POR HEDY QUINO
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La Junta Directiva del Congreso, presidida por Álvaro Arzú Escobar, por medio de su equipo jurídico acudió al Organismo Judicial (OJ) a interponer una querella penal en contra del pleno de magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), exceptuando a Dina Ochoa, por otorgar un amparo provisional a la Fiscal General María Consuelo Porras, el cual suspende las actuaciones de la Comisión anti CICIG.
Los magistrados denunciados son Bonerge Mejía, presidente de la CC, Gloria Porras, Neftaly Aldana y José Francisco de Mata Vela, quienes son acusados por los directivos del Congreso de supuestamente incurrir en los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.
Con esa querella, los diputados buscan que se les retire la inmunidad a los magistrados y que enfrenten un proceso penal. Esta es la segunda petición de antejuicio que solicita la Directiva de Arzú Escobar.
En un comunicado de prensa los directivos indicaron que la resolución de la CC contraviene el artículo de la Constitución, el cual indica que el Congreso tiene las facultades para nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de administración pública que planteen problemas de interés nacional, así como el artículo 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
“Al otorgar en forma provisional los amparos presentados en contra de dicha Comisión Legislativa, los magistrados impiden el libre ejercicio de funciones y atribuciones constitucionales de los diputados y limitan las facultades enmarcadas en la ley como fiscalización y legislación, establecidas en la Ley Orgánica y la Constitución Político de la Republica”, dice la comunicación.
“La Junta Directiva del Congreso de la República ratifica su compromiso con el derecho que tiene el pueblo de Guatemala de conocer la verdad”, concluye.
La CC también otorgó amparo provisional la organización Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo, quienes accionaron en contra de la creación de la Comisión anti CICIG.
En dichos fallos, la magistrada Dina Ochoa emitió un voto razonado disidente, en el cual expuso no estar del todo de acuerdo con sus colegas.
