La ampliación de Q3.1 mil millones no solo despertó en la ciudadanía una razón más para pronunciarse en contra de la administración del presidente Alejandro Giammattei y de los diputados oficialistas, sino que reveló una dinámica de asignación presupuestaria con pocas opciones de fiscalización y control. La preocupación de distintos sectores se centra en el posible desvío de recursos a un año de las siguientes elecciones generales.
El Decreto 21-2022 del Congreso autoriza la ampliación del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q3 mil 191 millones 242 mil 500, monto que según descripción de la ley está destinado al fortalecimiento del mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica.
Esta millonaria asignación estará a cargo de cuatro unidades ejecutoras: la Dirección General de Caminos (DGC), con Q1 mil 286 millones 809 mil 853.90; la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), con Q1 mil 748 millones 670 mil 146.10; la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), con Q120 millones; y el Fondo Social de Solidaridad (FSS) con Q35 millones 762 mil 500.
DESAPARICIÓN A TRAVÉS DE COVIAL
En un principio se cuestionaba el porqué de una ampliación presupuestaria a dos meses y medio de haber cobrado vigencia el Presupuesto General de la Nación que otorgó más de Q5 mil millones al CIV, pero ahora la crítica está orientada hacia las limitadas opciones de fiscalización en gran parte del monto aprobado.
Covial es la única unidad ejecutora de las cuatro beneficiadas que no está incluida en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), una herramienta creada para garantizar la formulación, evaluación, análisis técnico-económico, ejecución y seguimiento de las iniciativas de inversión; así como “evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos”.
Esta exclusión, explicó Luisiño Sánchez, relacionista público de Covial, se debe a que el mantenimiento vial es clasificado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) como gastos de funcionamiento, no de inversión.
De esta cuenta, indicó que solo existen dos mecanismos de control para las obras de Covial: el Sistema Integral de Control de Proyectos (Sicop) y Guatecompras. En el primero se actualiza “regularmente” el avance físico de los proyectos, pero es únicamente de uso interno de Covial; ninguna persona ajena puede acceder a estos informes.
Ejecutivo y Congreso aseguran los fondos para sus acuerdos ?? [ https://t.co/Fv1CBedf1f] pic.twitter.com/bsExjDLNkr
— Diario La Hora (@lahoragt) March 17, 2022
Adicionalmente, el exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, expuso que los detalles de los proyectos de Covial son únicamente visibles en los anexos de los contratos de Guatecompras, mismos que desde 2019 a la fecha contienen detalles cada vez más escuetos, como se evidencia en las imágenes de los siguientes concursos.
2019: Proyecto BL-018b-2019 Mantenimiento de la red vial pavimentada; NOG (11056681)
Especifica ruta, tramo, departamento, longitud, código geográfico y observaciones del tramo.
2020: T-008a-2020 Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada; NOG (13233327)
Detalla ruta, tramo, departamento, longitud y código geográfico.
2021: S-132-2020 Supervisión de proyectos de mantenimiento de la red vial; NOG (13007297)
Señala ruta, tramo y departamento y una corta descripción de la actividad.
“¿Por qué Covial? porque Covial está desarmado. No usa el SNIP para seguimiento y con total descaro y contubernio con la CGC han venido quitando detalle de los contratos de Covial haciéndolos esencialmente bolsones para liquidar estimaciones y ‘rumor’ hasta se mueven contratos de un lugar a otro”, amplió Estrada.
ACUMULACIÓN PELIGROSA
Según la iniciativa de ley presentada por los diputados oficialistas, esta ampliación para el CIV será financiada con el dinero que no se ejecutó en 2021, monto que sobrepasa los Q12 mil millones.
“Tal vez el acuerdo de ley lleva algún detalle de los tramos a ‘recapear’… pero los Q2,026 millones con los que arranca 2022 Covial quedan libres para asignar así ‘light’… imagínense lo que puede pasar con ese dinero”, cuestionó Estrada.
Adicionalmente, el economista aseguró que la ampliación no solo “alimentará un monstruo de gasto al que se han quitado controles”, sino que podría extenderse al ejercicio del 2023 de no aprobarse el presupuesto del próximo año. “Covial tendrá Q4,000 millones para ‘mantener’ la red vial… ¿o mantener qué?”, cuestionó.
Los proyectos de infraestructura vial propuestos en la iniciativa de ley cubrirían 719.1 kilómetros, de los cuales solo 480 metros (menos del 0.1%) corresponden a construcción de tramos nuevos.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que en promedio la construcción de cada uno de estos 480 metros de tramos viales nuevos costaría Q480 mil 700, y que el peligro de obras sobrevaluadas también se trasladan al mantenimiento.
La Cámara del Agro habla sobre medidas de transparencia tras la aprobación del Congreso de una ampliación presupuestaria de Q3.1 mil millones para obras. pic.twitter.com/KwJ7eIaZbf
— Diario La Hora (@lahoragt) March 16, 2022
“Por ejemplo, en la propuesta la señalización de los 1,608 kilómetros de carreteras propuestos costaría Q122 millones, es decir, el costo de señalización promedio sería de Q75,893 por kilómetro”.
La calidad del mantenimiento de la obra pública no tiene un método de medición asequible a la población; sin embargo, estas deficiencias son notorias en la experiencia de quienes transitan estos pasos viales, especialmente en la temporada de lluvias. “A criterio del Instituto, la relación entre el costo y el beneficio de estas obras debe analizarse con mayor detenimiento y cuidado”, expuso el Icefi.
En este marco, también el Consejo Nacional Empresarial (CNE) enfatizó la necesidad de crear controles de fiscalización para la unidad ejecutora de Covial, pero “la clase política parece más preocupada por repartirse el erario como botín que por construir una infraestructura productiva necesaria para tener adecuadas condiciones para la empresarialidad”.
DIPUTADOS Y ACTORES ALIADOS A LA AMPLIACIÓN
La iniciativa de ley fue presentada en la Dirección Legislativa el 1 de marzo de 2022, impulsada por los diputados oficialistas Shirley Rivera, presidenta del Congreso; Mynor Mejía, Carlos Roberto Calderón, Aníbal Estuardo Rojas Espino, Carlos Enrique López y Cándido Fernando Leal.
Públicamente, el presidente Alejandro Giammattei; el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado y el secretario de Comunicación Social, Kevin López apoyaron el proyecto de ley, argumentando supuestas mejoras para los 22 departamentos del país y la generación de competitividad y empleo.
Pero a estos actores se suman las cámaras del Agro y Guatemalteca de la Construcción, cada una con representantes suplente y titular en el Consejo Consultivo de Covial, el órgano superior de la unidad ejecutora.
La Hora solicitó a Covial el listado con los integrantes de este consejo, pero al cierre de esta nota no fue remitido.
Cabe destacar que la Cámara del Agro se pronunció a favor de la ampliación presupuestaria, aunque demandó que el proceso fuera transparente y establezca parámetros de calidad.
SITUACIÓN TRAE A COLISIÓN AL TESTIGO “A”
Covial explicó que los proyectos de mantenimiento están sujetos a atender las emergencias que se susciten en los tramos asignados contractualmente. De este modo cuando se atiende una emergencia “se cuantifica la inversión de la emergencia, se cambian los renglones de trabajo que establece el contrato y es así como Covial logra dar atención inmediata a estas emergencias”.
La Hora preguntó qué sucederá con el monto que no se llegue a ejecutar de la ley, pero no se tenía una respuesta inmediata.
Esta situación ha devuelto a la conversación el escándalo de financiamiento electoral ilícito revelado el 14 de febrero por el medio digital salvadoreño El Faro, cuya investigación se centra en el testimonio de una persona familiarizada con el ahora partido oficial Vamos durante la campaña electoral del 2019 de Giammattei, a quien se identifica como “Testigo A”.
En presencia de la jueza Erika Aifán y fiscales del MP la persona expuso cómo Giammattei habría sido beneficiado con un aporte de Q20 millones proporcionados por el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, como parte de una negociación que le permitiera continuar al frente de la cartera una vez Giammattei ganara la Presidencia.
De acuerdo con el reportaje, los Q20 millones provinieron de sobornos pagados por empresas constructoras.
A la vez, es importante recordar que el contralor, Edwin Salazar, elegido por el Congreso de la República, ha sido cuestionado porque durante su administración no se ha observado una mayor tarea fiscalizadora en las entidades públicas y se la ha vinculado con el oficialismo.
Asimismo, esta ampliación de Q3.1 mil millones ocurre un año antes de las elecciones generales para elegir al Presidente de la República de Guatemala para el periodo 2024-2028, además de vicepresidente, diputados y corporaciones en los 340 municipios del país.
