Por la decisión de la fiscal general, María Consuelo Porras de retirar del cargo de jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a Juan Francisco Sandoval, el director de la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, indicó que el Presidente Alejandro Giammattei y la jefa del Ministerio Público, pierden credibilidad.
“Jefa del @Mpguatemala Consuelo Porras destituye a fiscal a cargo de investigar la corrupción, incluyendo casos sensibles para el gobierno. La abrupta destitución del Dr. Juan Francisco Sandoval destruye la credibilidad de Giammattei y Porras en la lucha contra la corrupción”, detalló Vivanco en su cuenta oficial de Twitter.
Según un comunicado de prensa del MP, Porras destituyó a Sandoval con base en el artículo 251 de la Constitución y la ley orgánica de la institución, además, porque ha sido “víctima de vejámenes” y por falta de confianza en él.
El Director Ejecutivo, División de las Américas, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, indica que la destitución de Juan Francisco Sandoval destruye la credibilidad de Giammattei y Porras en la lucha contra la corrupción. https://t.co/bHk5AeohRl
— Diario La Hora (@lahoragt) July 23, 2021
SEÑALAN ILEGALIDAD
Al respecto, la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, explicó que tal acto es ilegal, puesto que la ley del MP establece que los fiscales son de carrera y las destituciones se hacen luego de comprobarse que ha cometido una falta muy grave, a través de un proceso disciplinario.
LEA: Paz y Paz explica por qué la destitución de Sandoval es un acto ilegal
POR PRESIÓN DE GIAMMATTEI
La Hora conoció que la acción de Porras responde a un pedido del Presidente Alejandro Giammattei.
No obstante, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, respondió a los medios que pidieron una postura sobre la decisión de la Fiscal General que: “el Ministerio Público es una entidad autónoma y de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala ejerce funciones autónomas de persecución penal, independiente de cualquier organismo o institución del Estado”.
Además, argumentan que, el ente investigador es una institución conformada bajo un régimen jerárquico, “únicamente sometida a la ley, por lo tanto, el Organismo Ejecutivo respeta su integración e independencia”.
