Más de 80 organizaciones y unas 17 personas individuales pidieron en un campo pagado la ratificación urgente del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, firmado para su adopción en Guatemala el 4 de marzo de 2018, el cual el Congreso no tiene previsto aprobar como lo publicó La Hora el pasado sábado en una investigación.
El Acuerdo con iniciativa ambiental busca la confianza en las decisiones, promueve que las personas participen informadas, accedan a los espacios de toma de decisiones y a la justicia en asuntos ambientales, promoviendo mayor cohesión social y prevención de los conflictos en el país. Este recurso que ha sido ratificado por 12 países de Latinoamérica y el Caribe, entró en vigor el pasado 22 de abril de 2021 en el Día Internacional de la Tierra y en un año se realizará la primera Conferencia de las Partes, explicaron.
El pasado sábado, La Hora publicó el reportaje “Pacto en el Congreso para no aprobar cuatro leyes”, en el cual se describe que cuatro proyectos de ley seguirán relegados y no serán aprobadas en esta legislatura debido un acuerdo que existe entre la alianza oficialista del Congreso, entre ellas, el Acuerdo de Escazú. La Ley de Competencia, Ley de Aguas y Ley de Desechos Sólidos, serían las otras tres normativas que no contemplan avalar en el Legislativo.
Organizaciones guatemaltecas de la sociedad civil hacen un llamado al Congreso de la República para impulsar y agilizar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú. pic.twitter.com/wsx2lXIYqo
— Diario La Hora (@lahoragt) June 30, 2021
ORGANIZACIONES DESCRIBEN IMPORTANCIA
En el pronunciamiento resaltaron la importancia del acuerdo como un instrumento jurídico para la protección ambiental, lo cual a su vez fortalecería el accionar del Estado frente a problemáticas relacionadas al ambiente.
“La importancia del Acuerdo estriba en ser un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental y ser el primer tratado multilateral que reconoce la figura de la y el defensor ambiental. Por lo que siendo una obligación del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, el Acuerdo permitirá fortalecer la respuesta del Estado en función de ello”, expresaron.
Además, los participantes describieron que el Acuerdo de Escazú ofrece ventajas a los Estados miembro, como:
a) El fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos, como fin principal de una sociedad en democracia
b) La integración de valores e intereses comunes de sus Estados miembros para la protección ambiental c) La cooperación entre Estados y la cooperación sur-sur
d) La promoción de la democracia, la estabilidad regional y la prevención de conflictos socioambientales
e) La contribución a la gestión de recursos para el fortalecimiento de capacidades y al cumplimiento de compromisos internacionales.
En sentido de lo anterior, los firmantes señalan que el Congreso de la República tiene la oportunidad de impulsar la gobernanza ambiental, por ello pidieron impulsar y agilizar la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Además de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, que es suscriptor del Acuerdo, como una muestra del compromiso ineludible con los derechos humanos y la protección ambiental, las organizaciones demandaron la convocación de todos los sectores vivos del país para que reflexionen sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y expresen sus recomendaciones al respecto.
Piden también que se cumpla paulatinamente con la emisión de la legislación complementaria para introducir los estándares que el Acuerdo establece en referencia al acceso a la información, acceso a la participación y acceso a justicia en asuntos ambientales, legislando para proveer medidas de prevención y protección a las personas defensoras ambientales, “garantizando con ello, la vida, la seguridad, la justicia y el bienestar común de la población”.
Entre los representantes destacan Acción Contra el Hambre, Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad (ACCI), Asociación Civil Colectivo Madreselva; unidades y dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala como su Centro de Aprendizaje de Lenguas (CALUSAC), el Centro del Nor Occidente (CUNOROC) y el Centro del Quiché (CUSACQ).
También participó el Instituto de Derecho Ambiental A.C. de México, Protection International Mesoamérica y Living Water International, entre otros más.
