El Acuerdo de Solución Amistosa publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Zury Ríos Sosa, ha evidenciado que, contrario a las críticas contra resoluciones anteriores, la entidad internacional no actúa bajo intereses ideológicos. En expedientes previos la Comisión ha responsabilizado al Ejército de Guatemala, pero ahora benefició a la hija del general Efraín Ríos Montt, quien gobernó producto de un golpe de Estado de 1982 a 1983.
Asimismo, la resolución compartida el 4 de mayo de 2022 marca un precedente para la familia de Ríos Sosa, cuya participación en la política nacional ha sido imposibilitada en al menos en dos ocasiones por un impedimento constitucional.
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Existen al menos tres precedentes en donde la CIDH ha resuelto en contra del Ejército o sus exintegrantes, que para algunas personas demostraba una tendencia ideológica de la comisión. “Esta resolución (a favor de Ríos Sosa) también demuestra que la CIDH no tiene ideología, sino que defiende los Derechos Humanos de todos”, dijo en una entrevista radial el abogado con maestría en Derecho Internacional, Alexander Aizenstatd.
CASO DIARIO MILITAR
A través del Diario Militar, también conocido como “Dossier de la Muerte”, el Ministerio Público (MP) descubrió que la milicia guatemalteca de los ochentas secuestró, torturó, violó sexualmente, ejecutó y trasladó a centros clandestinos de detención a más de 183 personas.
Luego de que el documento de 73 hojas fuera publicado y de que se confirmara su autenticidad, las familias de las víctimas llevaron la denuncia a la CIDH en 2005. Seis años después, el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la que en 2012 sentenció al Estado de Guatemala como responsable de las muertes, desapariciones forzadas y urgió la investigación, procesamiento y sanciones correspondientes.
ARCHIVO DE REFORMAS A LA LEY DE RECONCILIACIÓN
El 12 de marzo de 2019 la Corte IDH resolvió otorgar medidas provisionales que ordenaron al Congreso de la República archivar en definitiva la Iniciativa de Ley 5377, impulsada por el entonces diputado Fernando Linares Beltranena que buscaba reformar la “Ley de Reconciliación Nacional” y otorgar amnistía a los criminales de guerra durante el conflicto armado interno.
La Corte IDH consideró que dicha propuesta violaba los convenios internacionales en materia de derechos humanos; posteriormente la moción fue archivada por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) con el único voto disidente de Roberto Molina Barreto, ex vicepresidenciable de Valor.
Luego, en 2021, diputados de la bancada Valor, impulsora de Zury Ríos y Molina Barreto en 2019, propusieron la iniciativa 5920 “Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación” que contradecía el dictamen de la Corte IDH emitido en 2019.
Entre los ponentes del proyecto de ley figuró el diputado de Valor, Antonio Arenales Forno, secretario de la Paz durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Bajo este último cargo, se negó a reconocer la competencia de la CIDH para conocer los hechos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, que finalizó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz.
MASACRE DE LOS JOSEFINOS
En diciembre de 2021 la Corte IDH encontró responsable al Estado de Guatemala por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la aldea Los Josefinos, cometida por el Ejército el 29 de abril de 1982 en La Libertad, Petén, en donde murieron al menos 38 personas y la desaparición de 14.
De acuerdo con la carpeta, ese día miembros de la guerrilla realizaron una “acción de ajusticiamiento” en una cancha de fútbol contra dos personas a quienes acusaron de estar vinculadas al Ejército durante la dictadura de Ríos Montt.
Más tarde, la guerrilla y los militares se enfrentaron y a medianoche los soldados ejecutaron a patrulleros rebeldes en la calle y a personas que permanecían en sus hogares, de acuerdo con lo que resuelto por la Corte IDH.
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RÍOS SOSA Y EL POSIBLE PARTEAGUAS PARA LA POLÍTICA FAMILIAR
Ríos Sosa intentó postularse como candidata a la Presidencia en tres ocasiones: 2011, 2015 y 2019, siendo el 2015 la única vez en que logró participar en las elecciones.
En las otras dos le han aplicado el artículo 186 de la Constitución Política de la República, el cual establece la prohibición de candidatura a la Presidencia “al caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”, así como a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Tal es el caso de la excandidata de Valor, cuyo padre, el general Ríos Montt, encabezó un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982 y posteriormente, tras gobernar en un triunvirato, lo disolvió y se declaró presidente de Guatemala, hasta ser depuesto del cargo en agosto de 1983 a través de otra asonada militar.
Este impedimento incluso alcanzó a la madre de Ríos Sosa, María Teresa Sosa, cuya candidatura por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) fue rechazada en 1995.
A pesar del impedimento constitucional, Ríos Sosa denunció en 2019 ante la CIDH una serie de violaciones a sus derechos civiles y políticos, los de su hija y excompañero de fórmula, Roberto Molina Barreto, derivada de la prohibición de su postulación.
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En seguimiento, la CIDH, con la disposición del Estado de Guatemala, suscribió la Solución Amistosa, absolviendo los cargos señalados por la excandidata. Asimismo, esta resolución enfatiza el derecho de Ríos Sosa a participar en los comicios, considerando la igualdad de género en las actividades cívico-políticas nacionales.
De este modo, la resolución podría condicionar las próximas elecciones generales de Guatemala y marcar un precedente para la familia del exdictador y a sus nietos, hermanos e hijos en caso buscaran ocupar la silla presidencial.
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