El Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, es señalado de tener una estrategia para vigilar a los próximos trabajadores de esa entidad, la cual se ejecuta en una unidad, recién creada, que tiene como objeto analizar las contrataciones de su personal bajo criterios de probidad y transparencia. Sin embargo, esta acusación fue refutada por el ente investigador.
Una fuente con conocimiento de lo que está pasando, pero que pidió el anonimato por temor a represalias, denunció a La Hora que el MP, por medio de la Unidad de Análisis y Verificación, condiciona a las personas que están interesadas en optar a una plaza laboral, pues si desean continuar en el proceso de contratación, deben entregar las contraseñas de sus perfiles en redes sociales, como Facebook e Instagram. “Al parecer también el IMEI del teléfono”, agregó la fuente.
De acuerdo con la fuente, esta condicionante se hace de forma verbal y no por escrito, para que no exista constancia de ello.
- No deje de leer hoy: El poder de la esposa de F. Alejos, nominado por EE. UU., sobre Consuelo Porras
MP NIEGA SEÑALAMIENTOS
Por esta situación, el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón, explicó a La Hora, que la Asesoría de Análisis y Verificación del Ministerio Público forma parte de las acciones para el combate a la corrupción e impunidad desde lo interno de la institución, con la cual se busca garantizar la contratación de personal probo, íntegro y confiable con los más altos estándares de calidad, para brindar un servicio con calidad y calidez a la población guatemalteca.
“Nunca se piden contraseñas de las redes sociales de las personas, el proceso que se desarrolla es una verificación de las redes sociales”, agregó Pantaleón.
“Por ejemplo, el entorno social puede ser verificado por medio de las redes sociales que la persona proporciona en el formulario de primer ingreso, el cual firma y proporciona la autorización para verificar el entorno laboral, académico y social”, indicó el comunicador del MP.
Por ejemplo, por medio de redes sociales se verifica que la persona no tenga vinculación con grupos criminales, así como fotografías que puedan ser vinculadas con trata o pornografía infantil, que no tenga ventas de productos ilícitos, o cualquier relación con crimen organizado, aseguró.
“Es parte del proceso de verificación, sin embargo, nunca se piden contraseñas de redes sociales”, aseguró Pantaleón.
UNIDAD, QUE FELICITÓ EE. UU., VIGILARÍA A ASPIRANTES
El 9 de noviembre 2020, el MP presentó una iniciativa anticorrupción para la contratación de su personal, denominada “Asesoría de Análisis y Verificación”, cuyo objetivo principal es reclutar a profesionales probos, según lo dio a conocer la entidad.
“Como parte de las acciones de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, para el combate a la corrupción e impunidad desde lo interno de la institución, se presentó la Asesoría de Análisis y Verificación del Ministerio Público, con la cual se busca garantizar la contratación de personal probo, íntegro y confiable con los más altos estándares de calidad, para brindar un servicio con calidad y calidez a la población guatemalteca”, informó en ese entonces.
“Durante su discurso la doctora, Porras Argueta manifestó que con dichas acciones estamos dando pasos importantes para erradicar la corrupción, garantizando un acceso a la justicia oportuno y eficiente en beneficio de los intereses de la población, previniendo que la falta de acceso a una justicia pronta y cumplida se traduzca en impunidad”, agregó.
En la actividad participó el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William W. Popp, quien felicitó al MP por el proyecto.
“Un Sistema de Justicia que funciona bien es fundamental para atacar la corrupción y fomentar la transparencia, y promover la rendición de cuentas. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo que el Sistema de Justicia debe responder a estándares de transparencia en todo su actuar desde la gestión de procesos y del gasto, hasta la contratación de sus funcionarios públicos”, indicó en esa ocasión.
LA POLÉMICA DESTITUCIÓN Y CAMBIOS QUE ORDENÓ PORRAS
El 23 de julio, Porras destituyó de inmediato y sin previo proceso administrativo, a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Según el MP, la decisión fue porque la Fiscal General era “víctima de vejámenes” y no confiaba en el exfiscal.
Derivado de esa acción, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer públicamente, que perdían la confianza en Porras, además, suspendieron la ayuda al MP.
En un inicio Porras designó a Carla Valenzuela como jefa de la FECI, unos días después nombró a Rafael Curruchiche, exjefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, quien no logró que algunas investigaciones judiciales en contra de partidos políticos prosperaran.
De acuerdo con Sandoval, Valenzuela no aceptó plegarse a las decisiones arbitrarias de Porras.
El cambio inmediato en la jefatura de la FECI también fue criticado por el gobierno estadounidense, indicando que no agrega confianza en la capacidad del MP para investigar.
Porras también ordenó trasladar al auxiliar fiscal, Eduardo Pantaleón, de la Fiscalía Contra la Corrupción a la Fiscalía Liquidadora del MP. Esto después de revelarse las investigaciones en el Instituto de la Víctima que dirige Alejandra Carrillo, esposa del diputado Felipe Alejos, sancionado por Estados Unidos, por actos de corrupción.
