25 años han transcurrido desde que la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y el Estado de Guatemala pactaron la paz “firme y duradera”. En papel, la firma de los doce acuerdos ponía fin a 36 años de guerra en el país, fijando principalmente voluntades políticas, orientadas a la observancia del respeto a los derechos humanos y el compromiso de investigar las violaciones de estos en el marco del enfrentamiento.
Además de silenciar las armas para poner fin a un conflicto que dejó más de 200 mil muertos o desaparecidos, el paquete de acuerdos incluía la consolidación de la democracia, un crecimiento sostenido de la economía, educación, salud, reconocimiento de los pueblos indígenas y otra serie de compromisos encaminados a reducir la pobreza y desigualdad, considerados factores que dieron origen al enfrentamiento.
LA MEMORIA Y EL CONTRASTE
La mañana de este miércoles en el centro de la Capital se presentaron dos escenarios distintos en conmemoración a la firma: dentro del Palacio Nacional de la Cultura se llevó a cabo el acto oficial con la participación del ministro de Cultura, Felipe Aguilar; director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Ramiro Contreras y el diputado Manuel Conde Orellana; afuera de las instalaciones, en la Plaza de la Constitución grupos indígenas realizaban una ceremonia en memoria de las víctimas del Conflicto Armado Interno.
Conde Orellana, sancionado por Estados Unidos, aseguró que la firma de la paz ha sido beneficiosa para la sociedad guatemalteca, “pero, lamentablemente, no lo valoramos”. Mientras el diputado, al ritmo de la marimba, cambiaba la rosa blanca como parte del acto protocolar, la Plaza Central se llenaba de personas sosteniendo cruces de madera consignando nombres de sus seres queridos: “Elena Chávez”, “Margarita Caal”, “Sebastián Ventura” y otros nombres que uno a uno se llevaba el viento frío.
Esta dualidad, entre una ceremonia espiritual en el Altar de Las Niñas y el cambio de la Rosa retratan las distintas realidades de la sociedad guatemalteca a partir de los Acuerdos de Paz, comentó la antropóloga Sandra Xinico Batz.
“No solo no ha habido justicia por las víctimas, sino que los problemas que originaron el conflicto no se han resuelto. Estas acciones simbólicas se hacen para conmemorar, pero también para evidenciar que para los pueblos y las víctimas del Conflicto Armado Interno no han tenido justicia porque no ha habido voluntad por parte del Estado”, expresó.
Para la antropóloga kaqchikel resulta contradictoria la celebración de esta fecha por parte del Gobierno cuando el Estado se caracteriza por la corrupción e impunidad. Esta fecha, desde su crítica, debe ser tomada como una reflexión sobre la evolución de Guatemala en los últimos 25 años.
“Lo que pasó aquí es el resultado de su propia historia, una sociedad jerarquizada, muy injusta, en donde se ha institucionalizado ese empobrecimiento”
Sandra Xinico Batz, antropóloga
VIOLENCIA QUE HA TRASCENDIDO A OTRAS VÍAS
Desde su definición en la Real Academia Española, la paz puede ser percibida como una “situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países”; sin embargo, los índices de violencia en Guatemala reflejan que la ciudadanía aún se mantiene expuesta a un panorama alejado de los fines fijados en los acuerdos.
Si bien la firma de 1996 fue una de las alternativas para el cese del fuego, y con ello la muerte violenta de distintos grupos, David Casasola del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) determinó que aún existe mucho camino por recorrer, tomando en cuenta la inseguridad presente.
La firma de estos convenios implicó la sustitución de la toma de medidas de hecho para imponer cambios por instituciones y procesos democráticos; sin embargo, según Casasola estas instituciones son las que deben fortalecerse para concretar los fines de seguridad contenidos en los acuerdos.
“Ahora existen otras vías que están en riesgo debido a la poca eficiencia que tienen tanto las mismas instituciones como los sistemas de incentivos para lograr cambios profundos. Estamos en un momento en donde se necesita acudir a la presión de la sociedad civil para que esa institucionalidad que se acordó sea una institucionalidad que responda a las necesidades de los guatemaltecos”, sostuvo.
Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) mencionó que parte de la garantía de seguridad y justicia también depende del fortalecimiento de la independencia judicial, el correcto funcionamiento del Sistema de Justicia y las fuerzas policiales, todos puntos aún pendientes en la agenda fijada en aquel 1996.
No obstante, la analista remarcó que los avances se han reflejado de manera más notoria en el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas en su propio idioma, “aunque no ha sido completamente alcanzado”. Asimismo, destacó la transformación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la instalación del Instituto de la Defensa Pública Penal y con ello el derecho a la defensa.
SIN POSTURA DE CÁMARAS EMPRESARIALES
La Hora buscó una postura sobre el tema con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Fundación para el Desarrollo en Guatemala (Fundesa) y la Cámara de Industria de Guatemala; sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta. Al tenerla, se agregará en este espacio.
TROPIEZOS EN LA HISTORIA
La firma de los 9 acuerdos sustantivos y 3 operativos necesitó un proceso largo de negociaciones hasta concluir en la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. El acontecimiento, inmortalizado en la moneda de Q1 en Guatemala, fue concretado durante el gobierno de Álvaro Arzú; sin embargo, el analista Sandino Asturias identificó dos tropiezos en el cumplimiento de la agenda de la paz.
Un primer momento, destacado por Asturias, fue la indisposición de Arzú para implementar las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. “Esto tiene que ver claramente con elementos de justicia transicional, tiene que ver con derechos humanos y el papel del ejército”, refirió.
El segundo momento Sandino lo calificó como “una distorsión de los Acuerdos de Paz” en referencia a las reformas constitucionales para implementar los compromisos en Guatemala.
“Las 54 reformas que planteó, al final distorsionaron el objetivo principal y se convirtieron en las reformas que promovía el gobierno de turno; además esas reformas, presentadas en una coyuntura preelectoral casi fueron un rechazo social que había en contra de Arzú por la privatización de los servicios”, agregó.
Sin embargo, la ratificación de los acuerdos sería un compromiso para todos los gobiernos posteriores. Con este fin fueron creadas distintas instituciones, como la Secretaría de la Paz (Sepaz) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), y la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, instituciones que dejarían de operar en julio de 2020, al ser eliminadas por el presidente Alejandro Giammattei.
“Siempre hubo un sector que no estuvo de acuerdo y es por eso que se desmanteló todo eso relativo a los acuerdos. Esto como una restauración, digamos, de la situación anterior a lo vivido con la transición democrática y los Acuerdos de la Paz. Es un retroceso por parte del Estado en cuanto al tratamiento de esos temas, así lo calificaría yo”
Víctor Hugo Godoy, extitular de la Copredeh
.NECESIDADES SIGUEN DESATENDIDAS
Varios fueron los puntos en la agenda acordada de aquellos años que se resumen a lograr un contexto social más justo, relacionado con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente. Este último punto es uno de los varios que Godoy señaló de inconclusos a la fecha. “Un Estado que no puede sostener a sus habitantes con salud, educación y con justicia es un Estado fallido, prácticamente y para eso se necesitaba el tema fiscal que jamás se completó”, dijo.
También recordó que los gobiernos sucesores se han enfocado principalmente en los objetivos más superficiales, sin ahondar en las causas profundas de la guerra, el tema agrario y el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe.
Lo descrito es agravado, según el extitular de la Copredeh por un deterioro en el cambio de institucionalidad general del sistema democrático.
Las críticas que envuelven esta fecha han sido orientadas principalmente al cuestionamiento anterior, como refirió el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas en un comunicado: “ninguno de los gobiernos los asumió como compromiso de Estado, por esa razón la agenda de transformaciones no se cumplió y la inmensa mayoría de las víctimas no fueron resarcidas”.
En cuanto al gobierno actual, el magistrado de conciencia describió una recesión en los 25 años desde la firma, pues además de desmantelar la institucionalidad de la paz, durante el periodo de Giammattei la Constitución ha sido transgredida reiteradamente, sin consecuencias para los responsables; la corrupción, la impunidad y la violencia se han acrecentado e internacionalmente “el país ha dado la espalda a sus compromisos multilaterales y está quedando excluido del concierto de las naciones democráticas”.
QUE QUEDA PARA LA SOCIEDAD
El proceso de debilitamiento de los Acuerdos de Paz ha condicionado un panorama de violencia y crimen organizado en Guatemala. “En 25 años nos convertimos en uno de los países más desiguales de América Latina como una consecuencia de incumplir los Acuerdos de Paz. No se ha podido bajar la pobreza y justamente las consecuencias son más migración y desigualdad. Sigue siendo la paz la agenda pendiente de implementar en aspecto de seguridad”, planteó Sandino Asturias.
La juventud guatemalteca, pese a no haber padecido la guerra en carne propia, es susceptible a un compromiso que nunca fue concebido por los gobiernos de los últimos 25 años. Cabe destacar que los 12 acuerdos firmados no contemplan a la juventud como un sujeto; de todos modos, la investigadora social Silvia Trujillo identificó a esta como uno de los tres grupos en la sociedad que continúan esperando el cumplimiento de los acuerdos.
“Hay identidades que se supone que hacen avanzar los derechos de la juventud, pero en concreto, al analizar los indicadores no sucede”
Silvia Trujillo, investigadora social
Lo anterior es proporcional a la falta de oportunidades para la juventud aquí y la búsqueda de dichas garantías en otros países, impulsada por la violencia estructural que aqueja al país. “La migración es una de esas puertas, pero que al final no siempre es una salida porque mucha gente muere o queda endeudada toda la vida”, además de las personas que son retornadas en el trayecto (más de 17,000 desde Estados Unidos en 2021).
Asimismo, las mujeres y los pueblos indígenas siguen siendo grupos que no han sido reivindicados desde la firma. En el caso de las mujeres, Trujillo recordó que este fue uno de los primeros acuerdos firmados con enfoque de género, pero luego de 10 años de creación de leyes e institucionalidad, nuevamente la falta de voluntad política resalta que tales objetivos no han sido cumplidos tal cual se pretendía.
Desde otra perspectiva la antropóloga Sandra Xinico Batz señaló que los grupos vulnerables continuarán siendo afectados mientras los problemas sociales no sean abordados.
“Son una acumulación de problemas que no se resuelven. No estamos viendo un enfrentamiento; sin embargo, vemos la cantidad de mujeres que mueren de forma violenta, de niños desaparecidos, los desplazamientos forzados. Todos esto demuestra que este es un país violento y eso no puede ser una sociedad en paz”, se lamentó.
