La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es una entidad que ha sido fuertemente criticada por sus relatores, quienes han sido señalados de accionar en beneficio algunas figuras públicas.
A pesar de ser una institución cuestionable, políticos y jueces están entre los que buscan ser relatores contra la Tortura; además, algunos de sus integrantes también han recibido señalamientos, como es el caso de los relatores Carlos Solorzano y Lesther Castellanos. Sin embargo, por este cargo reciben más de Q40 mil al mes de salario.
PRESUPUESTO QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN
En las audiencias del Congreso para discutir el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024, se conoció que la Oficina contra la Tortura tiene para el 2023 asignado un presupuesto de Q33 millones.
Y, para el 2024 también se contempla una asignación presupuestal similar a la de este año, de Q33 millones.
EL SALARIO DE LOS RELATORES TITULARES
De acuerdo con la nómina de trabajadores de la Oficina contra la Tortura, correspondiente al mes de octubre, los salarios de los relatores titulares son los siguientes:
Lesther Castellanos Rodas, presidente, Q54 mil 596.45.
Gloria Margarita López Rodas de Corado, Q44 mil 090.07.
Alfredo Sánchez Chinchilla, Q46 mil 809.09.
Jeniffer Alejandra Aldana García de Isalez, Q45 mil 985.22.
Carlos Alberto Solórzano Rivera, Q46 mil 176.91.
Para el cargo de presidente, el relator obtiene un bono de Q10 mil, que se le suma a su sueldo.
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RELATORES CUESTIONABLES
El relator contra la Tortura, Lesther Castellanos Rodas, denunciante del proceso en contra de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, tiene a cargo la presidencia de dicha entidad.
La Hora dio a conocer que Castellanos está ligado al núcleo cercano del presidente Alejandro Giammattei y es el intermediario para que Mynor Moto vuelva a ser funcionario.
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Moto es uno de los candidatos a relatores contra la Tortura del proceso actual de elección que esta a cargo del Congreso.
Moto fue acusado en los procesos penales “Libramiento de Chimaltenango” y “Comisiones paralelas”, por los que estuvo prófugo varias semanas luego de no poder asumir como magistrado en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Asimismo, La Hora reveló que Carlos Solórzano, y el juez Víctor Cruz Rivera, son hermanos de madre y el primero ha sido descrito como operador del empresario Alejos por ConCriterio, en función de un audio al que ese medio tuvo acceso.
Solórzano aceptó que se reunió con Alejos en la prisión militar Mariscal Zavala.
“En una de las visitas que me correspondió hacer en Mariscal Zavala, tuve la oportunidad de estar con las personas, fui a visitar al señor Diego Chacón Yurritia”, afirmó en su momento.
En el 2018 la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra la entonces relatora contra la Tortura, Silvia Villalta, por considerar que varias manifestaciones vertidas en informes y en recomendaciones relacionadas a la exdiputada Mirza Arreaga son falsas.
Villalta también es candidata a relatores contra la Tortura del actual proceso de elección a cargo del Congreso.
RELATOR JUEZ Y MAGISTRADO
Asimismo, Castellanos sumo un cargo más. En el Organismo Judicial (OJ), el profesional del derecho tendrá un espacio como magistrado suplente en la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, y afirmó que no ejerce la judicatura porque se encuentra en una situación de excedencia.
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¿QUÉ HACE LA OFICINA CONTRA LA TORTURA?
La Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de manera textual dice:
“La presente Ley crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, en adelante el Protocolo Facultativo, como un órgano independiente, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, a través de un sistema de visitas periódicas a lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad”.
Además, el objetivo de la entidad es Impulsar los mecanismos de prevención que eviten las prácticas de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a nivel nacional, en el marco de los derechos humanos de los guatemaltecos, en observación de los tratados, convenciones y leyes nacionales, para fortalecer la convivencia pacífica y armoniosa de la sociedad.
