Recientemente los medios de comunicación, usuarios en redes sociales y el público en general han reactivado la conversación en torno al caso Odebrecht, uno de los mayores planes transnacionales de soborno descubiertos en Latinoamérica.
Al ser un caso bastante extenso, el abogado Luis Fernando Bermejo Quiñónez quiso recordar en la columna de opinión «El “Caso Odebrecht”: cuando lo complejo se quiere hacer ver simple» el verdadero enfoque que debería darse al análisis del caso, el cual no puede definirse tan simplemente como un fraude vial sino como una red de corrupción que se extendió, incluso hasta Guatemala.
El caso Odebrecht fue descrito por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. como una red de sobornos en al menos 10 países, incluyendo Guatemala. Odebrecht, una empresa brasileña dedicada a la industria constructora, de energía e inmuebles pagó al menos US$788 millones en sobornos para obtener varios millones en contratos de empresas estatales entre 2001 y 2016.
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CSJ autorizó diligencias por el Caso Odebrecht 👉 [https://t.co/MErPl0nXMS] pic.twitter.com/GXH2kyhjoL— Diario La Hora (@lahoragt) September 29, 2021
Asimismo, la empresa se dedicó a ocultar, disfrazar y gestionar el dinero indocumentado para ser utilizado en pagos indebidos a políticos y partidos políticos en toda América Latina. El dinero se utilizó principalmente para apoyar campañas y garantizar a la empresa ventajas indebidas en futuras licitaciones y contratos públicos, según un documento de la comisión estadounidense.
LA SIMPLICIDAD DEL DISCURSO
En una columna publicada por La Hora, Luis Bermejo sustrajo tres afirmaciones comentadas en los últimos días:
2. Críticas a los términos del convenio de colaboración eficaz entre personeros de Odebrecht y la FECI, la falta de participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el mismo, y otras entidades
3. La ausencia de Juan Francisco Sandoval a una conferencia de fiscales para asistencia en el caso como un elemento que prueba negligencia en el caso
Asimismo, desarrolló cada punto en su escrito.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN VIAL
La primera afirmación expuesta por Bermejo es que Odebrecht no construyó una carretera contratada y que al Estado guatemalteco le ha costado perder $388 millones. Aunque es cierto que no se completó la construcción inicialmente contratada, el experto detalló con más profundidad las implicaciones de ello.
En primer lugar, refirió que el Congreso de la República aprobó el Decreto 29-2012, por el cual se aprobaban los préstamos a ser otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) por los montos de $119.4 millones y $280 millones, respectivamente.
Ambos prestamos servirían para financiar la construcción del proyecto “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente, Cocales – Tecún Umán” por un monto estimado en 2011 de $384,361,901.65 para su ejecución en 36 meses.
El artículo 4 del decreto del Congreso facultó al Ministerio de Comunicaciones para suscribir el contrato con Odebrecht, mismo que en el Anexo 3 y sus Apéndices estableció que los materiales de la carretera debían durar 10 años. Menos de un año después se adicionó los términos “Diseño de Pavimento” y “Estructura del Pavimento”. Para ambos términos se indicó que debían cumplir con los niveles de servicio a lo largo de 20 años, entre otras especificaciones.
“Lo anterior fue una modificación sustantiva que elevó el costo de la obra tal como consta en Guatecompras bajo NOG 2425556”, explicó Bermejo. En ese NOG se pueden verificar los documentos de cambio, ordenes suplementarias de trabajo y acuerdos de trabajo extra, entre otros, que elevaron en decenas de millones el valor de la obra, aunado al ajuste del Valor Original Ajustado de la Obra (VOAC) al multiplicar por 1.21% el costo original.
“Todo esto con el aval de las autoridades de MICIVI, los bancos y Odebrecht”, distinguió el profesional. Señaló que el desembolso financiero de la obra ronda en el 71% y el avance físico vis a vis de la “obra originalmente contratada” varía un 34%.
Indicó que es por ello que se cree erróneamente que la obra no existe, “cosa que no es cierto, ya que incluso el MICIVI de Aldo García en el gobierno de Jimmy Morales, según se ha reportado por la prensa, llegó a un “acuerdo feliz” con la empresa para liberar el proyecto a cambio de pagarle aprox. $65 millones”, agregó.
Bermejo sugirió investigar si hubo alguna intención criminal en la modificación del proyecto contratado, pero, sin evidencias de incumplimiento o fraude directas en la ejecución y con un acuerdo de arbitraje de por medio, “poco o nada podía hacer el MP en esa materia”.
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EFICAZ
Bermejo Quiñonez abordó este punto refiriendo que la Ley del Crimen Organizado permite al Ministerio Público (MP) celebrar acuerdos de colaboración eficaz con imputados. Agregó que se ha objetado que Juan Francisco Sandoval, extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) viajó a Brasil con ese propósito.
No obstante, Bermejo expuso que en el informe de la OCDE “Resolving Foreign Bribery Cases with Non-Trial Resolutions” se describe cómo los acuerdos de Odebrecht y Braskem con EE. UU., Suiza y la Fiscalía brasileña establecían obligaciones de cooperación con otros países, así como de informar sobre acusaciones en el extranjero para aplicar el principio no poder ser procesado dos veces por lo mismo, ya que muchos de los implicados, como los colaboradores, estaban siendo procesados en Brasil y tenían restricciones de viaje.
“¿Cómo se obtendría la colaboración sin que viajara?”, cuestionó Bermejo. “Aparte, no podían ser sujetos a proceso por los mismos hechos, por ello el otorgamiento de criterio de oportunidad. Por otro lado, el acuerdo con PGN sí fue impugnado por dicho ente al ser aprobado por la Juez Claudette Domínguez (no por Ericka Aifán) pero se hizo con un recurso inidóneo”, agregó.
NEGLIGENCIA DE LA FECI EN SEGUIMIENTO AL FRAUDE VIAL
Bermejo mencionó que algunas personas han contextualizado el suceso como un caso de negligencia por parte de los fiscales de FECI en perseguir un fraude en una obra civil.
El experto formuló que el acuerdo de colaboración eficaz fue aprobado en audiencia por videoconferencia mientras Juan Francisco Sandoval estaba en Brasil y se realizó con presencia de defensores, partes, el Instituto de Defensa Pública Penal, intérpretes e incluso oficiales consulares de Guatemala en Brasil. “El acuerdo no fue ‘oscuro’ como se presente argüir y a la fecha es válido”, comentó.
También consideró cuestionable indicar que por no haber asistido a una reunión de fiscales se haya perdido la oportunidad de reclamar. “De hecho, nuevamente en fuentes públicas se puede encontrar que Juan Francisco Sandoval sí asistió a una conferencia de fiscales en Panamá en octubre 2017. De la misma forma, se recibió en dicho año la respuesta de colaboración a la Fiscalía de Brasil. No parece justificado tanto revuelo por una sola conferencia teniendo la asistencia de las Fiscalías de EE. UU. y Brasil para la investigación”, agregó.
Sumado a lo anterior, Bermejo recordó que en su momento se discutió sobre las “champurradas” durante el gobierno Patriota, un pago a funcionarios por medio de maletas. Se comentaba a su vez que estos pagos servirían para aprobar los préstamos del BCIE y BNDES. En ese sentido, el columnista consideró pertinente que el MP investigue si existió este esquema ilícito y si las modificaciones al proyecto de construcción están relacionadas a la dinámica de Odebrecht.
“Por lo anteriormente expuesto, lo que claramente se ha podido establecer es una estructura de sobornos a funcionarios y políticos plenamente identificados (Baldizón, Batres y Sinibaldi a través de testaferros) para agilizar el pago de estimaciones sobre la obra depositados en entidades fuera de plaza por medio de bancos extranjeros”, concluyó.
