Por Grecia Ortíz
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Graves problemas con la independencia del poder judicial, restricciones a la prensa, incluida la violencia, corrupción generalizada, son algunos de los temas que figuran en el informe anual 2020 sobre prácticas de Derechos Humanos en Guatemala del Departamento de Estado.
El reporte que se dio a conocer este martes destaca que, en el país, la impunidad siguió siendo generalizada, al igual que la corrupción, así como los esfuerzos concertados de actores delictivos organizados y la falta de voluntad política dificultaron la investigación y el enjuiciamiento de los delitos.
CASO EDGAR IC
En principio el documento, detalla que las autoridades civiles, en ocasiones, no mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad y que algunos de sus miembros cometieron abusos.
Uno de los casos que mencionan es el posible uso excesivo de la fuerza de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), que habría disparado y matado a Edgar Ic Pérez durante un toque de queda y que quedó grabado en vídeo.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
El Departamento de Estado indicó que la ley establece un poder judicial independiente y que en general, el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficacia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos.
“Los jueces, fiscales, demandantes y testigos continuaron denunciando amenazas, intimidación y vigilancia, la mayoría de las veces por parte de organizaciones de tráfico de drogas”, mencionan.
MANIPULACIÓN EN PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
Sobre el proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema y Salas de Apelaciones, mencionan que este sufrió de una manipulación generalizada en las comisiones de postulación “por parte de políticos, operadores judiciales y otros ciudadanos influyentes, lo que resultó en un poder judicial que carecía de total independencia”.
A la vez, recuerdan que investigaciones del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, encontraron que Gustavo Alejos se reunió al menos con 20 funcionarios asociados al proceso de selección de magistrados desde la sala de un hospital.
Posteriormente, destacan que, aunque los magistrados deberían haber asumido sus funciones el año pasado, el Congreso no había iniciado con la elección.
ANTEJUICIO A MAGISTRADOS DE LA CC
El informe del Departamento de Estado, a su vez, reitera el papel que tuvo la Corte Suprema de Justicia, en la autorización de una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC y lo envió al Congreso.
“Luego, la Corte Constitucional otorgó una orden judicial contra la Corte Suprema que ordenó al Congreso que detuviera sus procedimientos. El 28 de junio, el Congreso respondió presentando una denuncia penal contra los cuatro magistrados de la Corte Constitucional”, dice el reporte.
También refiere que las organizaciones de la sociedad civil interpretaron en gran medida el juicio político como una medida de represalia contra los magistrados de la CC que obstaculizaba el tráfico de influencias en la selección de magistrados.
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GOBIERNO HIZO UN AMPLIO USO DE ESTADOS DE EXCEPCIÓN
Asimismo, el documento, destaca que, si bien la Constitución establece las libertades de reunión y asociación pacíficas, el gobierno en general respetó estos derechos.
Aunque la administración del presidente Alejandro Giammattei hizo un amplio uso de los estados de excepción, declarando 11 estados de sitio o prevención en varios departamentos.
Sobre esto, señalan que las razones declaradas fueron combatir a los grupos armados, prevenir la violencia, resolver conflictos por tierras y controlar una caravana de migrantes de Honduras. Los estados de excepción limitan ciertos derechos constitucionales, incluidas las libertades de asociación, reunión y circulación.
CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
Sobre el tema de la corrupción y la falta de transparencia, el Departamento de Estado consignó que la ley establece sanciones penales por corrupción oficial, pero los funcionarios con frecuencia se involucran en prácticas corruptas con impunidad.
HUBO NUMEROSOS INFORMES DE CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL
Asimismo, dicen que hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, incluido el lavado de dinero, el financiamiento ilegal de partidos políticos y el soborno, muchos de los cuales el Ministerio Público investigó y procesó.
Para continuar la lucha contra la corrupción luego de la expiración del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 21 de enero, el gobierno de Giammattei creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, con entrada en vigor el 22 de enero.
Sin embargo, señalan que organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por la percibida falta de independencia de la administración de Giammattei.
LAS DENUNCIAS CONTRA JUAN FRANCISCO SANDOVAL
El Departamento de Estado menciona que, hasta octubre, Juan Francisco Sandoval, titular la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, había recibido más de 40 denuncias administrativas y judiciales presentadas por el ex grupo militar Fundación Contra el Terrorismo, incluyendo a Gustavo Alejos,y al ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorria, entre otros.
“Tres jueces de los tribunales de alto riesgo también incurrieron en una letanía de denuncias. Las organizaciones de la sociedad civil señalaron el largo y costoso proceso judicial de los acusados para resolver las denuncias, incluso cuando las denuncias en sí tenían poca o ninguna base probatoria”, señala.
Estos son solo algunos de los temas que el Departamento de Estado remarcó en su informe de 2020.
INFORMACIÓN PUEDE ALENTAR A GOBIERNOS A CAMBIAR DE RUMBO
Sobre el informe, la subsecretaria interina Lisa Peterson de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, explicó que estos documentos son preparados por misiones diplomáticas de los EE. UU., que recopilan, analizan y sintetizan información de una variedad de fuentes.
A la vez, remarcan que los informes de país no llegan a conclusiones legales, no clasifican países ni establecen comparaciones entre ellos.
“No intentan catalogar todos los incidentes de derechos humanos, ni estos informes son un esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos para juzgar a otros. En cambio, son de naturaleza fáctica. La publicidad de hechos e información verificable puede alentar a los gobiernos a cambiar de rumbo y buscar poner fin a los abusos contra los derechos humanos”, la información.
El reporte de Guatemala incluye otro tipo de información sobre hechos ocurridos en el país en el último año.
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