POR HEDY QUINO
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Tras el amparo que presentó la Fiscal General Consuelo Porras, en la Corte de Constitucionalidad, ahora la Comisión anti CICIG emitió un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que las investigaciones realizadas por comisiones o diputados del Congreso no son de carácter penal, como lo establece la Constitución.
Esto después de que, en su momento, uno de sus principales impulsores, el diputado Felipe Alejos, dijera que a raíz de las investigaciones de todo lo actuado de la CICIG, podrían resultar denuncias penales.
El vocero de dicha Comisión, Aníbal Rojas, dio lectura al documento: “Son respetuosas de las funciones que le competen con exclusividad al Ministerio Público como encargado de la acción penal pública. Que la investigación solicitada por el Pleno del Congreso de la República a esta Comisión se refiere específicamente a lo actuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante su vigencia”.
Esa instancia también indicó que no tiene facultades jurisdiccionales, por lo que no interviene en las funciones que competen con exclusividad al Organismo Judicial.
“Que somos respetuosos de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad las cuales están sujetas a la Constitución Política de la República y a las leyes”, concluyó la Comisión en su comunicado de prensa.
El pronunciamiento de la Comisión anti CICIG se da después de la solicitud de amparo en la CC que hizo la Fiscal General, Consuelo Porras, ayer por la noche, en contra de esa instancia, por considerar que su creación viola la autonomía e independencia del Ministerio Público (MP), asimismo viola el principio de independencia judicial y certeza jurídica.
LAS DECLARACIONES DE ALEJOS
Alejos declaró el día de la creación de la Comisión anti CICIG: “Hoy los guatemaltecos a quienes se les violaron sus derechos humanos y sus derechos constitucionales tendrán la oportunidad de venir a exponer su caso con los miembros de la Comisión para que ellos puedan tomar las acciones legales pertinentes, ya sea denuncias ante los organismos internacionales o denuncias aquí en nuestro país”.
“Aquí tiene que haber responsabilidad penal y no solo contra la CICIG, porque la contraparte era la FECI -Fiscalía del MP- y tienen que ser responsables por todos los delitos cometidos en contra de los derechos humanos y al debido proceso, y también a los derechos constitucionales de los guatemaltecos”, dijo en su momento Alejos.
