrsula Roldán, señaló que iniciar con el traslado de solicitantes de asilo a Guatemala es una acción ilegal por parte del Gobierno de Guatemala, pues la implementación del Acuerdo aún se encontraba en un proceso de discusión legal en el país.
“No me extraña de este Gobierno, porque no ha respetado ninguna decisión de la Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente el Congreso tampoco está en un nivel de legalidad y hemos visto cómo se han burlado de las órdenes de la CC y Estados Unidos también aprueba esto a espaldas de la sociedad norteamericana porque eso es un proceso que todavía estaba en discusión legal”, remarcó Roldán.
Para Roldán, la implementación del Acuerdo provocará daño en el proceso democrático del país y también al proceso legal y las normas establecidas en Guatemala. Asimismo, añadió que se desconocen las condiciones en las que serán atendidos los solicitantes de asilo, pues el albergue establecido por Migración no tiene las condiciones adecuadas para más de 40 personas.
Además, Roldán agregó que esta medida podría tener la intención de provocar que los migrantes desistan de pedir asilo y regresen a sus países de origen.
“Lo que quieren es traerlos acá y que luego la misma gente decida irse de regreso a sus país, para mí esa es la estrategia de disuasión que tiene el Gobierno de Estados Unidos y este Gobierno los está avalando”, detalló.
GOBIERNO DE GUATEMALA TIENE QUE COMPLACER A EE. UU.
El presbítero Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en Guatemala y en El Salvador, manifestó su preocupación por la implementación del ACA, pues según detalló no existe logística para atender a las personas que sean trasladadas a Guatemala.
“Nos preocupa mucho esta situación que se está dando y me sumo a las manifestaciones que se oponen a que se empiece a implementar el Acuerdo. Sin embargo, el Gobierno de Guatemala tiene que complacer al Gobierno estadounidense”, puntualizó Verzeletti.
Para el presbítero, lo que está haciendo el Gobierno es una ilegalidad con relación al procedimiento, violando un precepto jurídico de la CC y añadió que es un tema complejo para el país, pues haciendo las cosas a la ligera el Gobierno pone al país en una situación de vulnerabilidad.
“Las personas que van a llegar, van a encontrarse en una situación de vulnerabilidad porque no sabemos cómo actuará el Gobierno y a dónde van a referir a estas personas ni cómo se les atenderá”, añadió Verzeletti.
ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACA, SE ESPERARÍAN IMPUGNACIONES
Según Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) con la llegada del primer solicitante de asilo, podrá tenerse certeza sobre si era necesario o no que el Acuerdo fuese aprobado por el Congreso.
“Conocemos y sabemos que la postura del Ejecutivo ha sido que no era necesario pero existen otras posturas que manifiestan que sí debe ser aprobado por el Congreso en función de tratarse de un acuerdo internacional”, dijo Hurtado.
Asimismo, agregó que ahora vendrán una serie de impugnaciones y cuestionamientos y será la justicia constitucional en donde se pueda dilucidar al final de cuentas si era procedente la implementación del Acuerdo o no.
“Lo que sí vemos con cierto nivel de preocupación, sobre todo con relación a lo estricta que es la política de los Estados Unidos respecto a Guatemala y al cumplimiento de este convenio es que si la CC llega a establecer que la vía que usó el Ejecutivo no era la correcta puede llegar a tener repercusiones para el país” señaló Hurtado.
De acuerdo con Hurtado, debe tomarse en cuenta que todos los actos públicos, mientras no sean declarados inconstitucionales les asiste una presunción de legalidad, “mientras no exista una orden de algún tribunal declarando lo contrario, estas acciones continuarán, pero no dudamos que también vaya a ser impugnado prontamente”, manifestó el entrevistado.
ESTÁN PASANDO ENCIMA DE LA POBLACIÓN
Vivian Zamora, migrante guatemalteca residente en Kentucky, Estados Unidos, dijo que Guatemala no tiene la capacidad para la protección de personas con necesidades de protección internacional. A decir de la guatemalteca, para poder ser un Tercer País Seguro el país debe contar con una buena calidad en los servicios públicos para atender a la población y actualmente no se tienen.
“Guatemala y sus ciudadanos están siendo obligados a formar parte de un Acuerdo por parte del presidente Donald Trump, basado en el ofrecimiento de Jimmy Morales, pero si los representantes estadounidenses se tomaran el tiempo para visitar las escuelas y hospitales públicos de Guatemala, saldrían corriendo con ganas de llamar mala idea a esta propuesta, pero a ellos no les importa y a nosotros no nos favorece”, manifestó Zamora.
Además, señaló que el Acuerdo tampoco favorece las condiciones de los migrantes que se encuentran con casos migratorios abiertos en Estados Unidos. A decir de la guatemalteca, los acuerdos son un negocio y lo realizan pasando encima de la población y cuestionó la poca transparencia con la que el Gobierno de Guatemala ha manejado el tema del acuerdo haciendo caso omiso a las condiciones del país y que evidencian que no se tiene la capacidad de recibir a solicitantes de asilo.
