POR HEDY QUINO
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Luego de conocerse que la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció ante el Ministerio Público (MP) al procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, por el manejo de fondos de Q20 millones, representantes de la organización Alianza por las Reformas, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) emitieron opinión al respecto.
Una publicación de “República” indica que la denuncia en contra del Procurador es porque, comprometieron Q20 millones sin contar con la disponibilidad presupuestaria, y que por este hallazgo no se presentaron las pruebas de descargo.
“Señala que en octubre de 2019 en el Sistema de Contabilidad Integrada aparece operado entre distintos renglones presupuestarios, la modificación de Q20 millones que hacen un presupuesto de Q120 millones 250 mil para el año 2019, que fueron comprometidos sin contar con la disponibilidad presupuestaria”, dice la publicación.
La Hora buscó una versión oficial de la Contraloría de Cuentas sobre este caso, pero no atendieron a las llamadas que se les realizó.
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ALIANZA POR LAS REFORMA: DENUNCIA SIN FUNDAMENTO
Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas explicó que la denuncia de la Contraloría no tiene fundamento, pues estos fondos ya estaban asignados a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero, en su momento el Congreso no se los quería desembolsar, hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) falló a favor de que se entregaran los recursos.
“Parece más una estrategia para perjudicar al Procurador, pues se ha configurado como un enemigo de aquellos del status quo por haber sido uno de los que ha albergado la lucha contra la impunidad y ha enfrentado a las redes de corrupción, y en la pandemia ha accionado legalmente a favor de población”, detalló el entrevistado.
Montenegro señaló, que se está usando a la Contraloría como un mecanismo de persecución a las personas que les son incomodas al Congreso y al Ejecutivo. “Es una constante en la región, porque en varios países centroamericanos se está haciendo lo mismo, incluso en estos momentos de la pandemia. Es repudiable que la Contraloría se preste a esto, pues anteriormente lo hizo contra la exfiscal general Thelma Aldana, para excluirla de una campaña electoral”, enfatizó.
CIG: SE DEBE RESPETAR EL DEBIDO PROCESO
El director ejecutivo de la CIG, Javier Zepeda, indicó que se debe respetar el debido proceso y que todas las instituciones deben rendir cuentas.
“En este tipo de situaciones, nosotros creemos en los debidos procesos, las instituciones se encargarán de la investigación y asuntos legales, es cuestión de que se lleven los debidos procesos, y con base en las investigaciones se siga con lo que la ley manda”, reiteró el directivo de CIG.
“Sea cual sea la posición, se debe cumplir con la ley y hacer que las instituciones y personas también cumplan con la ley”, concluyó Zepeda.
La PDH informa que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo concedió plazo de 48 horas a la @Contraloria_gt para remitir informe por amparo contra confirmación de hallazgos en mayo. https://t.co/Z5pCJPd3sd
— Diario La Hora (@lahoragt) August 21, 2020
INCEP: SITUACIÓN PONE DE LADO EL FIN REAL DE LAS INSTITUCIONES
Ricardo Barreno del Incep, detalló que más allá de las bases legales de la denuncia, esta nueva riña entre la PDH y el Congreso es preocupante porque se deja de lado el fin real tanto de la Procuraduría como del Congreso.
“Más allá de intentar medir quién o no tiene la razón, esa histórica lucha que se ha tenido entre ambas instituciones es preocupante porque de alguna medida se pudiera desatender el fin real del ejercicio de la PDH y del Congreso”, apuntó Barreno.
“Desde la defensa de los derechos humanos hasta la discusión de una agenda de reactivación económica de forma sostenible y con enfoque social, así como la discusión de reforma política que debiese ya de agilizarse dentro del Congreso, pudiesen perder fuerza por este tipo de riñas, que al final de cuentas no se traduce en quién va a ganar o perder, sino que al final va generar un desgaste significativo y va debilitar la discusión que tiene en el Legislativo”, resaltó el consultor de INCEP.
Barreno también subrayó, que este tipo de situaciones podría desmotivar a la ciudadanía a que participe y se involucre en la fiscalización de fondos de las instituciones, pues no se cuenta con una discusión seria y madura por parte de la Contraloría.
