La Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas junto a Control Risks crearon un índice de capacidad para combatir la corrupción en países. Este se basa en la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir este flagelo. En la tercera edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado hoy, Guatemala se posicionó en el puesto 13 de los 15 países evaluados, es decir que es el tercer peor país en el combate a la corrupción.
Los países que comprenden la lista son Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, México, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Venezuela.
En esta estimación se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados, mientras que la impunidad continúa es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala.
Los calificados como mejor capacitados en la lucha contra la corrupción son Uruguay con 7.80 puntos, Chile con 6.51 y Costa Rica con 6.45.
El CCC toma en cuenta catorce aspectos clave como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.
Guatemala ocupa la casilla trece de las quince naciones tomadas en cuenta, solo está por encima de Bolivia y Venezuela, con una calificación de 3.84/10.
Desde el 2019 Guatemala ha presentado un descenso constante en el CCC, en ese año su puntaje rebasaba los 4.5 puntos; en 2020 bajó a poco más de los 4 puntos; ahora ya está por debajo de los 4, con una diferencia de 0.20 en comparación al año anterior.
Según el análisis individual del índice, el país cayó del 11º puesto al 13º y su puntuación global continuó una tendencia a la baja, cayendo un 5% en el 2021 y un 16% desde 2019.
La calificación se basa en un promedio entre tres categorías de diez puntos cada una: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, sociedad civil y medios de comunicación. En la primera categoría -capacidad legal- el país obtuvo una calificación de 3.75 puntos; en la segunda –democracia e instituciones políticas– obtuvo el resultado más favorable con 5.43 puntos; por último, en sociedad civil y medios de comunicación tuvo la peor cifra, una de 3.12.
CAPACIDAD LEGAL DE GUATEMALA EN CIFRAS
Dentro de la capacidad legal se indicó que hubo gran cooperación internacional durante el 2021 en materia de orden público. De esas subcategorías se encontró que las más bajas fueron Independencia y recursos de la fiscalía general y de los agentes de investigación e Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción.
Para el CCC los esfuerzos anticorrupción han disminuido desde 2019, cuando se disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU. Además, se tuvo un descenso del 9% en la categoría de capacidad legal y la variable que mide la independencia y la eficiencia de las agencias anticorrupción se desplomó un 32%.
El Consejo de las Américas y Control Risks acotan que en enero del 2020 el presidente Alejandro Giammattei creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, un organismo que funciona bajo el control del Poder Ejecutivo y que no ha realizado grandes investigaciones, no obstante, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) ha realizado la mayoría de investigaciones anticorrupción, a pesar de los limitados recursos financieros que tiene y de la presión política.
CONTEXTO DE LAS DEMOCRACIAS E INSTITUCIONES POLÍTICAS
En el campo de democracias e instituciones políticas se determinó que la calidad general de la democracia es por poco mayor a los 5 puntos; la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas está casi en 3 puntos y los procesos legislativos y de gobierno son los menos efectivos con aproximadamente 1 punto sobre 10.
El CCC señaló que el descenso del 11% en cuanto a independencia y eficiencia judicial se debe a una controversia en la Corte de Constitucionalidad (CC) ocurrida en abril de 2021, cuando el Congreso de la República se negó a juramentar a Gloria Porras para su gestión de los próximos cinco años, caso que recibió atención internacional.
CIUDADANÍA ES LA MÁS EFECTIVA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
En este índice se refleja que la sociedad civil y medios de comunicación son los sectores más efectivos en la lucha contra la corrupción, contrario a los mismos gobiernos e instituciones del Estado. La calidad de la prensa y del periodismo de investigación tiene una calificación de casi 7 puntos; las comunicaciones digitales y en redes sociales tienen alrededor de 5.5 puntos; las mejoras en la educación fueron calificadas con casi 5 puntos; y movilización de la sociedad civil contra la corrupción tuvo poco más de 4.5 de calificación.
Aunque la variable de la movilización de la sociedad civil de Guatemala sufrió un retroceso del 7%, una serie de protestas condujeron a cambios en las políticas públicas. Según el estudio, las redes sociales fueron clave en la organización de estas manifestaciones, y el país experimentó una mejora del 11% en su variable de comunicación digital.
CCC: SEGÚN PRONÓSTICO, ÉLITES SE OPONDRÁN A INICIATIVAS ANTICORRUPCIÓN
El pronóstico final del Consejo de las Américas y Control Risks prevé que posiblemente la clase política dominante y las élites empresariales continuarán oponiéndose a los esfuerzos anticorrupción, como sugieren los intentos pasados para desmantelar la FECI y para bloquear investigaciones sustanciales.
En esta previsión del CCC los jueces y fiscales independientes seguirán enfrentándose a las amenazas de políticos e individuos influyentes que buscan socavar su trabajo, asimismo las prácticas corruptas en Guatemala se enfrentarán a un mayor escrutinio internacional, sobre todo por parte de los Estados Unidos. “El gobierno de Biden está vigilando de cerca la corrupción en el Triángulo Norte y podría sancionar a individuos corruptos de la región con herramientas como la venidera Lista Engel o la Ley Global Magnitsky”, consignaron.
DETERIORO AGRAVIADO POR LA PANDEMIA
Para las organizaciones que crearon el índice la pandemia del coronavirus causó un descuido en el combate a la corrupción en toda América Latina. “La lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año. En varios países, la pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores”, expresaron.
En relación a lo anterior, la corrupción durante el 2020 y parte de 2021 ha reflejado falencias de las naciones principalmente causadas por la corrupción: sistemas sanitarios deteriorados, crisis económica, alta cantidad de fallecimientos. “Mientras los gobiernos realizan cuantiosos gastos de emergencia para ayudar a los más vulnerables, la reducción de la vigilancia ha contribuido a la opacidad en las adquisiciones públicas y al gasto excesivo en equipos de protección, respiradores y otros suministros médicos”, agregaron.
Guatemala no fue la excepción a esta problemática, pues en el CCC se acota que a finales de 2020 los ciudadanos protestaron contra la falta de transparencia en las adquisiciones urgentes para cubrir la pandemia, lo cual obligó al gobierno a archivar un plan presupuestario ampliamente criticado.
Al concluir su análisis, Control Risks y el Consejo determinaron que el continuo descontento de los ciudadanos con la mala gestión de la pandemia por parte del Estado podría reavivar las manifestaciones antigubernamentales.
