Esta mañana a través del Sistema Electrónico de Expedientes de la Corte de Constitucionalidad (SIECC) Alianza por las Reformas y Acción Ciudadana presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 4-2020, el cual establece reformas a la Ley de ONG’s en Guatemala y contempla la clausura de organizaciones no gubernamentales que utilicen fondos en actividades que “alteren el orden público”.
“Ante la entrada en vigor del Decreto 4-2020 reformas al decreto número 2-2003 del Congreso de la Republica, Ley de Organizaciones No gubernamentales para el Desarrollo, el día de hoy hemos presentado una acción de Inconstitucionalidad General en contra de la normativa mencionada”, comunicaron las agrupaciones.
Alianza por las Reformas y Acción Ciudadana consideran que el Decreto 4-2020 es una norma inconstitucional “debido a que establece procedimientos sumarios que permiten al gobierno cancelar de forma discrecional a las organizaciones no gubernamentales, limita el libre ejercicio del derecho de asociación y las condenan, incluso a una muerte civil sin proceso de defensa previo, violentando tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala”.
Acción Ciudadana y Alianza por las reformas presentaron esta mañana una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 4-2020 que contempla la clausura de organizaciones de la sociedad civil. https://t.co/GX8Uyh7d0y
— Diario La Hora (@lahoragt) June 21, 2021
En su comunicado ambas entidades comparan este tipo de normativas con decisiones autoritarias tomadas en Venezuela y Nicaragua, cuyo fin, aseguran, es impedir el ejercicio ciudadano de las organizaciones que son críticas de las deficientes políticas del gobierno y que constituyen un retroceso en las prácticas de fortalecimiento democrático.
“Solicitamos a la Corte de Constitucionalidad que resuelva esta y las demás acciones de inconstitucionalidad que se presentaran en contra de la normativa señalada de forma objetiva, atendiendo a los principios constitucionales y al bloque de constitucionalidad que impera con el Estado de Guatemala”, destacaron las agrupaciones.
Según la imagen publicada por la organización, el documento fue recibido en el sistema de la Corte de Constitucionalidad (CC) a las 7:41 horas de este lunes y a partir de ese momento se inició el trámite correspondiente en el tribunal.
LEY DE OENEGÉS COBRARÍA VIGENCIA ESTE LUNES
El 15 de junio la CC comunicó que se notificó a las partes que solicitaron una acción de aclaración y ampliación solicitada por la Fundación Myrna Mack con relación a la resolución de la máxima Corte de revocar el amparo que detenía las reformas a la Ley de ONG´s. Del mismo modo se notificó al Organismo Ejecutivo y Legislativo. Además, la Corte de Constitucionalidad declaró que las reformas cobrarán vigencia este lunes.
El 12 de mayo, la CC rechazó en definitiva los amparos planteados en contra del Congreso de la República y del presidente Alejandro Giammattei por la aprobación de reformas a la Ley de Oenegés. En esa ocasión los magistrados también revocaron un amparo provisional otorgado el 2 de marzo a favor de varias organizaciones sociales que se opusieron a estas modificaciones.
NORMATIVA PERMITIRÍA EL CIERRE DE ONG’S
En febrero de 2020, la alianza oficial planteó las reformas a la Ley de Oenegés, donde se habilitaría la fiscalización de todas las ONG’S en Guatemala, además de su anulación por decisión gubernamental si se considera que las agrupaciones alteran el orden público, asimismo, se sancionará legalmente a los directores de las entidades “infractoras”.
En su artículo 15 se estableció que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Si una ONG utiliza donaciones o financiamientos externos para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y sus directivos responsables, serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente, en el entendido que la ONG cancelada, no podrá operar bajo esa denominación. El reglamento desarrollará lo referente al proceso de cancelación”.
