En vísperas de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, emprendió una serie de acciones en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la investigación que le realiza al partido Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas.
Las diligencias legales que pesan sobre el ente electoral iniciaron cuando Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, requirió la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla, la organización política con la que el presidente electo Bernardo Arévalo pasó a la segunda vuelta electoral y obtuvo la victoria el 20 de agosto último.
Fue el 12 de julio cuando Curruchiche informó que el juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, suspendió la personalidad jurídica de Semilla por un caso de supuesta falsificación de firmas. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al partido, permitiendo su participación en la segunda vuelta electoral, pero sin detener la investigación de la FECI.
A partir de ese momento, el Tribunal Electoral ha estado bajo fuego en lo que va de este proceso electoral.
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COMIENZAN LAS PRIMERAS ACCIONES CONTRA EL TSE
El 13 de julio, el MP allanó el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, con el objetivo de secuestrar información relacionada con el partido Semilla, como el expediente con el que se inició la investigación por una supuesta firma falsa.
Ese mismo día, el director general del RC, Ramiro Muñoz, presentó ante la Sala Primera de Corte de Apelaciones del Ramo Penal una acción de amparo en contra de la decisión del juez Orellana, de ordenar la suspensión de Semilla; Sin embargo, no le fue otorgado, porque la CC ya había resuelto sobre ese tema.
El 18 de julio la FECI fijó un plazo de 2 horas al RC para entregar un informe sobre la orden de suspender a Semilla, mismo que fue entregado; parte de la respuesta del TSE fue el amparo provisional que dio la CC al partido.
El 20 de julio, se conoció de la orden de captura girada en contra de Eleonora Noemí Castillo, subdirectora del RC del TSE, quien en ese momento fungía como directora general interina.
Además, ese mismo día el MP nuevamente realizó allanamientos en la sede de la entidad electoral.
A finales de julio, la FECI requirió al TSE el listado de nombres de aproximadamente 5 mil digitadores del sistema informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) contratados en las elecciones del 25 de junio, así como información sobre los sistemas digitales contratados.
El 31 de julio, la Fiscalía de Sección Contra Delitos Electorales requirió a magistrados del TSE información digital de los resultados electorales de Presidente, Vicepresidente, Diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano, así como de Corporaciones Municipales, además de los nombres de integrantes de Juntas Electorales Municipales y Departamento de Guatemala, y de las Juntas Receptoras de Votos.
ACCIONES DEL MP SUBEN DE TONO
El 1 de agosto, la presidenta del TSE, Irma Palencia, dio a conocer que son objetos de investigación, por parte del MP, con al menos 13 diferentes investigaciones en tres fiscalías distintas.
El 3 de agosto, la Fiscalía de Delitos Electorales realizó diligencias en el Centro de Tecnología y Equipamiento del TSE, ubicado en el Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, para tener acceso a todas las actas, debido a los distintos expedientes de investigación que se tienen con respecto al proceso electoral.
El 18 de agosto, a dos días de celebrarse la segunda vuelta, la FECI citó al encargado del despacho de la Dirección General de Informática del TSE, Jorge Santos Neill, para el 23 de agosto, después de las votaciones presidenciales.
Esto se dio después que Curruchiche lo acusara de supuestamente permitir que personas extranjeras tuvieran acceso al sistema informático de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
Sin embargo, el 23 de agosto, Neill no se presentó, por lo que se reprogramó para el viernes 25 de agosto.
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MP SE INTENSIFICA DESPUÉS DE LA SEGUNDA VUELTA
Solo dos días después de la segunda vuelta, la Fiscalía contra Delitos Electorales presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra del director general del Registro de Ciudadanos del TSE, Ramiro Muñoz, por el caso del partido Prosperidad Ciudadana (PC).
Así mismo, el 22 de agosto, la FECI amplió su solicitud de información de las elecciones generales. En varios oficios consta que se requirió a la presidenta del TSE, Irma Palencia, datos de la primera y segunda vuelta.
Este miércoles 23 de agosto, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó la solicitud de retiro de antejuicio en contra de tres magistrados del tribunal electoral: Irma Palencia, presidenta del TSE, Mynor Franco, y el magistrado suplente Álvaro Cordón; por denuncias que presentaron los abogados Giovanni Fratti y Pedro Cruz, por la inscripción de Manuel Baldizón, como candidato a diputado por el partido CAMBIO.
No obstante, el jueves 24 de agosto Cruz se apersonó al MP para desistir de esa denuncia.
Cabe mencionar, que el 24 de julio, ante consulta de esta Redacción, el MP aseguró que la FECI no tenía previsto requerir retiro de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
