Asociaciones presentes en una conferencia de prensa realizada este día señalaron que, durante el Estado de Sitio en El Estor Izabal, se han cometido varias violaciones a Derechos Humanos, mientras Evelyn Blanck, coordinadora del Centro Civitas comentó el caso de Carlos Choc, corresponsal de Prensa Comunitaria, cuyo equipo de trabajo fue despojado.
Blanck describió que esta mañana agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron la casa del periodista, quien ha documentado el impacto de la industria extractiva en el país. Además, Prensa Comunitaria publicó que el celular y micrófono de Choc fueron confiscados por los agentes.
“Esto se suma a una serie de delitos cometidos por el Estado en esta intervención en El Estor. En las primeras horas de la mañana se ha recibido información muy confusa de parte de las autoridades y ya el PDH en un comunicado ha confirmado estos allanamientos”, dijo la coordinadora del Centro Civitas.
Blanck resaltó que estos hechos se suman a una serie de delitos contra periodistas durante la administración de Alejandro Giammattei, por lo cual solicitó a la comunidad internacional acompañamiento en el caso.
“Solicitamos a la comunidad internacional acompañamiento en esta situación, la cual consideramos muy difícil”, comentó.
DETALLAN LA AUSENCIA DEL ESTADO DESDE 2017
Nelton Rivera, periodista de Prensa Comunitaria, contó que desde 2017 el medio ha dado cobertura a la extracción minera en Izabal. El periodista resaltó que desde años atrás, ha existido una notoria ausencia del Estado de Guatemala.
“Prácticamente es un municipio en el que la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- es un Estado dentro de otro Estado y (es) más preocupante aún que las fuerzas de seguridad hayan realizado un operativo que representa miles de quetzales de los fondos públicos e ilegal”, narró.
Rivera aseguró que durante las protestas no se respetaron los derechos de los manifestantes e informó que fueron allanadas las casas de dos de los tres corresponsales del medio en El Estor. “Nos preocupa porque el sistema de justicia en Izabal está comprado por la Compañía de Níquel y que posiblemente habrá consecuencias legales por el simple hecho de publicar lo que en realidad ocurre”, agregó.
El poder de la CGN, según el periodista, es tan significativo que asegura que fue efectuado un operativo para proteger a un proyecto sin licencias, pues en junio del 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la suspensión del proyecto minero Fénix a cargo de esta compañía.
RESPONSABILIZAN AL MEM, MINGOB Y EL PRESIDENTE
Por otro lado, el diputado Aldo Dávila recordó las agresiones por parte de la PNC en noviembre del 2020 y utilizó esto como parámetro para determinar qué tan lejos pueden llegar las medidas del Ministerio de Gobernación (Mingob) a cargo de Gendri Reyes.
“Ya no hay una institucionalidad, ya no hay respeto por la vida y tienen ahí al servicio a Gendri Reyes, que sabemos, cómo acciona a favor de Alejandro Giammattei; nos queda muy claro a raíz del 21 y 28 de noviembre”, refirió.
Asimismo, Dávila y otra representante solicitaron apoyo de la comunidad internacional para auxiliar al “Estado fallido” de Guatemala.
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Por otro lado, condenaron al Ministerio de Energía y Minas (MEM), en especial al viceministro Oscar Pérez por supuestamente violar el proceso de preconsulta ordenado en los convenios internacionales y la resolución de la CC.
“Este Estado protege intereses espurios, ahora defendiendo una mina ilegitima y lesiva”, dijo.
Por último, un líder del Comité de Unidad Campesina (CUC) agregó que la lucha de las comunidades ha sido orientada a los derechos ambientales y humanos de la comunidad.
“El Ministro de Energía y Minas está tratando de montar un proceso de consulta entre ellos mismos, inclusive el viceministro Oscar Pérez ha dicho que nadie lo ha convencido que el proceso deba realizarse de otra forma”, expresó.
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Artimaña evidencia que tienen votos necesarios para el Presupuesto 2022 ?? [https://t.co/OWVTlJnH9K] pic.twitter.com/tard62BJpX— Diario La Hora (@lahoragt) October 26, 2021