Distintas reacciones han surgido a raíz de la reciente investigación de “El Faro” que involucra al presidente Alejandro Giammattei en un supuesto esquema de financiamiento electoral con un aporte millonario del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en donde destacan las contradicciones del Ministerio Público (MP), la Presidencia de la República y algunos medios de comunicación, lo cual podría apuntar a un esfuerzo conjunto para proteger al mandatario.
Lo anterior se desprende del discurso repetido en los dos últimos días por el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción (FECI), Rafael Curruchiche, en relación a que no existe en el MP la declaración del llamado “Testigo A”, a quien insiste en que tampoco sabe de quién se trata, con lo cual se caería la posibilidad de iniciar una investigación penal en contra del gobernante.
La investigación de “El Faro” se centra en el testimonio de una persona familiarizada con el partido Vamos durante la campaña electoral del 2019, a quien se identifica como “Testigo A”, quien declaró en presencia de la jueza Erika Aifán y fiscales del MP que Giammattei habría sido beneficiado con un aporte de Q20 millones proporcionados por el exministro Benito, como parte de una negociación que le permitiera continuar al frente de la cartera una vez Giammattei ganara la Presidencia.
MP CONFIRMA IMPLÍCITAMENTE VERACIDAD DEL TESTIMONIO
La mañana del martes 15, luego de la publicación del reportaje, Curruchiche informó que se investigaría el reportaje y sus fuentes para determinar sobre la filtración del testimonio en reserva, puesto que “se pone en peligro la investigación y a las personas; y, por tanto, hay una obstrucción a la investigación”.
El fiscal aseguró desconocer la identidad del testigo y aseguró que la información divulgada por el medio salvadoreño no se ha filtrado por parte de la FECI.
Curruchiche relató que tras ser ascendido a la FECI solicitó informes de los casos, y que el 29 de octubre de 2021 se le informó sobre una investigación en donde se mencionaba la versión de un testigo, pero que al no aparecer en el expediente ni la plica, con los datos del informante, tramitaron ese faltante ante la jueza Ericka Aifán.
Aunque el fiscal dijo que la respuesta de la jueza fue negativa, en esa oportunidad no presentó ninguna denuncia por el material faltante en el expediente, contrario a esta semana que cuando hizo el anuncio ante algunos medios, ya tenía copia de la denuncia, con lo cual, de acuerdo con distintas fuentes, le da credibilidad a la existencia de la grabación, contrario a la Presidencia que asegura todo es falso.
TODO FALSO, SEGÚN PRESIDENCIA
Al igual que el MP, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López se pronunció oficialmente la mañana del martes en representación del Gobierno, para calificar el reportaje como “falso, malicioso, malintencionado y coordinado”, pese a que el MP interpuso una denuncia para investigar la filtración.
De acuerdo con López, la Presidencia tenía conocimiento de esta cobertura, pues desde el viernes recibieron consultas tres medios internacionales y dos nacionales sobre una postura oficial del reportaje; sin embargo, se ha negado a identificar a los medios pese a repetidas solicitudes de este medio.
REAPARECE EL “TESTIGO A” EN ESPACIOS CUESTIONADOS
En el reportaje de “El Faro” se explica que, debido a la delicadez del caso, la voz del “testigo A” fue sometida a una doble distorsión con el fin de resguardar su identidad, además de haber confirmado con otra fuente la existencia de dicho personaje; sin embargo, Curruchiche insiste en que desconoce la existencia de esta persona, pero entra en contradicción a si es la misma que fue entrevistada en Noti7, previo a las conferencias del fiscal y vocero presidencial.
El supuesto testigo que habló con el canal nacional no usó filtro en su voz en la entrevista, en donde aseguró que fue coaccionado para testificar en contra de Giammattei, al asegurar que no le constaba que el ahora mandatario y Benito estuvieran involucrados, lo cual contradice las grabaciones divulgadas en el reportaje de “El Faro” y la disposición del MP por investigar estas declaraciones.
El testimonio al que tuvo acceso “El Faro” data del 18 de mayo de 2021 y, según describe el reportaje, fue relatado en presencia de la jueza Aifán, dos fiscales y una abogada defensora en una audiencia de anticipo de prueba como parte de la investigación que la FECI abrió en octubre de 2020, luego de encontrar las 22 maletas con más de Q122 millones en una casa de la Antigua Guatemala.
Con una actitud distinta a los audios presentados por “El Faro”, el testigo de Noti7 aseguró que fue coaccionado por la jueza Aifán y el entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, para “leer una hoja” y testificar, bajo la amenaza de ser aprehendido.
En la entrevista exclusiva con Noti7 el testigo denunció la supuesta coacción y enfatizó “temer por su vida”, pero no explicó por qué no denunció las coacciones en el momento de la declaración, ni el entrevistador le preguntó sobre dicho aspecto.
Posteriormente el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón informó que el supuesto “Testigo A” “presentó denuncia el 13 de febrero manifestando que fue objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones sobre hechos que no le constaban. Esta investigación está a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos. (…) La denuncia es en contra el personal que estuvo en la declaración y resulte responsable. Esto se establecerá mediante la investigación”, indicó Pantaleón.
De acuerdo con lo anterior, el supuesto testigo habría denunciado nueve meses después de brindar el testimonio ante el juzgado y un día antes de la publicación de la investigación de “El Faro”, además, coincidentemente dos días después que según López, la Presidencia recibió las consultas de los medios sobre el reportaje.
TESTIMONIO EN NOTI7 NO SE INVESTIGARÁ
La pesquisa de la FECI no está orientada a esclarecer las acusaciones en el reportaje, sino la forma en que estas fueron obtenidas, caso contrario, el MP no mostró el mismo interés con las declaraciones del testigo de Noti7.
“Aparentemente la persona voluntariamente tuvo contacto con el medio de comunicación; sin embargo, no es posible aseverar dicho extremo, por lo que conforme avance la investigación derivada de la denuncia presentada por el fiscal Curruchiche se podrán esclarecer los hechos”, respondió el MP.
Se consultó con Presidencia cuál era la opinión respecto a las declaraciones del testigo en Noti7, a lo cual se respondió:
“La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia es respetuosa de la libertad de expresión y la línea informativa de cada medio de comunicación. Sin embargo, es una obligación legal aclarar ante la población las publicaciones infundadas que puedan realizarse en detrimento de la gobernabilidad del país”, pero no calificó las declaraciones de infundadas ni coordinadas como lo hizo anteriormente en referencia al reportaje de “El Faro”.
EVASIONES A LA PRENSA
Luego de la publicación del trabajo periodístico de “El Faro” la noche del 14 de febrero, la versión oficial del Gobierno se ha limitado a una conferencia de prensa del secretario de Comunicación la mañana del martes, mientras el lunes fue suspendida la conferencia de prensa semanal con miembros de Gabinete, cuando se temía alguna consulta pública sobre el tema.
La única justificación fue “por agenda interna del Palacio”, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación y hasta este miércoles no se ha oficializado nueva fecha.
Además, la presencia del presidente Giammattei en actividades públicas ha sido restringida, sin invitación a los medios de comunicación para evitar ser abordado.
El martes 15 el mandatario participó en la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 2022, pero se retiró antes de la firma del acta. Cuando el orador dijo “con esto damos cierre y vamos a solicitar que no se retiren porque vamos a dar lectura al acta; hay que aprobar con la presencia de todos”, Giammattei subía las gradas del Patio de la Paz para retirarse.
Además, este miércoles 16 de febrero no se invitó a los periodistas a la conferencia de prensa, en donde participó el Presidente sobre el sismo registrado en la madrugada, siendo la primera vez en que a una actividad de esta magnitud solo se convocó a los canales de televisión abierta.
O. SAMAYOA: EXISTEN CONTRADICCIONES EVIDENTES
El abogado y defensor de Derechos Humanos, Oswaldo Samayoa, identificó una contradicción en los discursos del Gobierno en torno a la investigación del medio salvadoreño. En primer lugar, señaló que el MP ha iniciado la investigación contra quienes filtraron las grabaciones del testimonio en reserva, mientras que la Presidencia niega la existencia de tal testimonio.
Samayoa explicó que existe un principio de bien común y público, el cual supera a cualquier interés particular. Desde su análisis, la publicación de “El Faro” tiene como objetivo este bien público, ya que “busca el interés el bien público de la sociedad de aclarar estas situaciones”.
Según el abogado, el MP debe aclarar este tema, detallar “qué tipo de investigación hay, contra quiénes o qué elementos pueden ser públicos en este momento, porque los señalamientos son muy graves y de las cosas que generan mucha inestabilidad política”.
TESTIMONIO EN NOTI7 SERÍA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Otro punto que el profesional resaltó es el hecho que de acuerdo con la investigación de “El Faro” y el MP, el testimonio aludido corresponde a un caso en reserva; sin embargo, el medio local Noti7 logró contactarle y, por ende, conocer información sobre esta persona.
Desde una primera lectura, el abogado planteó que si Noti7 tuvo contacto con el testigo o alguien le dijo quién era “entonces Noti7 tiene acceso a información privilegiada de datos personales del testigo y debería tratar por igual la filtración de ‘El Faro ‘ y de Noti7”.
También consideró que si el testigo fuera el mismo que el aludido en “El Faro”, Noti7 no debió exponerse de esa manera. “Distinto al periodismo investigativo, que obtiene información de fuentes confiables, en cambio en Noti7 pareciera más un montaje para contra-argumentar lo que dijo el otro medio”, razonó.
DENUNCIAS POR COACCIÓN: UNA ESTRATEGIA RECURRENTE
Además, el abogado lamentó que en los últimos meses, se han instrumentalizado las denuncias contra funcionarios del sector justicia para obstaculizar su trabajo.
“Parece ser la estrategia utilizada para perseguir a operadores de justicia que ejercieron su trabajo durante el período en el que el fiscal Sandoval estuvo a cargo de la FECI, ya no parece ser una cuestión de perseguir a personas que deben ser investigadas por la comisión de delitos, sino una herramienta de intimidación hacia los demás abogados”, expuso.
El análisis de Samayoa se evidencia en las dos capturas efectuadas por el MP la mañana de este miércoles contra los auxiliares de la FECI, Willy Roberto Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez y las que están pendientes de los exauxiliares Rudy Manolo Herrera Lemus y Aliss Noemí Morán Mejía.
El comunicado del MP describe que estas personas habrían cometido abuso de autoridad al coaccionar a una persona sindicada en el Caso Comisiones Paralelas 2020, con el fin de declarar hechos falsos.
