POR HEDY QUINO
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El Congreso de la República podría conocer la próxima semana la solicitud de antejuicio planteada en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, requerida por la Asociación Dignatarios de la Nación, financiados por el Legislativo. Esto a pesar de que el tribunal constitucional ha emitido amparos en las que cuales ha hecho ver que no pueden ser perseguidos penalmente por la resoluciones emitidas en el ejercicio de sus cargos.
El tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, indicó que el próximo lunes en la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque se podría informar a los diputados sobre dichos antejuicios. La Corte Suprema de Justicia notificó al Legislativo de este asunto.
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“La Junta Directiva tiene obligación de convocar a jefes de bloque para informarles, y poder hacerlo dentro de un plazo de ocho días y con eso fijar la sesión. Recordemos que esto ya estuvo así, pero en el camino surgió un amparo, lo cual dejó sin efecto ese procedimiento, eso es algo que todavía podría ocurrir y que eso nuevamente dejaría en suspenso todas esas actuaciones en el Congreso”, refirió Castillo sobre la conformación de la Comisión Pesquisidora.
La Pesquisidora se integrará por medio de un sorteo entre los 160 diputados: presidente, vicepresidente y tres vocales, quienes se encargarán de recomendar al pleno de diputados si es pertinente o no retirarles la inmunidad a los magistrados.
SIN EMBARGO, HAY PRECEDENTE
El 10 de octubre de 2019, el pleno de la CC integrada por los magistrados Dina Ochoa (reelecta por el mismo Congreso), Neftaly Aldana, María Cristina Fernández García, Mynor Par Usen y Henry Comte, dictó sentencia en los expedientes 162-2019 y acumulados, en donde se hizo acopio de la jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional sobre situaciones como estas.
Los togados otorgaron el amparo solicitado, haciendo referencia a que cualquier procedimiento iniciado que conlleve la persecución de los magistrados de la CC, por la emisión de fallos dictados en el ejercicio de su cargo, supone “la lesión al principio de independencia judicial contemplado en el artículo 167 de la Ley de Amparo y confunde los principios del Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.
En esa oportunidad, se le ordenó a la CSJ que, en futuras ocasiones, se abstuviera de admitir trámites de antejuicios contra los magistrados de la CC, relacionados con los fallos emitidos por dicha Corte.
Es decir que este antejuicio, debió ser rechazado in limine, tal y como en otras ocasiones han dictado fallo los togados. En esa misma línea, se tiene el antecedente que el pleno de la CSJ, ha rechazado solicitudes de antejuicio contra los magistrados constitucionales, aduciendo que “…la decisión que los mismos asumen no puede constituir un elemento de razonabilidad que determine que su actuar haya sido contrario a la ley, lo cual está instituido como una garantía para el ejercicio de sus funciones…”, haciendo referencia a las diligencias de antejuicio según expediente, 236-2019, 291-2019.
ANTEJUICIOS
El pleno de la CSJ se inhibió de conocer el antejuicio presentado por la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente, en contra de los magistrados de la CC, Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, esto por una resolución que emitieron en 2019, cuando el entonces presidente, Jimmy Morales y su canciller, Sandra Jovel, intentaron expulsar del país al embajador de Reino de Suecia, Anders Kompass.
Esta acción proviene de la Asociación de Dignatarios que desde 2019, La Hora ha reportado existe un Convenio entre ellos y el Congreso de la República para su financiamiento incluyendo ese año un único aporte de Q600 mil e incluso se le ha considerado por parte de ese organismo para dotarlos de Q5 millones el año pasado, propuesta que no prosperó.
