POR HEDY QUINO
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Documentos a los que tuvo acceso La Hora demuestran que, un grupo de diez exdiputados, en su mayoría exmilitantes del cancelado partido Libertad Democrática Renovada (Lider), denunciaron a la Junta Directiva del Congreso ante un Juzgado de Trabajo por el pago de indemnizaciones.
Los exlegisladores y exintegrantes de Lider que demandaron al Congreso a que se les indemnice son: Delia Bac, Eva Monte Bac, Roberto Villate, Julián Tesucún, Byron Chacón, Laura Franco, Elza Cu Isem y Víctor Estrada, así como los exdiputados Ovidio Monzón y Claude Harmelin.
Monte Bac, hija de Delia Bac, actualmente es diputada del Parlamento Centroamericano por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), quien buscó la Presidencia de ese organismo, pero no obtuvo los votos suficientes para lograrlo en la elección.
De acuerdo con los oficios a los que tuvo acceso La Hora, las denuncias se realizaron entre el 21 y 25 de este mes. “Demandado/a: Estado de Guatemala, por medio de su representante legal, Procuraduría General de la Nación. Entidad nominadora: Junta Directiva del Congreso. Tercero Interesado: Inspección General de Trabajo”, dice parte de la denuncia.
ESTRADA: MERECEMOS INDEMNIZACIÓN
Estrada, uno de los denunciantes, indicó que el monto del pago de la indemnización no lo especifican en la denuncia, ya que, según él, es el Ministerio de Trabajo por medio de un Juzgado de Trabajo, quien será el que determine cuánto se les deberá pagar.
Sin embargo, Estrada expresó que, lo que solicitan es una indemnización por los años que estuvieron en el Congreso como legisladores, en su caso son cuatro años. “Yo desconozco los números, porque eso lo va a determinar el Ministerio de Trabajo”, afirmó.
A criterio de Estrada, los exdiputados merecen ser indemnizados, pues formaron parte del personal del Congreso bajo el renglón 011, pese a que fueron elegidos por la ciudadanía en elecciones. “Somos servidores públicos, funcionarios, dignatarios de la nación, pero tenemos una clasificación de empleados públicos”, declaró.
“Todos los demás funcionarios públicos son indemnizados. Por ejemplo, los magistrados de las Cortes y del Tribunal Supremo Electoral reciben indemnización, solo el Congreso es el único que no recibe indemnización”, aseveró Estrada.
El exmilitante de Lider recordó que el salario de un diputado es de Q29 mil 150, por lo que dijo que esta cantidad no es acorde al trabajo que realizan los diputados. “Si hace una comparación de salarios entre los magistrados con los diputados, se puede dar uno cuenta que este no es acorde al compromiso que uno tiene”, añadió.
APROBACIÓN DEL PAGO
La pasada Junta Directiva constituida en Comisión Permanente por el receso parlamentario de diciembre, autorizó en una reunión el pago de las prestaciones laborales a los exdiputados y diputados que conformaron la octava legislatura, toda vez lo requieran.
Mientras que el presidente actual del Congreso, Allan Rodríguez, declaró el 6 de febrero que la decisión de pagar o no esas prestaciones será de los tribunales.
