El Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers Council), publicó su evaluación Anticorrupción en Latinoamérica correspondiente a 2021/2022 y que aborda la situación de 17 países identificando los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.
En términos generales, el país con una mayor puntuación es Uruguay con 8.36, entre aspectos de legislación, autoridades e implementación, mientras Guatemala con un 3.54 se encuentra en penúltimo lugar; solo arriba de Venezuela que tiene una puntuación de 2.87.
Sobre el informe, el Consejo asegura que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, pero desde la práctica jurídica para hacer un diagnóstico de la legislación, autoridades e implementación para prevenir, sancionar y combatir esa problemática.
POLÍTICAS REGRESIVAS EN GT, VENEZUELA, HONDURAS O EL SALVADOR
Destacan que en los países analizados en la edición anterior de la Evaluación (2020), no se detectan avances significativos y al contrario, se encontraron algunos retrocesos en independencia y capacidad de las autoridades en Guatemala, México y Perú.
“La falta de voluntad política para combatir la corrupción, ha llevado a hacer inexistentes esfuerzos anticorrupción en países como Venezuela, o ver políticas regresivas como en Guatemala, Honduras o El Salvador”, anotan.
Manoseo al Estado de Derecho no pasa inadvertido
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A nivel regional, hacen énfasis en que muchos esfuerzos anticorrupción están enfocados en sancionar penalmente a los autores, sin embargo, no establecen mecanismos efectivos para prevenir o denunciar.
Agrega que muchas autoridades anticorrupción no son independientes y no tienen capacidad, mientras los mecanismos para el nombramiento de contralores, fiscales y jueces, en muchas ocasiones son políticos, además, no están basados en el mérito y capacidad de las personas.
Por ejemplo, el informe resalta que en algunos países existen barreras, formales o informales para la participación de la sociedad civil y que, en Venezuela, Guatemala, El Salvador y México, existen límites o acciones de represión como mecanismo de desincentivo para investigar, descubrir o denunciar actos de corrupción.
INVERSIONISTAS EVALÚAN EL TEMA DE LA CORRUPCIÓN
A la vez, destacan que es importante constatar que la corrupción tiene una conocida correlación con una reducida confianza en el Estado, con una recaudación de impuestos inferior y con una sub-inversión en la infraestructura.
“Además de desarrollar un plan de negocios, los inversionistas de cualquier país evalúan también, sobre todo en negocios que tocan o involucran el gobierno, el régimen anticorrupción, incluida la viabilidad de mitigar los riesgos de corrupción estatal, demoras excesivas o imprevisibilidad en la toma de decisiones regulatorias y judiciales, así como otras divergencias del Estado de Derecho”, remarca.
Añade que los riesgos de este tipo elevan el costo percibido de hacer negocios y, para las empresas que respetan la ley, disuaden la inversión.
“Por estas mismas razones, entre otras, la actual administración del gobierno de los Estados Unidos de América ha establecido los esfuerzos anticorrupción como una prioridad, tomando una serie de medidas y decisiones para prevenirla y combatirla”, anotaron.
¿QUÉ DICE EL INFORME SOBRE GT?
Respecto a Guatemala, el documento destaca que tiene un marco jurídico compuesto de aproximadamente veinte instrumentos que regulan las instituciones encargadas de combatir la corrupción, así como la materia sustantiva, sin embargo, la mayoría de la comunidad jurídica consultada refirió que el marco normativo es insuficiente para enfrentar ese problema.
El informe señala que dentro de las deficiencias identificadas se encuentra la debilidad de los mecanismos para la detección de actos de corrupción y sistemas de alertas, falta de políticas para prevenir la corrupción en el sector público y privado, poca claridad, entre otras.
La información ofrecida por la comunidad jurídica consultada destacó que los principales desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico son la falta de voluntad política y debilidad institucional que se refleja en la falta de independencia de instituciones encargadas de sancionar la corrupción, teniendo personas que en lo individual llevan la carga de esta tarea, sin apoyos institucionales.
“Destaca la creación o modificación de legislación casuística para favorecer a ciertos intereses o personas. Existe una falta de interés en fortalecer el régimen actual de servicio civil para buscar elevar el profesionalismo de funcionarios y empleados públicos”, reiteró el documento.
PERSONAS EN CONDICIONES DE POBREZA SON LAS MÁS VULNERABLES
El Consejo remarcó que identificó a personas en condición de pobreza y otras minorías como las más vulnerables frente a la corrupción.
Por otro lado, recuerda que la corrupción constituye una barrera al desarrollo.
A la vez, reitera que Guatemala no cuenta con políticas anticorrupción que contemplen, políticos y procedimientos para identificar y gestionar conflictos de intereses, políticas de regalos para funcionarios públicos y que solo hay una norma genérica que establece que los servidores públicos tienen prohibido solicitar y/o recibir regalos o dádivas, ya sea de forma directa o indirecta.
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El informe menciona que en el país no existe un organismo que de manera específica tenga facultades para prevenir la corrupción, aunque uno de los objetivos de la creación de la Comisión Presidencial Anticorrupción era ese.
Sin embargo, consigna que esta fue creada por el actual Presidente para promover la política contra la corrupción, crear mecanismos de detección de actos de corrupción, recomendar leyes y reglamentos, apoyar las acciones de los ministerios e instituciones del organismo ejecutivo, coordinar la política de prevención y lucha contra la corrupción, entre otras y que la comunidad jurídica consultada mencionó que la Comisión no ha sido eficaz.
SOBRE EL ESTUDIO
El Lawyers Council, conformado por abogados líderes representando a diversos países del continente americano, considera que la corrupción es uno de los flagelos que más afectan al Estado de Derecho a nivel mundial, dada su complejidad, las consecuencias visibles y palpables.
Con la información obtenida de integrantes del Consejo, aliados y la comunidad jurídica de los países participantes, se calculó la calificación final en una escala del cero (0) al diez (10), donde cero es la calificación más baja y diez la más alta.
Este documento recoge la visión de profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
