POR HEDY QUINO
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La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso emitirá dictamen favorable a la iniciativa 5692, que busca declarar terroristas a los pandilleros, la cual establecerá algunos mecanismos para que el Ministerio de Gobernación construya cárceles de máxima seguridad y realice adquisiciones sin los mecanismos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, explicó el jefe de la sala.
El presidente de la comisión, Óscar Argueta, detalló que el dictamen además de aumentar las penas a los delitos que cometan los mareros, contiene medidas para que el Estado coordine acciones reactivas, así como preventivas y evitar que jóvenes se incorporen a estos grupos delictivos.
Argueta añadió que, entre las disposiciones para enfrentar a las maras está el dar la potestad al Ejecutivo para que construyan dos cárceles de máxima seguridad. “Esto para meter presos a estos delincuentes, ellos ya no se curan ya no se arreglan”, declaró el diputado.
“Además, les estamos dando la autorización de que manejen Q200 millones para que compren equipo de investigación y auto patrullas, armamento, municiones y equipo de comunicación, adquisiciones que no tendrán que apegarse a la Ley de Contrataciones del Estado, pero sí cumplir con algunas normas de transparencia”, indicó Argueta.
ELIMINARÁN EL TÉRMINO DE TERRORISTA
Otra de las modificaciones que se hicieron a la propuesta fue eliminar la palabra terrorista para referirse a las maras, en su lugar, serán catalogados como grupos de delincuencia organizada de altísima peligrosidad, dijo Argueta.
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“Estamos incluyendo la actividad de las pandillas dentro de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, estamos agravando penas a los delitos que normalmente cometen las maras, contiene penas más duras y por el hecho de ser mareros se vuelve un agravante”, agregó.
Se contempla que el martes se haga la entrega del dictamen favorable a la Dirección Legislativa.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN EMITE DICTAMEN CON MODIFICACIONES
La Comisión de Gobernación del Congreso emitió este viernes dictamen favorable a la ley antipandillas, la cual establece algunas modificaciones a la iniciativa original que presentó el Ejecutivo, entre los cambios esta que los pandilleros no serán catalogados de manera explícita como terroristas, sino como miembros de agrupaciones delictivas o del crimen organizado.
El dictamen contempla que serán considerados mareros aquellos que tengan dos o más características siguientes: “Que utilicen cualquier tipo de lenguaje, símbolos o gestos identificativos de pertenencia a la pandilla, mara, clica o crimen organizado”.
“Que se agrupen, comuniquen o concierten habitualmente con el ánimo de planificar, concertar y/o ejecutar uno a más delitos. Que representen un índice criminal, que cometan actos contra la integridad física, la vida, la seguridad y propiedad de las personas, trasgredan el orden público o provoquen un estado de temor en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, que reclamen control sobre territorios y/o mercados económicos”, dice la ley.
La normativa también establece que los delitos como extorsión, plagio o secuestro, robo agravado, trata de personas, tenencia ilegal de armas, exacción intimidatoria, obstrucción extorsiva, deposito ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, serán sancionados con diez a treinta años de prisión inconmutables, más multas de USD25 mil a USD800 mil. “La pena se aumentará en dos terceras partes sin perjuicio de los demás delitos cometidos cuando: se cometan contra funcionarios públicos o dignatarios de la Nación”, establece parte de la normativa.
Además, la ley contempla que los delitos serán considerados como terroristas. “Las acciones del presente tipo penal serán consideradas como terroristas”, se lee en el dictamen de la ley.
El diputado Bernardo Arévalo de Semilla les hizo ver a los integrantes de la comisión que el dictamen contiene algunos aspectos que deberían mejorarse, pues podrían existir complicaciones al momento de aplicar la ley, por lo que pidió que se hicieran correcciones antes de firmar el dictamen, pero la mayoría de los diputados se opusieron.
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