La captura de Leydi Santizo, exmandataria de la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha reafirmado en distintos sectores y figuras que el Ministerio Público (MP) actúa bajo direcciones arbitrarias. La reacción conjunta de distintas personas señala que estas acciones no solo pueden ser tomadas como criminalización, sino como una alerta a quienes se involucren en casos de alto impacto.
La mañana de este 10 de febrero Santizo fue capturada por obstrucción de la justicia. De acuerdo con una fuente conocedora del tema, la abogada habría solicitado la conexión de un caso que llevaba como litigante con el Caso Odebrecht, conocido por la jueza Erika Aifán.
La abogada Leydi Santizo, exmandataria de la CICIG, fue detenida hoy por el caso denominado Cooptación y Corrupción Judicial y ahora será trasladada a un centro de privación de libertad.
?José Orozco/La Hora pic.twitter.com/aBxpe4bSNS
— Diario La Hora (@lahoragt) February 10, 2022
O. SAMAYOA: PROCEDENCIA ARBITRARIA DEL MP
El abogado y defensor de Derechos Humanos, Oswaldo Samayoa explicó que, luego que la jueza autorizara la conexión de los casos, les correspondía a las fiscalías que llevaban las carpetas iniciar el proceso para litigar conjuntamente.
Si alguno de los agentes fiscales se opusiese a esta conexión, lo procedente sería una apelación u otra vía recursiva, según el profesional, no emitir una orden de captura contra la solicitante.
“Existe en el Código Procesal Penal distintos recursos como la apelación e incluso puede utilizar el amparo, no como recurso, sino como garantía de una violación de derecho y con eso tratar que la conexión quede sin efecto. Lo que estamos viendo en este caso es que el Ministerio Público, en lugar de utilizar las leyes, interpretó que al solicitar esa conexión se obstruía la justicia”, planteó.
A raíz de esta acción, Samayoa encontró tres problemas principales. “En primer lugar, el MP no acepta que haya un abogado en la otra parte, es decir que no haya un abogado defensor y una de las garantías básicas del derecho es que haya abogados defensores que pueda hacer este tipo de solicitud”, indicó.
La segunda preocupación grave de Samayoa apunta a que el Ministerio Público no utiliza la vía legal como primer recurso: “Prefiere encerrar al abogado litigante defensor que utilizar el derecho para oponerse”, dijo.
UN TERCER PROBLEMA: EL MENSAJE HACIA QUIEN SE OPONGA
Sin embargo, el tercer problema y el más fuerte a criterio del abogado es que el Ministerio Público, dirigido por María Consuelo Porras, está transmitiendo un mensaje claro hacia quien se oponga o intente involucrarse en casos trascendentales de Guatemala.
“A todos los abogados y abogadas de este país nos están diciendo que si nos oponemos en casos de alto impacto a alguna actividad del Ministerio Público o a la conexión de proceso vamos a ir detenidos. Eso a mí me preocupa muchísimo; es antidemocrático y propio de Estados dictatoriales”.
Desde una perspectiva similar la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua) expuso que existe un patrón claro, donde, tras “forzar al exilio” a jueces y fiscales, buscan castigar a abogados y abogadas que les han defendido ante los abusos de quienes controlan el sistema de justicia actualmente.
#AHORALH
Ex mandataria de la CICIG, Leyli Santizo es trasladada a Torre de Tribunales, luego de ser detenida esta mañana.?: Oscar Canel/LH pic.twitter.com/8GGvKTIfYz
— Diario La Hora (@lahoragt) February 10, 2022
UDEFEGUA: VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA
Udefegua también enfatizó su postura en la violación al derecho de defensa que tiene cada abogado en el país. “Negar el derecho a la legítima defensa es el más reciente elemento en el esfuerzo por criminalizar a las y los fiscales que expusieron la corrupción en los últimos años. Pone en riesgo a la profesión jurídica libre y derecho a defender derechos humanos”, sostuvo.
A criterio de la organización, con esta captura se castiga a una abogada por defender a fiscales de la FECI que llevaron delante los casos como Odebretch, Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas, entre otros.
Por otro lado, la unidad destacó que el MP aluda a la reserva del caso mientras que actores anónimos y radicales en redes sociales (Netcenters) filtran la información a la opinión pública.
ASEMEJAN SITUACIÓN CON NICARAGUA
La crítica de usuarios en redes sociales giró en torno a que la captura se asemeja a actos acaecidos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El periodista y novelista canadiense Stephen Henighan compartió este criterio en su cuenta de Twitter:
“Es importante criticar lo que está sucediendo en Nicaragua, pero no olvidemos Guatemala, donde un gobierno corrupto acaba de encarcelar a Leydi Santizo, una de los principales abogados anticorrupción del país, sin explicación”, publicó.
“Igual que Nicaragua”, tuiteó el abogado Gregorio “Goyo” Saavedra. También Carlos Alberto comentó: “Ya estamos viviendo en una Nicaragua, pero no hay manera que despertemos y aterricemos en nuestra realidad”.
La abogada Leydi Santizo, exmandataria de la CICIG, es conducida por agentes de la DEIC hacia Mariscal Zavala.
? José Orozco/La Hora pic.twitter.com/4Aye5N4LRa
— Diario La Hora (@lahoragt) February 10, 2022
J.P. GRAMAJO: ACCIÓN DEL MP DESINCENTIVA EJERCICIO DEL DERECHO
Por su parte, Juan Pablo Gramajo reconoció que los derechos de petición y de defensa son fundamentales en un Estado de Derecho. Agregó que en teoría sí existe la posibilidad de que un juez o un abogado incurra en conductas que obstruyan la justicia, y existen figuras delictivas para castigarlo; sin embargo, “no parecería que el solo hecho de hacer una petición ante un juzgado implique obstruir la justicia, pues el abogado no tiene control sobre lo que el juez vaya a decidir y, si la otra parte no está de acuerdo, tiene medios para impugnarlo”.
En ese sentido, consideró preocupante que una acción “normal” en la abogacía sea manejada de tal manera por el MP, ya que “desincentiva el recto ejercicio del derecho de defensa y de petición”.
Aun así, el profesional comentó que aún existen aspectos del caso por conocer, pero se espera que estos sean expuestos con transparencia en un juicio público e imparcial, pues existe un interés público de la ciudadanía en saber si hay quienes abusan del sistema de justicia, sean jueces, abogados o fiscales.
“A todo ciudadano, independientemente de su posición social, ideológica, política, etc. le afecta que se menoscabe el ejercicio de estos derechos fundamentales: potencialmente, porque puede en un futuro verse necesitado de la defensa legal; indirectamente, porque toda merma de confianza en el sistema de justicia afecta la capacidad del país para generar inversión, empleo y desarrollo”, concluyó.
SIN POSTURA DE ASIES Y CIEN
Esta redacción intentó conocer un análisis de los expertos en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); sin embargo, Lorena Escobar, Gustavo García Fong y Rodolfo González Trabanino no contestaron las llamadas telefónicas.
Asimismo, no se logró conversar con Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
UDEFEGUA solicita a la comunidad nacional e internacional pronunciarse en seguimiento a la captura de Leily Santizo. https://t.co/44GcumdVWO
— Diario La Hora (@lahoragt) February 10, 2022
CANG SIN PRONUNCIARSE
Otros usuarios criticaron la inactividad del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), puesto que, expusieron, la garantía de abogacía en Guatemala es parte de sus competencias.
“Si esto es verdad, ya no hay garantías para el ejercicio de la abogacía en Guatemala. Y el CANG brilla por su ausencia”, expresó el abogado Juan Pablo Gramajo. A este tuit secundó Alejandro Balsells: “En un país medio serio hoy se pediría la renuncia de los directivos”.
Se intentó conseguir una postura de Fernando Chacón, presidente del CANG, pero no respondió a La Hora.
EL GIRO DEL MP EN MANOS DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN
En el caso donde se acusa a Leydi Santizo, el juez contralor de la causa podría determinar una falta de mérito sobre la presentación del caso. Sin embargo, este es un nuevo precedente sobre el trabajo del MP, pues la continuidad (o no) de este tipo de acciones arbitrarias dependerá de la próxima persona que ocupe la jefatura del MP.
“Nos está dando evidencia que el ejercicio de la persecución penal del país en este momento está siendo dirigido por personas con pensamientos que no respetan el Estado de Derecho. Esto supera cualquier actividad legal y requiere que la sociedad se pronuncie y presione a la Comisión de Postulación porque si la Fiscalía General está permitiendo esto, cualquiera de nosotros podría terminar bajo un proceso”, sentenció Samayoa.
Añadió que, "inmediatamente al enterarme de la orden de captura me puse a disposición del Juzgado, sin embargo, me dijeron que no se ha fijado la audiencia de primera declaración, me acaban de indicar que quedó programada para el 15 de febrero", explicó. pic.twitter.com/nPOCYSA517
— Diario La Hora (@lahoragt) February 10, 2022
