Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
El congresista estadounidense Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dio a conocer el informe final de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental por mandato del Congreso y que será conocido este tres de diciembre.
El documento aborda la situación de los países del hemisferio, entre los que se encuentran Guatemala, Honduras y El Salvador.
Engel mencionó que se han gastado miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en esfuerzos contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe, pero los resultados han sido pocos y espaciados.
Engel describe el informe como un “aire fresco”, que se espera sirva como modelo para la administración Biden-Harris y el próximo Congreso. El documento destaca los retrocesos en los esfuerzos anticorrupción de la región y remarca la necesidad de trabajar en este punto.
También explican en que la mayor parte de la cocaína sudamericana que llega a ese EE. UU. pasa por Centroamérica, especialmente Honduras y Guatemala, a la vez que informes sugieren que han empezado a producir cocaína.
“Las fuerzas del orden locales, abrumadas por la delincuencia callejera y socavadas por la corrupción, no pueden detener el flujo de drogas. La inseguridad socava el desarrollo, enviando migrantes, incluidas familias y niños no acompañados, a Estados Unidos en busca de seguridad y oportunidades económicas”, destacaron.
El documento resalta que relanzar programas podría ser costoso en tiempo y recursos, además, hacen énfasis en que los esfuerzos anticorrupción están fallando y en ese sentido recuerdan como los gobiernos de Honduras y Guatemala desmantelaron a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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EN GUATEMALA HAY DUDAS SOBRE UN COMPROMISO DE CAMBIO GENUINO
El documento consigna que muchos de los países de Centroamérica y el Caribe padecen múltiples factores de riesgo entre tasas de crecimiento rápido de la población más una alta desigualdad, una combinación que es especialmente explosiva en las ciudades caóticas y en expansión de la región, gobernanza débil junto con altos niveles de corrupción y desconfianza, así como cárceles superpobladas y otros.
Destacan que si bien la migración ha caído en medio de la pandemia Covid-19, además de una mayor aplicación de la ley en Guatemala, México y Estados Unidos, expertos advierten que es probable que se recuperen los niveles vistos en años anteriores, dado que la economía de la región enfrenta lo que algunos temen que sea una recesión prolongada.
Sobre Guatemala, el informe dice que es posiblemente el país que ha avanzado más en el fortalecimiento no solo de la policía, sino también del sistema de justicia penal en general, sin embargo, los reveses recientes “plantean dudas sobre el compromiso de la élite política con un cambio genuino”.
CON EL GOBIERNO DE MORALES SE PROCEDIÓ A “PURGAR LA POLICÍA NACIONAL”
Sobre la confianza pública en la policía, mencionan que esta sigue siendo baja y que ha aumentado del 11 al 18 por ciento en 2019 y que Guatemala también ha actuado en los últimos años para retirar a las fuerzas militares de las tareas de aplicación de la ley a nivel nacional, como lo exigen los Acuerdos de Paz de 1996.
El informe, a la vez menciona como el presidente Jimmy Morales cerró la CICIG en 2019, acusando a la Comisión de extralimitación, después de que ayudó a investigar a su hermano e hijo por fraude y su propia campaña por irregularidades financieras.
“Morales no fue simplemente tras la Comisión; También expulsó a los principales reformadores dentro de su propio gobierno, incluidos el jefe de la policía nacional y el jefe de la agencia tributaria”, mencionaron.
Otro punto que exponen es que después de la expulsión de la Comisión, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart procedió a “purgar la Policía Nacional, despidiendo a más de una oficiales y decenas de otros funcionarios, incluidos muchos de unidades respaldadas por Estados Unidos que se especializan en análisis criminal, antinarcóticos y escuchas telefónicas”.
A la vez, consignan que, aunque el presidente Alejandro Giammattei, quien asumió el cargo en 2020, ha traído de regreso a algunos de estos funcionarios, “también ha regresado a prácticas pasadas mediante el despliegue de fuerzas militares en áreas de alta criminalidad y el nombramiento de un ex oficial militar como Ministro de Gobernación”.
RECOMIENDAN ABORDAR EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA CORRUPCIÓN
Entre las recomendaciones del informe, mencionan que la política estadounidense hacia Centroamérica también debe abordar el problema fundamental de la corrupción.
“Los esfuerzos para construir instituciones policiales y judiciales más profesionales y responsables no pueden tener éxito a menos que los líderes nacionales se comprometan a combatir la corrupción en todo el sistema político”, afirmaron.
También hacen énfasis en que el colapso de las comisiones internacionales contra la impunidad en Guatemala y Honduras ha desmoralizado a los grupos de la sociedad civil que luchan por hacer que los gobiernos rindan cuentas y socavado a los fiscales y policías capacitados en Estados Unidos, que apostaron sus carreras en la lucha contra la corrupción o el abuso oficial y los poderosos grupos narcotraficantes.
“La decisión de la administración Trump de recortar los fondos para los proyectos de USAID en la NTCA es otro revés, que socava tanto los esfuerzos contra el narcotráfico como contra la migración. La violencia abruma a las fuerzas del orden en la región, lo que dificulta su capacidad para detener el flujo de drogas. También estimula la migración indocumentada a medida que los jóvenes buscan seguridad y oportunidades económicas en los Estados Unidos”, anotaron.
QUIENES RECIBAN AYUDA, DEBEN MANTENER SUS UNIDADES FISCALES ESPECIALES AISLADAS DE LA INTERFERENCIA POLÍTICA
Cualquier gobierno que reciba ayuda estadounidense, de acuerdo con sus recomendaciones, debe tener la obligación de establecer o mantener unidades fiscales especiales que estén aisladas de la interferencia política, investigadas minuciosamente y dirigidas por abogados experimentados con reputación de integridad.
“La asistencia anticorrupción debe incluir proyectos que fortalezcan la capacidad de las organizaciones de vigilancia independientes, las instituciones académicas y los medios de comunicación para promover los principios democráticos y exponer la corrupción”, anotaron.
