El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), en cumplimiento de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel”, publicó este miércoles a los nuevos sancionados en Guatemala. Entre la lista de 16 nombres destaca el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, además de magistrados, jueces y empresarios, entre otros.
El documento que se pudo conocer corresponde a un reporte del Departamento de Estado para el Congreso de Estados Unidos fue desbloqueado pasadas las 14 horas de este miércoles. El listado coincide con un documento que había circulado en diferentes medios el pasado 15 de julio, pero que ninguna agencia o funcionario estadounidense confirmó como verídica.
La lista se actualizó por segundo año consecutivo, luego que en la del 2021 ya incluía los nombres de otros 22 guatemaltecos, entre ellos, la fiscal general María Consuelo Porras.
Este año, el Departamento de Estado, además de incluir a Curruchiche, añadió al empresario Ramón Campollo Codina; la diputada del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Sofía Hernández y la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, así como el juez décimo Víctor Cruz, entre otros.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 20, 2022
ALGUNOS NOMBRES
Entre los nombres que destacan, figuran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Nery Oswaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana; la diputada de UCE, Sofía Janeth Hernández Herrera, con quien el presidente Alejandro Giammattei compartió en la inauguración de un tramo carretero en San Marcos el pasado 14 de julio.
También José Luis Benito, el exministro de Comunicaciones en el gobierno de Jimmy Morales, y quien según, un reportaje del medio digital salvadoreño El Faro, habría facilitado un aporte de Q20 millones para la segunda vuelta electoral de la campaña que llevó a Giammattei a la presidencia en el 2020, según la versión del llamado “Testigo A”.
A continuación, el listado de los 16 sancionados de acuerdo con el documento del Departamento de Estado y las descripciones que hace de cada uno sobre su inclusión:
1. Dennis Billy Herrera Arita: un abogado guatemalteco, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para integrar la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones con jueces corruptos.
2. Carlos Estuardo Gálvez Barrios: ex Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), socavó el proceso o las instituciones democráticas al utilizar su posición en la comunidad jurídica para influir en los miembros de la nominación judicial y comisión en la facilitación del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
3. José Rafael Curruchiche Cacul: el actual jefe de la Oficina de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, lo señalan de obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentó denuncias aparentemente espurias contra fiscales, abogados particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
4. Axel Arturo Samayoa Camacho: propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos puertos y contratos
5. Ramiro Mauricio López Camey: actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S. A. (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
6. Ramón “Moncho” Campollo Codina: actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
7. Geisler Smaille Pérez Domínguez: actual juez del Tercer Juzgado Penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
8. Sofía Janeth Hernández Herrera: la actual representante del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) en el Congreso, socavó el proceso o las instituciones democráticas al hacer mal uso de sus poderes oficiales para que los miembros de la UCN mantuvieran indebidamente roles de liderazgo en los comités del Congreso y usar su asociación con el narcotráfico. organizaciones para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.
9. Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández: actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
10. Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo): actual directora del Instituto de Víctimas socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para integrar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
11. Erick Gustavo Santiago de León: exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, incurrió en una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en casos ante él.
12. Nery Oswaldo Medina Méndez: actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, desvirtuó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el caso “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
13. Vitalina Orellana y Orellana: actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
14. Mauricio López Oliva: actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S. A. (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
15. Víctor Manuel Cruz Rivera: actual Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
16. José Luis Benito Ruiz: exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción.
SOBRE LA LEY 353
El documento es parte de la Sección 353 (b) del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Relacionados Ley de asignaciones de programas, 2021 (Div. FF, P.L.116-260).
El informe pertenece a la Sección 353 (b) de los Estados Unidos – Triángulo Norte mejorado Ley de Compromiso (Div. FF, P.L. 116-260), y que se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Cámara Comisión de la Judicatura y Comisión de la Judicatura del Senado.
Además, consigna que dicha sección requiere la presentación de un informe que identifique lo siguiente: personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
The people of Central America deserve the opportunity to create a more democratic, prosperous, and safe region. Today, with the release of the 2022 list of those who undermine democracy or engage in corruption, we support those building a brighter future. https://t.co/SwPQTATQnn
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 20, 2022
¿A QUIENES INCLUYE?
A personas extranjeras que el presidente ha determinado que han participado a sabiendas en lo siguiente:
– (1) Acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas.
– (2) Corrupción significativa.
– (3) Obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, incluida la siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través de dinero lavado; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
A la vez, reiteran que el 10 de noviembre de 2021, el presidente Joe Biden firmó el Reforzamiento de la Adhesión de Condiciones de Nicaragua para la Reforma Electoral (RENACER), agregando a Nicaragua a los países dentro el alcance del artículo 353.
El 21 de junio de 2021 Biden delegó su autoridad bajo la Sección 353 al Secretario de Estado.
¿QUÉ IMPLICA?
Bajo la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a EE. UU., y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa o entrada válida documentación cancelada.
El documento destaca que se incluye a personas que el Secretario ha determinado que participaron en actividad relevante y basada en información creíble o alegaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios y otras fuentes.
¿Blanca Stalling puede recuperar su puesto en la Corte Suprema como magistrada? Entérese de los detalles 👇🏼 https://t.co/g2OHOPKZ4d
— Diario La Hora (@lahoragt) July 20, 2022
Asimismo, cita que el Departamento revise a las personas enumeradas en el informe y considere todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
También menciona que el Departamento continúa revisando activamente información fidedigna adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utilizar todas las autoridades pertinentes, según corresponda, para asegurar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos.
