Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Un grupo de excancilleres y también exembajadores de Guatemala, manifestaron en un escrito de dos páginas que para atender la crisis la crisis en curso no se requería invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero sí acordar mecanismos idóneos que permitan procesar y facilitar una salida democrática, pacífica, ordenada e institucional de la situación.
También hacen énfasis, en que se vive un deterioro “como no se había vivido desde el conflicto armado interno, que deviene en serios problemas de transparencia y legitimidad a la vez que se incrementan los riesgos de inestabilidad, ingobernabilidad e inseguridad ciudadana”.
El comunicado titulado, “A grandes males, grandes remedios”, menciona que la crisis crónica del Estado se transformó este año en algo agudo y sistémico, que, a la progresiva pérdida de capacidades para la prestación de servicios básicos, ha sido más evidente durante la emergencia de la COVID-19 y tras el impacto de las tormentas ETA e IOTA
Además, señalan que se ha sumado este año la alteración del ordenamiento jurídico de la República la desnaturalización del sistema de partidos políticos como intermediarios de la sociedad; la fragmentación de las instituciones y su descomposición, así como la instauración de una “gobernabilidad alternativa” en territorios cada vez más extensos (esto es, el socavamiento de la soberanía del Estado), y la alteración del ordenamiento jurídico de la República.
“Todos los poderes del Estado tienen serios problemas para el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales con la ciudadanía, y no alcanzan a proyectar una imagen creíble, sólida y verificable del correcto uso de los recursos públicos ante la población”, aseguraron.
DETERIORO VA BASTANTE MÁS ALLÁ DE UN HECHO AISLADO
Este deterioro institucional, mencionan que va bastante más allá de un hecho aislado, un incidente o el desempeño específico de un sector o institución en particular, aunque añaden algunos sectores han querido responsabilizar de todo a la Corte de Constitucionalidad.
A la vez, mencionan que la desobediencia por parte del Congreso de la República de las resoluciones de la CC de mayor rango, la instrumentalización de la Corte Suprema de Justicia y la demora de más de un año en elegir miembros de las altas Cortes del Organismo Judicial (como lo establece la ley), no tienen precedentes en el periodo democrático.
Además, la reiterada voluntad de los tres poderes del Estado de anular el sistema de pesos y contrapesos y capturar instituciones autónomas, representan una grave amenaza para la democracia.
“La aprobación del presupuesto público 2021, mediante formas opacas, sin prelaciones de atención de los servicios básicos, ni mecanismos de rendición de cuentas, fue el detonante de las movilizaciones ciudadanas en todo el país, masivas a partir del pasado 21 de noviembre, y que expresan el malestar generalizado”, enfatizan.
HAY REPRESIÓN Y DESCALIFICACIÓN DE PROTESTAS
La respuesta represiva y descalificadora del régimen político a la legítima protesta social, liderada por las juventudes universitarias y las autoridades indígenas ancestrales, afirman que está debilitando riesgosamente otro pilar del Estado de Derecho, que es el ejercicio de las libertades civiles y políticas garantizadas por la Constitución Política de la República y convenios internacionales sobre Derechos Humanos.
También enfatizan en que las acciones de las fuerzas policíacas deberían ser investigadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tal y como lo han pedido numerosas organizaciones de la sociedad civil.
Excancilleres se pronuncian ante situación actual del país y plantean una serie de propuestas. pic.twitter.com/qE8YZgxHBZ
— Diario La Hora (@lahoragt) December 2, 2020
GOBIERNO SE HA PRECIPITADO HACIA UNA CRISIS DE GOBERNABILIDAD
De manera precoz, consideran que el régimen político instaurado el 14 de enero de 2020 se ha precipitado hacia una crisis de gobernabilidad democrática, que empezó como un problema de confianza y se ha convertido en crisis de legitimidad, con el inminente riesgo de escalar a un escenario de confrontación irreductible en el que el régimen pierde autoridad y deja de representar un elemento central del orden político.
Asimismo, destacan que de una crisis de institucionalidad y de gobernabilidad se está pasando peligrosamente a una crisis de Estado.
“La agudización de la crisis demanda un esfuerzo de entendimiento y concertación política interna, que supere este proceso de deterioro pues el sistema se ha agotado y el ritual electoral de cada cuatro años ha revelado que los gobiernos tienen cada vez menos capacidad de construir un interés general y orientar el desarrollo”, destacan.
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SE NECESITAN ESFUERZOS
Además, instaron a realizar un esfuerzo que muestre que la población importa, que hay un compromiso claro con gestos públicos concretos de transformar los esquemas de participación ciudadana amplia y sin restricciones de forma que pueda generar las decisiones adecuadas en los poderes del Estado.
Esto dicen que permitirá atender aspectos urgentes de corto plazo para comenzar a enderezar el rumbo, como por ejemplo “re-encauzar el Presupuesto del Estado 2021, concertar una agenda de recuperación económica que atiende eficazmente a los grupos más golpeados de la población, e invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Asimismo, hablan de la necesidad de incorporar políticas de mediano plazo que reduzcan eficazmente la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica infantil; que, por otro lado, alienten las inversiones productivas para mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida, y acometer las leyes más importantes, como la ley Electoral y de Partidos Políticos, de Servicio Civil y de Contrataciones, que han sido incomprensiblemente postergadas.
NO SE REQUERÍA INVOCAR LA CARTA DEMOCRÁTICA DE LA OEA
Por último, enfatizan en que es importante atender temas estructurales para la transformación del país como la reforma constitucional del sistema de administración de justicia.
“Para atender esta crisis en curso no se requería invocar la Carta Democrática de la OEA, pero sí acordar mecanismos idóneos que permitan procesarla para facilitar una salida democrática, pacífica, ordenada e institucional, y probablemente, como ha ocurrido desde la década de 1980, con la facilitación de países amigos”, anotaron.
Finalmente, destacaron que se puede aprender y beneficiarse de experiencias valiosas y constructivas de otros países.
“Es esencial que el esfuerzo político de concertación sea generado desde adentro y, en su caso, pueda nutrirse del acompañamiento de colaboraciones externas”, mencionaron.
Por último, destacaron que la misión de la OEA, solicitada por el Presidente, ha podido recabar abundantes opiniones y documentación de diferentes sectores y que puede incorporar recomendaciones que lleguen a la consideración del Consejo Permanente de la Organización.
¿QUIÉNES LA FIRMAN?
1. Eduardo Stein, exvicepresidente y excanciller
2. Gert Rosenthal, excanciller y exembajador
3. Fernando Carrera, excanciller y exembajador
4. Gabriel Orellana, excanciller
5. Edgar Gutiérrez, excanciller
6. Alfonso Cabrera Hidalgo, ex canciller
7. Ariel Rivera Irías, excanciller y ex embajador
8. Anamaría Diéguez, exembajadora
9. Luis Alberto Padilla, exembajador
10. Rodolfo Rohrmoser V., exembajador y exmagistrado de la CC
11. Juan León, ex embajador
12. Francisco Villagrán de León, exembajador
13. Jorge Mario García Laguardia, exmagistrado de la CC y exembajador
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