Hoy la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) compartió el análisis de cuatro expertos de esa institución y la Organización de Estados Americanos respecto a las reformas a la Ley de Oenegés en Guatemala, misma que consideran viola las normas internacionales de derechos humanos y podría criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general.
Entre los analistas citados están los relatores especiales Clément Voule, del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Irene Khan, de la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Mary Lawlor, de la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Todos integrantes de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También se tomó en cuenta el análisis de Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según expertos de la ONU y la OEA, la nueva ley de Guatemala dirigida a las ONG viola las normas internacionales de derechos humanos y podría criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general. pic.twitter.com/XxhQMdnSCj
— Diario La Hora (@lahoragt) July 1, 2021
LA NORMATIVA ES INCONGRUENTE CON LA LEY INTERNACIONAL
La ley entró en vigor el 21 de junio de 2021 después de que la Corte de Constitucionalidad anulara las impugnaciones contra ella. Según los consultados, los cambios en la ley son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, específicamente con los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Con la nueva ley, el Poder Ejecutivo del Estado adquiere amplios poderes discrecionales para disolver las ONGs si sus actividades ‘alterasen el orden público’, y para procesar a sus directivos”, describieron los analistas.
Los relatores agregaron que este es el último paso en la erosión del espacio cívico y del Estado de Derecho en el país, que además tiene el potencial de revertir los avances legales realizados en materia de libertad de expresión. Esta ley, para los relatores se produjo en un contexto de crecientes ataques y declaraciones estigmatizantes contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
ATENTA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA SOCIEDAD
“La nueva y controvertida ley de Guatemala dirigida a las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) viola las normas internacionales de derechos humanos y podría criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general”, dijeron hoy los expertos de la ONU y OEA.
Según los profesionales los cambios introducidos por esta normativa pueden “asfixiar” el trabajo vital de la sociedad civil. “Estamos especialmente alarmados por las disposiciones que otorgan al Gobierno un amplio margen para controlar a las ONGs, supervisar su financiación y, en algunas circunstancias, hasta disolverlas”, declararon.
Además, indicaron que la disposición legal da posibilidad a la imposición de “límites arbitrarios” a las actividades de las Organizaciones no Gubernamentales, las cuales podrían utilizarse para criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general.
Los expertos recordaron que es el deber de las autoridades el respaldar los derechos de la sociedad civil.
“Instamos a las autoridades a que garanticen la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, dado el papel fundamental e instrumental que desempeñan en las democracias, y a que se abstengan de utilizar la Ley de ONGs para restringir el espacio democrático y limitar la labor de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos”, concluyeron los profesionales.
