A principios de marzo el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores por la Educación de Guatemala (STEG) firmaron el pacto colectivo que asegura un reajuste salarial de 3% para los trabajadores a partir de 2023, entre otros beneficios. Este acuerdo fue compartido con La Hora meses atrás y su viabilidad fue cuestionada por expertos en la materia.
LO QUE CONTEMPLA EL PACTO
La Hora intentó conversar con Manuel González, director del área jurídica del Mineduc, para aclarar puntos específicos del pacto colectivo; sin embargo, la entrevista fue negada, solicitando la resolución de dudas por medio de la dirección de Comunicación de la cartera.
No obstante, una fuente, que por su seguridad prefirió no ser citada, indicó que el acuerdo entre la cartera y el sindicato liderado por Joviel Acevedo ratifica un reajuste de 3% al salario base en 2023, argumentando que en los últimos dos años no hubo ningún incremento al salario. Entre otros beneficios contempla un bono de Q2 mil 500 otorgado en junio, a partir de 2022.
El acuerdo durará dos años, pero antes deberán entregarse las copias a las direcciones del Mineduc y STEG para que el mismo comience a regir y cada una de sus cláusulas sea aplicada.
FINANCIAMIENTO MILLONARIO
Al carecer de respaldo financiero, el Mineduc debe comprometerse a incluir el reajuste salarial en la propuesta de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del próximo año para que se contenga la asignación correspondiente.
El verdadero monto que represente este incremento de 3% en los salarios podrá ser determinado hasta el próximo año, puesto que por ahora no se conoce con exactitud cuántos trabajadores están contemplados en la nómina del Mineduc de 2023.
De cualquier modo, cobra relevancia el hecho que en 2021 se devengaron Q13,802 millones en los servicios personales, lo cual equivale al 79.8% del total del presupuesto de la cartera, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
Sin embargo, este monto se despliega en pagos de salarios de la nómina, bonificaciones e incentivos, entre otros, pero no se tiene un rubro específico para el pago salarial. Por otro lado, para el 2022 fue aprobado un presupuesto de casi Q20 mil 608 millones, de los cuales, un 71% corresponde al pago de servicios personales.
CACIF: INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO SERÁ OBSERVADA
La noticia de la aprobación del pacto coincidió con el lanzamiento del Observatorio del Presupuesto, inaugurado esta mañana por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Luego de la inauguración, Hermann Girón, presidente del CACIF, mencionó que la inclusión de algunos puntos en el pacto colectivo deberá estar apegada a la Ley orgánica del Presupuesto, específicamente el artículo 99, donde refiere la necesidad de dictámenes técnicos que justifiquen la inversión y los gastos de personal.
“Estaremos muy observantes de que esos dictámenes se cumplan en lo que entendemos es una negociación de salarios del Ministerio de Educación hacia el año 2023. Estaremos observantes del cumplimiento y, si no hubiera cumplimiento a la ley, haremos el llamado de atención”, expuso Girón.
CABIDA PARA BENEFICIOS PARTICULARES
Hasta el año pasado se estimaron al menos 78 mil docentes afiliados a algún sindicato magisterial y aunque los pactos colectivos, en general, apuntan a reivindicar la labor de los trabajadores, muchas veces “no se tiene una contraparte o un respaldo de cómo se va a financiar”, expuso Carlos Grossman, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) especializado en presupuestos públicos y derechos humanos.
De acuerdo con el profesional, estos pactos son sujetos a ser aprobados sin primero garantizar la posibilidad fiscal para sostener los gastos y, en consecuencia, “hay algunos que se reorientan a beneficios para los líderes sindicales”.
Mineco remueve a 4 viceministros ¿afectaría perfil de riesgo de GT?
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 24, 2022
Por otro lado, el bono aprobado para junio en este nuevo pacto colectivo fija un aporte de Q2 mil 500 para cada trabajador. Desde finales de enero de 2022 La Hora solicitó al Mineduc cuántas personas figuran como trabajadores, pero hasta la fecha no se ha emitido una respuesta concreta.
No obstante, según estimaciones de María del Carmen Aceña, exministra de Educación, con base en cifras divulgadas en años anteriores, serían alrededor de 150 mil, incluidos unos 10 mil administrativos.
SE PRONUNCIAN CONTRA EL PACTO COLECTIVO
La oficialización del pacto ha generado distintas opiniones en redes sociales. La preocupación de los usuarios se centra en el abandono de la calidad de la educación a costa de beneficios a un grupo específico.
“Si solo el 17% de los alumnos por graduarse ganan la prueba de matemáticas, algo no está bien. Es inaudita la firma de un pacto colectivo leonino y clientelar que no beneficia a los estudiantes y premia una gestión magisterial en muchos casos deficiente”, mencionó la abogada Gabriela Ríos.
#PORTADADEHOY Impulsan reformas a Ley de Bancos por visita del FMI? [https://t.co/8y0KyarkAK] pic.twitter.com/OfvNaFX0oR
— Diario La Hora (@lahoragt) March 24, 2022
De manera similar, Julio Valdez, educador y antropólogo, opinó que esta suscripción solo aportará más dinero a un sistema educativo “colapsado, ineficiente y corrupto”.
A estas perspectivas, Fhernando Torriccelli agregó: “Esto sí es indignante! Vean la realidad de la educación en el país, vean cómo disque reciben clases los niños sólo enviando tareas vía WhatsApp, eso no es enseñanza”.
Para la diputada del Congreso de la República, Lucrecia de Palomo, la firma del pacto “es una afrenta contra la niñez” y desde sus redes sociales informó que solicitó el expediente de este acuerdo.
“¿Qué tanto esconde el Mineduc en el pacto colectivo? Oficialmente solicité el expediente del pacto que estaba en el despacho de la ministra y responde que no lo envía porque ya se trasladó al Ministerio de Trabajo. No le pregunté dónde estaba. Será durante la interpelación que responda”, anunció.
Con un mismo enfoque hacia la educación de calidad para la juventud y niñez guatemalteca, la exministra de Educación, María del Carmen Aceña planteó: “debemos ir por la carrera profesional de los docentes que busque el aprendizaje de los alumnos y limitar los pactos colectivos que promueven aumentos salariales masivos y privilegios”.
