Esta mañana al punto de las 9:00 horas organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la Corte de Constitucionalidad (CC) para presentar un amparo en rechazo a la Política de Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia, aprobada en el acuerdo gubernativo 149-2021. Los representantes argumentaron que la normativa “en pro de la vida y la familia” excluye perfiles de la sociedad guatemalteca.
Esta acción fue presentada por mujeres del Grupo Multidisciplinario, Agenda Política Mujeres en la Diversidad (APMD), Grupo Intersectorial de Guatemala y Mujeres Transformando el Mundo. Ellas impugnaron en asesoría del profesional Edie Josué Cux García, de Acción Ciudadana.
POLÍTICA RESTRINGE DERECHOS
El recurso se centra en que la ley de Protección a la Vida e Institucionalidad de la Familia restringe derechos ciudadanos y humanos de Guatemala. “Dicho acto supone serias restricciones a los derechos de interés superior de la familia, violación al principio de extralimitación de interés superior del niño, educación integral en sexualidad, libre acceso a la información y dignidad humana”, consigna el documento.
Edie Cux de Acción Ciudadana con el acompañamiento de organizaciones de mujeres, presentaron esta mañana un amparo ante la CC en rechazo a la Política de Protección de la vida y la Institucionalidad de la Familia.
?: José Orozco/LH pic.twitter.com/L7UmqNGOZT
— Diario La Hora (@lahoragt) August 22, 2021
“Creemos que es obligación de los magistrados analizar lo que la Constitución establece porque lo que está en peligro es esa falta de reconocer la realidad de Guatemala; hay familias de madres solteras, padres solteros, niños huérfanos que no son tomados en cuenta en esta política”, expresó Edie Cux.
Asimismo, se indicó que otros derechos violados en la política de protección a la vida y la familia son:
– Libertad de acción
– Educación integral
– Derecho a una vida digna
– Derecho a vidas libres de violencia
Señalaron, además, que los actos reclamados en el amparo causan agravias “a nuestros derechos como ciudadanas establecidas en la Constitución como lo son los derechos de seguridad, certeza jurídica, igualdad, legalidad, preeminencia de nuestros derechos humanos y de la niñez y adolescencia”.
SE LIMITA A UN SOLO MODELO DE FAMILIA
En una sección del recurso destaca que la política reduce el concepto de familia, dejando fuera a “familias monoparentales, familias ampliadas o familias sustituidas, violentando de esta forma el derecho a la familia que establece el artículo 47 de la Constitución Política de la República”.
Argumentaron que “incluso la misma Corte de Constitucionalidad se ha manifestado y ha reconocido las distintas formas de familia que no se limitan al matrimonio”.
DEJA DE LADO LA EDUCACIÓN SEXUAL
La impugnación también describe que la intención de la política “carece de criterio para definir directrices respecto a la educación sexual de la niñez y adolescencia, especialmente en tomar en cuenta la integridad de esa educación”.
Asimismo, destacó que la política invisibiliza a personas vulnerables como las mujeres. pic.twitter.com/w1drYWCsan
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“Esta política hace uso sesgado, obviando a todas las personas que existen en sus diversidades”, dijo la representante del Grupo Multidisciplinario; “tiene un lenguaje que invisibiliza”, agregó.
Asimismo, resaltó que la normativa “no prioriza la educación integral en sexualidad”, al igual que “no plantea resolver aspectos más complejos a problemáticas como violencia sexual, embarazos en niñas y adolescentes”.
